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Docentes de la Academia analizanTrabajo precario en la era del delivery: incertidumbre laboral a domicilio

Una “precariedad laboral deliberada” vincula a personas con la urgencia de trabajar con empresas fantasmas, que aumentaron su presencia en la industria de servicios chilenas durante la pandemia y también en las calles con sus características mochilas de reparto. Un escenario que afecta a migrantes y mujeres, principalmente, creen los cientistas sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Antes de que el mundo completo se confinara producto de la pandemia, el crecimiento de los “riders” o repartidores de aplicaciones de delivery (como Rappi, Pedidos Ya o Cornershop) aumentaba a una tasa promedio del 60% anual en Latinoamérica. Lo mismo pasaba con el mercado de “socios conductores” (en Apps como Uber, Cabify, Didi o Beat). A un año de que los repartidores se convirtieran casi en el único vínculo entre las personas en cuarentena y el mercado, la consultora industrial Euromonitor verificaba que las ventas de delivery estallaron un 69,7% el año de la pandemia en Chile (unos US$820 millones) y, con ello, también la cantidad de repartidores que alcanzaba, según estimaciones del Ministerio del Trabajo, cotas cercanas a las 300 mil personas taxeando bajo el radar o cargando estas características mochilas de reparto en Chile.

El ejercicio de este oficio, donde el “rider” es su propio jefe, también aumentó su precariedad. Si a mayor cantidad de horas de trabajo mayor era el ingreso, la misma ley económica diluye las ganancias cuando aumenta la oferta. También crece el riesgo de sufrir un accidente, de contagiarse de Covid sin derecho a licencia médica, imposiciones para la jubilación o seguros asociados a un trabajo que se realiza en la calle.

Sobre este modelo de mercado, donde las personas intercambian derechos laborales por riesgos y mayores ingresos que el empleo formal, docentes y profesionales de la Academia discuten sobre los verdaderos costos sociales. Justo en momentos en que las cifras de pobreza en el país aumentaron por primera vez en 20 años. Cristian Candia, ingeniero comercial, magíster en política pública y docente de Sociología de la Academia, cree que el auge de esta práctica laboral radica en que el mercado formal del trabajo en Chile suele brindar oportunidades donde el estándar es un sueldo mínimo que ronda los $280 mil. Eso vuelve más atractivos trabajos en una lógica de la “autoexplotación”, descrita eufemísticamente como “emprendimiento”, y al trabajador/a como un “colaborador” que busca estrategias para aumentar sus ganancias y disminuir sus gastos a costa de sí mismo”, explica el académico.

Si bien estos asuntos impactaron a Latinoamérica en general, en Chile otros hitos como el Plan Laboral de José Piñera, el Código del Trabajo de 1980 y sus posteriores reformas, generaron espacios de mayor flexibilización y de debilitamiento de los sindicalismos que son reconocibles hoy en la laxa respuesta estatal ante el escenario de repartidores y conductores.

Colaboradores y clientes

En un contexto pandémico, la actividad tecnológica del teletrabajo o la contratación para el trabajo con las plataformas tecnológicas de delivery o transporte, ha influido negativamente en esa idea de progreso propuesta, explica el abogado y docente de la Escuela de Derecho de la Academia, Isnel Martínez. “La aplicación de la tecnología, al ser fundamentalmente comercial, se ha dirigido eminentemente a la satisfacción de ambiciones y no a la resolución de las necesidades esenciales e individuales, un verdadero fraude laboral en las mal llamadas economías colaborativas. Así, países desarrollados, como parte de la globalización, están contratando fuerza de trabajo en condiciones menos favorables desde los países en vías de desarrollo, aprovechándose de las falencias de sistemas jurídicos menos proteccionistas”, estima.

“Se ha naturalizado un concepto de “capital humano” como algo muy extraño. La figura del sujeto como gestionador de su talento y capacidad en ausencia de una inserción laboral adecuada. Un triunfo ideológico del pensamiento neoliberal”, cree el profesor Candia sobre otro eufemismo: el del “colaborador”, una persona que compite por un puesto de trabajo precisamente no colaborando ni asociándose con otros, entendiendo el trabajo como algo distinto a un derecho, define.

Para el psicólogo laboral y director de la Escuela de Psicología UAHC, Melvin Anabalón, este concepto de un “colaborador”, se suele adoptar desde un punto de vista semántico. “No se diferencia de otras connotaciones propias del Estado que, dependiendo del contexto, denomina “beneficiario” o “cliente” al ciudadano. Se le exige por igual, así, que “se aguante” cualquier exceso en caso de ser un colaborador, pero si se es “cliente”, se cuenta con derechos y la opción de poder exigir mejoras”, reflexiona. Un panorama donde la situación del/la migrante, resulta muy funcional, ya que no solo se dan las fórmulas usadas por las aplicaciones de despacho a domicilio, sino también en la situación de temporeros, trabajadores subcontratados por vendedores ambulantes y otros que realizan trabajos en condiciones laborales paupérrimas.

Mujeres, migrantes y sindicatos precarizados

Del total de repartidores/as en Chile, el 56% son extranjeros/as, lo que aumenta la fragilidad de esta ocupación porque gran parte de ellos no puede obtener una licencia de conducir y debe cubrir “la última milla”, que separa al cliente de sus compras, en bicicleta para llevarse una fracción de la transacción donde el mismo repartidor o conductor de renta es el commodity.

“El mercado de trabajo ya es estrecho y no tiene capacidad de absorción. Si sumas a eso la pandemia, la contracción para un grupo sin redes, ni familias o la herramienta del idioma, los empuja a entrar a lo que sea para resolver su sobrevivencia. Muchos no están registrados en sistemas de protección social por estar en el país de manera irregular. Sin embargo, a quien más golpea esta crisis de precariedad laboral es a la mujer migrante, que vive la arbitrariedad de un mundo opaco que ya era hostil antes de esta crisis”, sostiene Candia.

Jannyna Chacón, abogada y docente de la Escuela de Derecho de la Academia, especializada en derecho laboral, pone el acento en la manera en que esta precarización afecta particularmente a la población migrante y las mujeres. “La escasa regulación sin control de la Ley 21.220, sobre el teletrabajo, aún no logra llenar estos vacíos en nuestro país”, agrega.

La trabajadora social, Ana Cisternas, docente de la UAHC, llama la atención sobre esta precarización del trabajo femenino agudizado por la pandemia. “Las mujeres han retrocedido diez años en temas de derechos laborales y en su ubicación en la esfera laboral. Lo que hemos visto es que la gente ha buscado otras fuentes de trabajo, y que a pesar de todo ha sido capaz de reinventarse, sobre todo las mujeres, buscando nuevas alternativas laborales”, manifiesta. De acuerdo a la OIT, en promedio para la región, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación económica de las mujeres en la fuerza de trabajo total.

La falta de presencialidad intensifica la precariedad laboral en el caso del teletrabajo y la dilución de la influencia colectiva de los sindicatos, señala Cisternas. Asuntos que, a la larga, afectan también el estado de ánimo de las personas: “Es algo que no solo se ve en sueldos y derechos laborales, se aprecia también en la antigua convivencia, en el compartir dolores y alegrías, compartir con otros. El trabajo también se ha precarizado en ese sentido. Con estas nuevas formas de trabajar estás solo o sola”, observa sobre las externalidades sociales de la pandemia. “Observamos, además, un retroceso en torno a la seguridad, con incertidumbre en los trabajadores, considerando que antes de la pandemia los sueldos tampoco daban respuesta a las necesidades de una parte importante de la población”, dice.

En momentos en que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) realizada en pandemia por el Gobierno, reveló que 2.112.185 personas viven en la pobreza,

las luces de salida de este escenario del trabajo precario conducen a nuevas formas de definir el modelo productivo y laboral, que rescaten conceptos de la economía social y solidaria, del buen vivir y los aportes del mundo indígena sobre la sociedad, vista como una totalidad y no como individuos”.

Entre los actores relevantes para dignificar el trabajo de “repartidores” y “socios conductores” en regla, menciona el fortalecimiento del trabajo sindical, por ejemplo y poner un énfasis en desnaturalizar la idea de la competencia entre trabajadores desde la formación educativa de las personas, en un aspecto más filosófico, concluye Candia. 

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