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Punto de vista

¿Empresas del siglo XX o del siglo XXI?

(*) Por Álvaro Ramis

Juan Sutil es un empresario del siglo pasado. De esa forma, clara y transparente, la ministra de medio ambiente Maisa Rojas caracterizó al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en un programa de televisión. Este perfil exige profundizar en las características que diferencian al empresariado del siglo XXI respecto a lo que les definió en el siglo XX.

No sólo Chile, sino el mundo, vive una nueva etapa en la cual es preciso abordar grandes reformas políticas, y determinar nuevos roles para la sociedad civil y las empresas. Estos cambios deben responder a los conflictos que ha acarreado una globalización asimétrica que se expresa en la amenaza de la catástrofe climática, una crisis migratoria de gigantescas proporciones, la hegemonía de las finanzas por sobre la economía productiva y un orden geopolítico multipolar, aunque no multilateral, que tiende a la violencia y la guerra. De allí que la pobreza y las desigualdades persistan, a pesar de las inmejorables condiciones materiales y tecnológicas que nuestra época dispone para superarlas.

Ante estos desafíos las empresas se enfrentan al dilema de aportar al cambio u oponerse a él, y en ese dilema acelerar el colapso de nuestras sociedades o ayudarlas a superar unos desafíos de sobrevivencia y desarrollo. La principal característica que diferencia a los empresarios del pasado como los del futuro es su distinta consideración de la racionalidad auto-intersada y la búsqueda absoluta de la ganancia en forma individual. Hoy por hoy, considerar el interés propio como único motor del mundo económico es suicida. Las empresas del siglo XXI están aprendiendo a cultivar diferentes racionalidades y a diversificar sus motivaciones económicas. Lejos del dogma que instaló que el propio interés es el único impulso del mundo empresarial, hoy se está tomando conciencia de la importancia de la reciprocidad y la cooperación, de los pactos y contratos con el entorno social y ambiental y la necesidad de instituciones públicas sólidas que colaboren a dar fuerza a estos compromisos.

Lejos de la lógica tradicional, que sólo velaba por el interés del propietario, y secundariamente de sus clientes y trabajadores directos, las nuevas empresas comprenden el valor de los territorios y ambientes en los que se emplazan, valoran la capacidad de reciprocar y desarrollan la empatía con causas globales que demandan un compromiso cívico bajo el respaldo de un modelo de Estado justo.

Una empresa del siglo XXI sabe que no sólo requiere de la licencia legal para operar. También necesita la licencia social que surge de su reputación y capacidad de ser depositaria de ciertos principios compartidos con la ciudadanía. Ser una empresa innovadora exige ir más allá del crecimiento lineal y exponencial basado en el interés propio porque ha entendido que la responsabilidad social empresarial (RSE) no se puede manejar como un recurso cosmético, aparente y episódico, basado en campañas filantrópicas y caritativas. La sociedad demanda empresas que puedan satisfacer las expectativas legítimas de todos los afectados por su actividad productiva.

La empresa del futuro es una herramienta para reducir las desigualdades, no para incrementarlas, como ocurrió en el siglo XX. Empresarios como Juan Sutil están convencidos que la igualdad es un valor “comunista” y por eso no entienden absolutamente nada cuando concurren a eventos como el Foro de Davos donde sus pares del siglo XXI les dicen que reducir la desigualdad, entre países y al interior de los países, es el factor determinante a la hora de recuperar el crecimiento económico mundial.

En el siglo XX el mercado segmentaba casi exclusivamente por clase social. En el futuro esa segmentación se hará mucho más diversa, centrada en variables inmateriales como género e identidad cultural y territorial, y la lógica del acceso a diversos “satisfactores de necesidades”, efímeros y flexibles, reemplazará a la idea de la propiedad exclusiva y excluyente. Bajo esa nueva racionalidad la economía de la escasez devendrá en economía de la abundancia, tecnológicamente distribuida. Si la economía tradicional era la ciencia que trataba de superar la escasez, ahora será la ciencia que tratará de luchar contra los efectos no deseados de la sobreabundancia y para ello deberá recurrir a la redistribución justa y sostenible como medida de crecimiento posible.

En el mundo que viene las sociedades ya no sólo harán frente a las externalidades negativas de la pobreza, sino también a las de la riqueza mal generada y peor repartida. Reducir las desigualdades ya no se justificará solamente porque son indeseables por sí mismas, sino por los desastres que generan. Basta asumir que la sombra de los estallidos sociales y crisis de gobernabilidad global ya no son hipótesis, sino riesgos concretos y verificables.
Para la empresa del siglo XX el trabajo reproductivo o de los cuidados, que siempre han desarrollado las mujeres, era un factor no productivo, difícil de medir y por ello abstracto, no asumible ni calculable. De igual forma la naturaleza era un recurso infinito e inacabable, o en el caso de los “no renovables” se asumía que su agotamiento o polución sería un problema de otras generaciones, por lo que no valía la pena preocuparse. La empresa del siglo XXI vive con la presión de responder a estos factores invisibles de la economía tradicional, que se han hecho visibles de manera crítica y avasalladora, y de los cuales ya no es posible desentenderse en un futuro que se transformó en un presente inevitable.

En definitiva la empresa del futuro será diversa, incluyendo a las empresas de economía social, solidaria y colaborativa, las que apuesten por la economía del Bien Común y las finanzas alternativas, las que generen inversión social y ambiental. Este pluralismo de modelos de empresa, junto con crear empleos y riqueza material, aportará a una cultura del encuentro y la integración sobre la base de contestar a las exigencias de las generaciones futuras. Mientras los empresarios del siglo XX siguen empeñados en paralizar los cambios e impedir la transformación de las sociedades, las empresas del siglo XXI comprenderán que deben respetar los derechos humanos, remediar las externalidades injustas, promoviendo los cambios legales que beneficien a las mayorías, convirtiéndose en agentes de justicia.

(*) Rector UAHC