La Política Pública Educacional del Gobierno Piñera: carente de estabilidad y de legitimidad

En Punto de vista (8 de julio de 2019)

(*) Por Felipe Zurita

Columna publicada en El Mostrador

La definición de la Política Pública Educacional es de amplio interés para la amplia comunidad educacional, como así también, para la sociedad en general. En el contexto de su elaboración se desarrollan complejos procesos de enfrentamiento entre diversos actores y grupos organizados, informados por variadas perspectivas políticas y técnicas, que reconocen de manera diferenciada cuáles serían los problemas identificados como los más urgentes a abordar y las estrategias a utilizar para su potencial solución.

De una u otra forma, la Política Pública Educacional entendida como proceso va indicando las formas en que una sociedad consigue procesar a través de su organización política los enfrentamientos en torno al tipo de educación que va a poner a disposición de las nuevas generaciones. De esta forma, si bien es factible su revisión y perfeccionamiento constante, es deseable construir propuestas con amplios niveles de estabilidad, que consigan traducir de manera apropiada las expectativas profundas de la población en torno a la experiencia educativa que se merece. Planteado así, la Política Pública Educacional no puede estar entregada a los caprichos de cualquier Gobierno de turno.

Para que la Política Pública Educacional consiga ser estable es ineludible contar con amplios niveles de legitimidad otorgados por parte de la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto. Para lograr aquello es fundamental generar amplios procesos de participación y deliberación pública de carácter vinculante en torno a aquellos problemas de nuestro sistema educativo identificados colectivamente como los más apremiantes. El protagonismo en esta instancia debe ser de la población en su conjunto, además, con un liderazgo indiscutido a las profesoras y profesores que en los diversos niveles del sistema educacional producen y hacer circular conocimientos fundamentales de tener en cuenta en el ejercicio de enfrentamiento a las preguntas centrales de cualquier sistema educativo: ¿Qué experiencia formativa queremos poner a disposición de las nuevas generaciones? ¿Qué perfil de persona queremos formar a través de la experiencia educacional en sus diferentes niveles?

Considerando lo anterior, aquí se afirma con preocupación que en nuestra historia educacional reciente ambas dimensiones se han presentado de manera deficiente y desequilibrada en la elaboración e implementación de la Política Pública Educacional, puesto que ha prevalecido el siguiente escenario: a) un alto nivel de estabilidad de algunas dimensiones de la misma que a la vez ha tenido bajos niveles de legitimidad y b) una forma de hacer Política Pública Educacional directamente no estable ni legitimada socialmente.

Bajo el actual Gobierno algunos de los aspectos críticos mencionados con anterioridad han alcanzado un nivel de radicalidad importante, puesto que las autoridades educacionales han optado por un actuar abiertamente tendencioso y confrontacional. Esto debido a que a través de diferentes iniciativas se ha intentado retrotraer diversos aspectos del ordenamiento del sistema educativo nacional a un punto en que por diversos canales, incluidos el legislativo, la sociedad chilena dio algunos pasos iniciales hacia la superación de la primacía del mercado y la exclusión como fuerzas organizadoras de lo educativo, a saber:

  • Cuestionamientos a la gratuidad en el sistema de Educación Superior: se ha desarrollado una amplía campaña centrada en cuestionar el establecimiento de la gratuidad en el sistema de Educación Superior chileno, tanto por el costo que este implicaría en determinadas Universidades, como así también, a propósito de su extensión temporal. El establecimiento de esta política por supuesto que merece revisiones y ajustes, los que deben ir en la dirección de proteger y ampliar el derecho conquistado a que las personas puedan estudiar en el sistema de Educación Superior de forma gratuita, criterio ineludible para distribuir de manera justa entre toda la población el acceso a los bienes públicos creados en este segmento del sistema educacional. En vez de profundizar el trabajo en esta línea, el Gobierno ha dedicado energía a evaluar nuevas alternativas de financiamiento privado similares al CAE, a pesar de que la sociedad de manera amplia ha rechazado este tipo de mecanismos que han favorecido el endeudamiento temprano y desproporcionado de las nuevas generaciones.
  • Ataque a la Ley de Inclusión Escolar (Ley Nº 20.845, Mayo de 2015) que estableció el fin a la selección, copago y lucro en los Establecimientos Educacionales. Este ataque preferentemente se ha materializado en una crítica caricaturesca a los mecanismos de postulación a Establecimientos Educacionales y en la instalación de la idea de que la misma no valoraría el esfuerzo y el mérito. Sobre este último punto, se ha presentado el Proyecto de Ley conocido públicamente como “Admisión Justa” (Mensaje 008-367 20 de Marzo de 2019) que busca reinstalar la capacidad de los Establecimientos Educacionales de seleccionar a las y los estudiantes en base a criterios asociados al rendimiento, entre otros. Esta situación es preocupante, porque en el sistema escolar chileno se ha producido una distribución de las y los estudiantes en el mismo marcada por una alta segmentación por cuestiones de carácter económico, religioso y cultural, justamente lo que la Ley de Inclusión Escolar apunta a corregir en pos del objetivo de crear un sistema escolar más diverso, base fundamental para la construcción de una sociedad democrática.
  • Actuar negligente con respecto a la política de creación y desarrollo de los Servicios Locales de Educación (Ley Nº 21.040, Noviembre de 2017) que se constituyen en la columna vertebral del nuevo Sistema de Educación Escolar Público en reemplazo de la modalidad de Municipalización instaurada en la Dictadura Cívico-Militar. Indicadores de este actuar negligente son la incapacidad de resolver de forma rápida los múltiples problemas materiales que se han desarrollado en la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública y el largo periodo de funcionamiento acéfalo de la Dirección de Educación Pública.
  • Transformación Curricular en Tercero y Cuarto Medio marcada por la ausencia de un debate público y amplio que le otorgue legitimidad a la propuesta formativa de la parte final de la formación escolar, donde entre otras cosas, deja como electivo a las Disciplinas Escolares de Historia, Artes y Educación Física.
  • Criminalización a la movilización estudiantil a través de Aula Segura, desaprovechando la oportunidad de arribar a una visión más amplia y compleja del fenómeno de la violencia en todos los Establecimientos Educacionales a nivel nacional.

A los puntos anteriores habría que agregar la forma en que el Gobierno ha enfrentado la movilización que han llevado adelante las y los Profesores de nuestro país en las últimas cuatro semanas. Frente a una movilización que ha buscado poner sobre la mesa diversas dificultades que afectan la calidad del trabajo docente y por ende, la experiencia formativa que viven niñas, niños y jóvenes en los Establecimientos Educacionales, el Gobierno, a través de su Ministra de Educación, ha optado por el silencio y la intransigencia al no mostrar disponibilidad para dialogar sobre el petitorio presentado y al conminar al profesorado a volver a sus puestos de trabajo, negando así su agencia ciudadana y valor en tanto interlocutor que merece .

Considerando lo anterior, es posible señalar que las actuales autoridades educacionales no están buscando heredar al conjunto de la sociedad una Política Pública Educacional estable ni legitimada, por el contrario, el interés mayor parece estar puesto en llevar adelante una agenda muy particular, que parece ser inmune al calor de la deliberación pública y al desafío de construir una sociedad más democrática.

(*) Profesor Escuela Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Doctor en Educación, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.