Invierno caliente y discriminador en el sur

En Punto de vista (20 de enero de 2021)

(*) Por José Bengoa

Columna publicada en Crítica Urbana

En América Latina asistimos a un profundo proceso de descolonización. Quizá el de mayor importancia en un largo período de tiempo. Comenzó en la década del 80 y se difundió en la del 90 con motivo del afamado y fracasado Quinto Centenario. Como se sabe bien, las descolonizaciones son luchas interminables que pasan por etapas y se profundizan, cuando a veces no retroceden.

Estos procesos, necesarios por cierto, de liberación y democráticos, son muy conflictivos. Quienes han detentado el poder social y comúnmente económico y político no aceptan la insubordinación de los subordinados. Por su parte quienes han debido permanecer por la fuerza y la discriminación en una posición subalterna, generalmente racializada, despreciativa, discriminada, adquieren una energía enorme producto de la historia y su cultura; no pocas veces se produce un discurso cargado de resentimientos, acciones de resistencia, heroicismos bien adquiridos, y muy normalmente se escala hacia el enfrentamiento. Muchas veces, lo vemos en América Latina, se avanza hacia relatos llenos de energía, y con fuertes contenidos y símbolos de carácter nacional (“Pueblo/Nación”) y autonómico. No es fácil resolver estos asuntos cuando han escalado y sobre todo cuando los agentes del Estado y los actores colonialistas dominantes –por lo general agrarios- no se abren a caminos alternativos de convivencia, teniendo como única situación normal la vieja dominación colonial adquirida en el pasado. La represión aparece ante sus ojos como la única solución. Cuando se unen las fuerzas represivas con los actores civiles refractarios al cambio, las cosas se ponen peligrosas.

En América Latina se acusa de terrorismo, con mucha liviandad, a quienes participan de estos procesos de descolonización. La cantidad de dirigentes indígenas presos y muertos es enorme. En algunos casos las muertes son a manos de las fuerzas policiales o militares directamente y en otros casos de los agentes privados locales, paramilitares, sicarios de la droga, o matones de hacendados. Terrorismo se ha transformado sencillamente en una acusación circunstancial como modo de denigrar el movimiento socio político y negar su carácter. Más de una vez las soluciones políticas a los conflictos han tenido que contar con el apoyo y acuerdo con los anteriormente llamados terroristas, y no han sido pocos los así motejados que han ganado el Premio Nobel de la Paz.

En el sur de Chile, en estos días de invierno del 2020, se vive un ambiente de insurgencia evidente. Es un invierno caliente. No hablaremos acá de la “Historia Larga” de la dominación colonial del Estado chileno en su relación con el Pueblo Mapuche, que se puede consultar en otros textos, sino de esta coyuntura específica. Es bastante curioso lo ocurrido: el momento más álgido de la situación del llamado Conflicto mapuche en el sur de Chile coincide con la pandemia que ha implicado que las personas no puedan salir de sus casas, que exista toque de queda, en fin, una enorme cantidad de privaciones, temores, y falta de libertades, y que la presencia militar y policial sea amplia, cotidiana y permanente.

El origen de la coyuntura está en la decisión del Ejecutivo de alivianar la densidad carcelaria para que no haya demasiados contagios por coronavirus entre los internos. Las cifras son confusas, pero se habla de varios miles de presos a los que se le ha conmutado su pena carcelaria por medidas alternativas. Se une a ello un hecho delictivo que conmovió al país. El país percibió que el cambio de presidio efectivo-en una cárcel- por otras formas de penas en libertad no era un asunto demasiado excepcional, irregular, e inhabitual, sino por el contrario, que ocurría incluso en los peores casos de delitos comunes. Esta conciencia de la arbitrariedad de las penas de cárcel se unió a una fuerte conciencia de discriminación: los presos mapuche(s) no gozaron de los mismos beneficios. Es el origen de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.

No es la primera vez que hay huelga de hambre de presos mapuche, o sea, ha habido muchas y hay una que duró mucho más, incluso, durante la anterior administración de Piñera, y también en el gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando hay este tipo de situaciones, los gobiernos tienen la obligación de establecer fórmulas de negociación. Es una de las características de las situaciones de prisión por razones políticas. Los presos son parte de un movimiento social que posee ciertos fundamentos y demandas. La huelga de hambre es una forma de presión política evidente. Los presos saben que se juegan la vida y el Gobierno-todos los gobiernos saben- que no deben llegar a situaciones vitales, ya que ese hecho será la chispa que prenderá la pradera. Y así casi ha ocurrido en el sur. Escribo esto mientras hay decenas de jóvenes presos en huelga de hambre en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu. En este último caso todos están en prisión preventiva solamente.

A esa primera discriminación se sucede una segunda negación que es fuertemente ofensiva. La negación del carácter político del fenómeno. El nuevo ministro del Interior ha dicho aquí no hay presos políticos, por ello, no hay nada que hacer. Punto. Y ha cerrado cualquier ventana, puerta, rendija, para este tipo de coyuntura. Ese es el primer factor que, a mi modo de ver, está detrás de la coyuntura.

El segundo hecho ocurre fuera de las cárceles. Se produce una enorme movilización en la mayoría de las ciudades y pueblos de la Araucanía y luego, en algunos casos, tomas[1] de las municipalidades, cosa que tampoco es primera vez que ocurre en el sur de Chile. Habría que decir con un poco de ironía, que en Chile estamos llenos de tomas, es un país “medio tomado”. Tampoco estamos hablando de un crimen alevoso. Nadie acusa de terrorista a quienes se toman las universidades en sus demandas múltiples, o los colegios y liceos. En estos días el Estado se ha mostrado desnudo: ha faltado prudencia, faltó tolerancia, faltó todo y sobró discriminación. Las consecuencias han conducido al conflicto a escalar a una etapa de carácter abierto de muy difícil pronóstico.

Un grupo de civiles, muy violentos, se hace eco de las palabras del ministro del Interior, se animan entre sí y acuden a retomar las Municipalidades. En la de Curacautín, un pueblo del sur, se unen civiles con policías y atacan el edificio del Municipio, se llevan presos a los manifestantes y queman vehículos. El momento, filmado y trasmitido por televisión, causó estupor en muchas conciencias del país. Gritaban el que no salta es mapuche, acto de una connotación racista evidente. Hay una niña que dice en cámara: es la camioneta del Peñi, porque ardía una camioneta que era de quienes estaban al interior de la Municipalidad. A vista y paciencia de los carabineros. El enfrentamiento con civiles coludidos con policías nos pone en una situación de consecuencias inimaginables.

Junto a estos hechos de esta coyuntura invernal -Pandemia 2020- surgen programas de televisión digital y local, de abierto llamado a la violencia por parte de sectores que se autodenominan como amenazados. Foros filmados y trasmitidos por las redes, y un programa de televisión de contenido violentísimo. El discurso señala en primer lugar la traición del gobierno del presidente Sebastián Piñera a la gente del sur. La segunda idea que expresan estos programas es que son activistas los culpables de esta situación. Incluso señalan la existencia de guerrilleros profesionales colombianos y un sin número de imaginarios peligrosos y la tercera propuesta, como dice uno de los participantes: hay que correr bala.

En términos de definición teórica y política de lo que está ocurriendo, se trata de un proceso de descolonización en un territorio compartido. Esto significa que hay procesos de descolonización en territorios que no son ampliamente compartidos. Por ejemplo, el proceso de autonomía en la Costa Atlántica nicaragüense, en que la mayoría miskita y de otros grupos étnicos, ha logrado un exitoso auto gobierno. Lo mismo en la Comarca Kuna y otros espacios mayoritaria o exclusivamente indígenas. Aquí en el sur, estamos en una situación en que los territorios, por razones históricas de conquista y colonialidad, son compartidos, e incluso en que la población originaria, en este caso la población mapuche, en muchas partes quedó como población minoritaria, frente a una población que fue llegando y se fue desarrollando en la zona. El asunto clave a comprender, sobre todo frente a un posible y deseado Plebiscito Constituyente, es que existe un proceso de descolonización y que hay un derecho de la población mapuche a que se produzca ese proceso. Eso aún no está reconocido ni por el Estado, ni por los partidos políticos en general, no está reconocido por parte de la población civil no mapuche, es decir, no se ha llegado a conceptualizar. Cuando se logra entender que estamos frente a un proceso de esta naturaleza, obviamente el conflicto adquiere otra dimensión, adquiere otra comprensión, o sea, es un conflicto en que hay una población bastante grande -mapuche- que no acepta más la condición colonial y se deben tomar medidas políticas e institucionales para refrendar esa apuesta histórica. El proceso constituyente será un buen momento para enmendar este camino.

En el territorio de la Araucanía no hay ninguna institución del Estado en que los mapuche tengan representación en su condición de mapuche. No existe ningún reconocimiento de derechos colectivos, esto es, de lo mapuche como Pueblo o incluso como Pueblo/Nación. Los alcaldes mapuche de Municipios no están en su condición de mapuche sino en cuanto ciudadanos chilenos. No hay en el Gobierno Regional-la Intendencia- un consejo en el cual estén las comunidades presentes. Los mapuche son negados institucional y jurídicamente. Esa es una realidad evidente.

Las descolonizaciones surgen por tanto de este conjunto de factores que se han expresado en esta coyuntura del invierno y la Pandemia del 2020. Historia de expoliación territorial; dominación colonial con fuertes elementos racistas y de discriminación; desigualdad en los ingresos y niveles de vida; ausencia de espacios de participación política; contexto de abierta discriminación institucional; y por otra parte, ambiente nacional e internacional de abolición de todas las formas de racismo, discriminación y no reconocimiento, etc. Se abre un proceso de des colonización que conlleva contradicciones a veces violentas, salvo que el Estado se ponga por delante y aúne voluntades y abra caminos políticos e institucionales aceptados.

La masividad de parte de las manifestaciones populares mapuche durante esta coyuntura ha sorprendido, sobre todo, a quienes se esfuerzan por decir que los mapuche insubordinados son unos pocos y que todas las comunidades están tranquilas. En estos días de encierro de la mayor parte de las personas, mirando la televisión o las redes, no son pocos quienes se han sorprendido no solo por la masividad sino también por la estética de las marchas. Participan mujeres principalmente- uniéndose estas movilizaciones étnicas a las de género que masivamente ocurren en el país- jóvenes, gente grande y niños. En todos los pueblos hemos visto masas marchando al son de la música, ritmo acompasado, banderas multicolores, palos de chueca o palín, hemos sido observadores, lejanos sin duda, de la enorme capacidad discursiva, en fin, una expresión de la cultura que viene a reafirmar de manera explícita la decisión descolonizadora que existe en ese Pueblo.

(*) José Bengoa. Historiador, licenciado en filosofía y profesor de la Escuela de Antropología UAHC.

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