La geografía de la multitud, el plebiscito y la nueva República

En Punto de vista (13 de marzo de 2020)

(*) Por  José Orellana

El 11 de marzo del 2020 se cumplieron dos años del mandato constitucional del presidente Sebastián Piñera, pero tras los intensos despliegues de la geografía de la multitud, sobre todo después del 18 de octubre y 15 de noviembre del 2019, queda la sensación de estar en la culminación de su periodo, proyectando para los siguientes dos años constitucionales de mandato una idea de eternidad, o de inoficiosos. Peor aún, como sinónimo de fragmentación generalizada en: a.- en su propio sector político sea en coalición de partidos, en bancadas de diputados y senadores; b.- en una oposición política, aunque resulte paradójico, su accionar, divide a los más radicales v/s los más moderados (traducido en la calle, como en el congreso); c.- la comunidad, una sociedad civil o un pueblo que en clave de geografía de multitud lo resiste, permitiéndose espacios de protesta legitima, pillaje y bandidaje, siendo estas dos últimas las justificaciones de la criminalización de la protesta legitima, por parte del oficialismo.

Desde el 18 de octubre, el expediente de los derechos humanos para este segundo gobierno del Presidente Piñera, se anota un triste récord. Junto con los vulnerados en actos de protesta (también muertos), se suma la reprobación no sólo del Instituto Nacional de los Derechos Humanos sino que también la de los organismos internacionales supranacionales como también otros propios de la sociedad civil internacional. Sin perjuicio de que el gobierno se jacte que ha invitado a los organizamos internacionales para que chequeen la materia, ha sido tal la intensidad de los mismos, que Michelle Bachelet, en cuanto encargada de la materia desde la ONU, ha sido clara y dura en reprochar la acción, por medio de informes oficiales.

Por otra parte, la primera línea del estado chileno, como es Carabineros, junto con demostrar incapacidad para una de las más ingratas acciones que deben realizar cuando el pueblo se alza, (la represión, control o protección de los manifestantes, orden público), se encuentra en el desfonde político más profundo de su historia institucional por concepto de fraude al mismo estado (operación huracán, sobres con dineros, pacogate, comando jungla… así otras). Hay que esperar que la reforma que prepara el ejecutivo para carabineros esté a la altura de las necesidades que precisa dicha institución y el país.

Recordando los toques de queda y el estado de excepción gestionado desde el gobierno, aún se tiene en el recuerdo la afirmación desenfadada del general a cargo de tal acción, cuando indicó que no se encontraba en guerra con nadie, señal de que el ejército no estaba disponible para una aventura golpista como antaño, no sólo por el imaginario que proyecta la dictadura cívico militar inaugurada en 1973, sino que también por el desfonde político y simbólico de las FF AA, las cuales, durante la transición política, se irguieron, como actores prestigiosos del mismo (sin perjuicio de los informes Rettig y Valech, a propósito de la vulneración de derechos humanos), pero desde hace un tiempo a esta parte, se encuentran en el más profundo descredito producto de sus actuaciones de fraude al fisco, con el estridente milicogate. No significa que NO cambie la ecuación que comenta esta opinión, pero hoy, y en el futuro cercano, este horno, no está para bollos golpistas. Si hasta exigieron nuevos protocolos para accionar en la eventualidad de que tengan que otra vez salir, inclusive, respecto de la infraestructura estratégica.

Desde el sistema político, se constata su descredito a punta de encuestas. La institución presidencial no pasa los dos dígitos, cuestión que recogieron asertivamente los humoristas del Festival de Viña del Mar, con el talento de Kramer, como botón de muestra. El Congreso, no se queda atrás, menos los partidos políticos, los cuales nutren al ejecutivo con el legislativo. El poder judicial, hace bastante tiempo que se encuentra en tensión producto de la administración de justicia, sean los distintos tribunales, o bien, la fiscalía, que, con el estallido social, han estado más sobrexpuestos.

En estos días, el país ha sido testigo de una nutrida agenda legislativa que apunta a lograr el orden público: Ley anti-capucha, anti-reunión (¡falta la anti semáforo humano!) más otras, las cuales se transforman en letra muerta, mientras parte del sistema político en el congreso y sistema de partido, se hincha en orgullo por avanzar en la restitución del orden público por este expediente, mientras, irónicamente, la agenda social no avanza todo lo veloz que se quisiera, sin perjuicio del periodo especial que se vivencia… el poder legislativo precisó de vacaciones, “el justo descanso”, mientras el país se cae a pedazos.

Como han indicado algunos analistas, ante el descredito del ejecutivo y, fundamentalmente, de la institución presidencial, ha sido el Congreso (con todo) el que ha tomado la iniciativa política y legal. Así se explica el acuerdo del 15 de noviembre, por la paz y la nueva constitución, también el reciente llamado para lograr un plebiscito constitucional en paz, entre otras iniciativas. Debela de paso, la necesidad de replantear el régimen presidencialista, el cual, como en otras ocasiones de la historia política de nuestro país, demuestra las dificultades para resolver profundas tensiones nacionales. Algunos se aventuran, afirmando que, en los hechos, opera un régimen semipresidencial, para conducir la energía social que despliega la geografía de la multitud por varios rincones del país.

Lo anterior, ineludiblemente, ante las evidencias, obliga a afirmar que el sistema político, representado en el sistema de partido, congreso y ejecutivo, enfrenta uno de los mayores niveles de fragmentación, donde la vorágine multitudinaria de la geografía nacional, más las consecuencias político institucionales del acuerdo del 15 de noviembre, como es el plebiscito constitucional, hacen que las izquierdas más radicales, las más centristas y el mismo centro político, no sean capaces de cristalizar en una oposición política medianamente consistente. Algo se avanzó con el acuerdo del 15 de noviembre, pero poco se consolidó con la convocatoria para asegurar un plebiscito en paz. La derecha, no escapa a tal situación. Que Mario Desbordes, que la Presidenta de la UDI, que la gente de Evopoli, se la juega por el apruebo y no por el rechazo.

observando las expresiones sociales, la dispersión no es muy lejana. Una Mesa de Unidad Social, que se tensiona con el Frente Sindical, que de vez en cuando, en legitimidad política, sobresale en algunas convocatorias. Un movimiento feminista, o más bien, la geografía de la multitud feminista, en su diversidad y contradicciones, renueva, con una masiva convocatoria por todo el territorio nacional este 8 y 9 de marzo, las tensiones a las formas políticas y sociales propias de nuestra sociedad. Las conflictividades socio-ambientales, en su componente comunitario y social, también tienen su expresión multitudinaria en diversas geografías nacionales, demandando el legítimo derecho de vivir en un medio ambiente sano.

Mientras ocurre todo esto, más otras varias situaciones de conflictividad, paralelamente todos los actores, de forma independiente y cruzada observan con sigilo, lo que se viene el día después del 26 de abril (ciclo electoral local, regional y constituyente), donde, pareciera que la opción apruebo ganará, posiblemente con un 70% v/s 30% del rechazo, o una mayor brecha, permitiendo otro escenario político, que lleva a plantearse qué hacer con la Primera Magistratura de la Nación.

Guillermo Teiller, Presidente del Partido Comunista de Chile, ya exigió la renuncia del Presidente Piñera. Por otro lado, Alejandro Guillier, senador y ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, señaló con antelación que debían adelantarse las elecciones del sistema político general, producto del nuevo Chile. Algunos diputados, intentan declarar interdicto al Presidente, en cuanto consideran que sus discernimientos y acciones van a contrapelo del deber ser de un primer mandatario. Otros, indican, que el momento que perdió para lograr un acto republicano de refundación del sistema político, adelantando las elecciones, fue el 15 de noviembre, día del acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, mientras otros afirman, que aunque tardía, una siguiente oportunidad, se encontraría la misma noche de los resultados del plebiscito, anunciando el adelantamiento de las elecciones presidenciales y del congreso, a efectuarse en las mismas fechas en que se celebrarán las locales, regionales y constituyentes (los 155 delegados).

Lo anterior, exigiría un Acto Republicano no estrenado en la República de Chile, ya que, su avance, necesariamente, debiese articularse desde los acuerdos políticos transversales, que permitieran, una fórmula de esta naturaleza funcional a las modificaciones constitucionales que le dieran viabilidad institucional. De no provenir, desde la iniciativa del presidente, ¿acaso el mismo sistema político, más la presencia de la geografía de la multitud diversa, coronado con una contundente victoria de la opción Apruebo con Convención Constituyente, no debiesen, igualmente, auto-convocarse para avanzar en una acción que apunte a una nueva república?, sin caer en mecanismo espurios, ya conocidos en nuestra propia historia política, y de otras latitudes.

Esta última reflexión, se explica por la evidencia que se observa en el cotidiano de los días de Chile: a.- desconfianza estructural en el sistema de representación vigente, b.- desconfianza en las diferentes instituciones del estado, no sólo de Carabineros, sino que también en las económicas y sociales, c.- desconfianza en las clásicas formas de organización social – sociedad civil, d.- desconfianza hasta en las plataformas virtuales. Por lo demás, estos niveles de desconfianza coinciden con la incapacidad de capitalización política por un actor, o grupos de actores. La legitimidad se encuentra en la geografía de la multitud, la cual se despliega en diferentes formas de organización territorial (cabildos, auto-convocatorias territoriales, resistencias diversas, masivas y multitudinarias movilizaciones sociales, entre varias otras), declamando, resistiendo y alimentado la desconfianza producto de los años de abusos en diversos aspectos de la vida… la rabia continúa.

Diría, el historiador político francés, Pierre Rosanvallón, el mito contra-democrático se agotó, dado que los grados de desconfianza son significativamente mayores al intangible BIEN de la confianza, proyectando de esta manera grados de cohesión social complejas de lograr en la temporalidad deseada. Es en ese marco, que una salida institucional como la planteada, consensuada y como oportunidad de avanzar en la restitución de confianza, no sólo fortalecería el resultado del plebiscito, sino que también el proceso constituyente que se re-inaugurará con la elección de la Convención Constituyente, ayudando a consolidar la nueva república que emergería de la convención, con nuevo Presidente, nuevo Congreso y nuevo ethos político simbólico, evitando de paso, dos siguientes años, con un gobierno, que si bien es legítimo desde la práctica electoral, hoy no da el ancho para conducir el proceso en marcha, proyectando una sangría política, física y de confianza significativa… de seguir perseverando.

(*) Geógrafo, académico Escuela de Ciencia Política y RR. II. UAHC. Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH.

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