La cruel paradoja: Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos

En Punto de vista (30 de enero de 2018)

(*) Por Paulina Morales e Isabel Plaza

Columna publicada en El Desconcierto

Acabamos de conocer el nombre del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos que asumirá el 11 de marzo, bajo la administración de Sebastián Piñera. Se trata de Hernán Larraín Fernández, abogado de setenta años y militante histórico de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Como Observatorio de Educación en Derechos Humanos manifestamos nuestro más profundo rechazo y desconfianza frente a su posible gestión en dicha cartera, debido a lo que ha sido su historial político de defensa de una dictadura cívico-militar que violó sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Sólo para refrescar la memoria, acá unos pequeños pero significativos datos que pueden ser corroborados por medio de los registros de prensa:

  • Militante de la UDI, partido político que hasta hoy sigue manteniendo en su declaración de principios una defensa del Golpe de Estado de 1973.
  • Defensor durante décadas de la figura de Augusto Pinochet, desconociendo, de paso, las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su régimen.
  • Miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad, sitio en el cual se desarrollaron también acciones de represión a opositores al régimen militar. Pese a los múltiples casos ya conocidos de violaciones a derechos humanos, abusos sexuales, secuestros, torturas, detenciones ilegales y posesión de arsenal químico y militar en dicho recinto, Larraín y otros personeros han defendido sistemáticamente a esta Colonia. Incluso se opuso a que se le quitara su personalidad jurídica en 1991.
  • Unido a lo anterior, ha sido un férreo defensor de Paul Schaffer, el máximo líder de Colonia Dignidad, acusado de horrendos abusos sexuales contra inquilinos de dicho enclave.

Como Observatorio nos preocupan múltiples aristas de este nombramiento. En lo global y simbólico, porque su llegada a la cartera de justicia y derechos humanos, habida cuenta de su prontuario, más bien parece una ironía, por no decir derechamente una burla hacia las miles de víctimas que hasta hoy esperan justicia en diversos casos. Hernán Larraín fue de aquellos que negaban la existencia de las violaciones a los derechos humanos, que encubrió a los perpetradores y que comenzó a tomar lenta y acomodaticia distancia de la herencia dictatorial recién cuando Pinochet fue vinculado a los casos Riggs y afines, que implicaban que había defraudado al Estado chileno. Como muchos de su sector, les pareció más reprobable que hubiese robado a que hubiese asesinado, torturado, encarcelado o exiliado.

En lo específico, nos preocupa este nombramiento en relación con nuestro campo de acción particular: la educación en derechos humanos (EDH). ¿Qué podemos esperar en este sentido? Más aún, ¿qué mensaje se da a las nuevas generaciones que deben ser educadas en el respeto a los derechos humanos? Recordemos que el derecho a la educación en derechos humanos fue establecido por Naciones Unidas en 2011 a través de la Declaración sobre Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos, cuyo primer artículo señala que “Toda persona tiene derecho a obtener, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos fundamentales y debe tener acceso a la educación y la formación en materia de derechos humanos”. Entre los principios basales de la EDH se encuentran: “la igualdad, especialmente la igualdad entre niños y niñas y entre hombres y mujeres, la dignidad humana, la inclusión y la no discriminación” (artículo 5°). En relación con quienes deben liderar las acciones en favor de la EDH, Naciones Unidas es clara: “Los Estados y, según corresponda, las autoridades gubernamentales competentes, son los principales responsables de promover y garantizar la educación y la formación en materia de derechos humanos, concebidas e impartidas en un espíritu de participación, inclusión y responsabilidad” (artículo 7°).

Frente a lo expuesto, ¿es posible confiar tamaña tarea al recién designado ministro de justicia? ¿Es posible esperar, razonablemente, que se comprometa con la educación y formación en derechos humanos una persona que nunca ha compartido esta convicción y que, más aún, ha amparado el atropello de tales prerrogativas? Sumado a ello, como recordamos, en diciembre pasado el actual gobierno presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos, cuyo objetivo es promover y garantizar la sensibilización, formación y capacitación en derechos humanos para desarrollar una cultura de derechos humanos que contribuya a la prevención de sus vulneraciones.  Su ejecución abarca un plazo de cuatro años, justo los cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera, apoyado por una coalición de derecha en la cual aún militan colaboradores directos e indirectos de la dictadura.

El Plan Nacional de Derechos Humanos incorpora como uno de sus ejes temáticos la EDH, señalando tareas específicas que incluyen plazos, indicadores, fuentes de información, recursos, recomendaciones internacionales a las que responden y su correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Entre esas tareas, una de ellas apunta al desarrollo de capacitaciones a funcionarios públicos, cuestión en la que hemos venido participando en tanto parte de la Red de Educación en Derechos Humanos (REEDH), entidad colaboradora en esta iniciativa liderada por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se ha trabajado arduamente en este plano, mas no tenemos certeza de que todas estas iniciativas puedan ver la luz durante el próximo gobierno, especialmente considerando el perfil y los antecedentes de quien debiera liderarlas.

Las investigaciones sobre el tema muestran que la EDH es mucho más que una cuestión cognitiva o de mera introducción de conocimientos. Integra, además, una dimensión afectivo-conductual (ligada a vivencias y emociones que se traducen en determinadas acciones a favor o en contra de los derechos humanos) y una dimensión contextual (en relación con los diversos planos en donde debe desplegarse, no sólo la escuela). De esta forma, la EDH es transversal a las prácticas pedagógicas, a la gestión educativa y a los principios y valores que la sustentan. Nuevamente, entonces, nuestra interrogante: ¿se puede liderar esta enorme tarea habiendo sido defensor de una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos?

Por el momento, no nos queda más que manifestar nuestra preocupación y rechazo al nombramiento del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Como Observatorio, seguiremos atentos, activos y vociferantes para manifestarnos en defensa de los derechos humanos y del derecho a ser educados en esta materia. Nuestro compromiso es con una sociedad en donde la educación en derechos humanos ocupe un lugar central. Nuestro horizonte es transitar hacia una cultura de los derechos humanos y de la dignidad humana como sus acervos más preciados.

(*) Docentes Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la UAHC.