Sobre el caso Sename de Talcahuano
¿DDHH de primera y segunda categoría para menores de hogares de acogida?

En Temas (20 de noviembre de 2020)

Lejos de la zona cero del enfrentamiento social y las fuerzas policiales o del conflicto mapuche, dos menores de edad fueron heridos de bala por carabineros quienes respondieron brutalmente con armas de fuego al interior de un hogar de menores de Talcahuano. El mismo día que el presidente Piñera iba a ascender a nuevos oficiales de Carabineros, la sociedad tomó conocimiento (con impactantes imágenes) del hecho que al día siguiente significó la caída definitiva del General Director de la institución, Mario Rozas.

A partir de la jornada, la evolución del hecho fue revelando otros actos fallidos como la divulgación de un protocolo del Sename que, ante la descompensación de salud de los chicos o chicas, contempla la intervención policial directa, la desafortunada intervención del presidente Sebastián Piñera quien se refirió a los niños baleados como “accidentados” y, finalmente, los dichos del el ex canciller Teodoro Ribera diferenciando el trato institucional hacia niños y niñas que están en situación de protección respecto a niños y niñas infractores de ley. “Son dos cosas distintas”, dijo en la radio.

Al respecto, el sociólogo especializado en protección de la infancia y parte de la Red de Universidades Unidas por la Infancia, Alejandro Tsukame, cree que el tema complejo detrás de la protección, la detención y reinserción de jóvenes infractores/as de ley exige un análisis delicado. “Hay una percepción de que los niños del Sename son peligrosos, independiente de que sean niños que han infringido la ley o no. Esto es un indicador de que a muchos todo eso les da un poco lo mismo y que persiste un estigma de que los niños bajo régimen de protección, igual son un riesgo, son difíciles, son conflictuados, están dañados y otro montón de epítetos que son parte de un discurso evidentemente discriminador”, cree el docente de la Escuela de Sociología UAHC.

Agrega que se tiende a creer que los niños que necesitan protección, que han sido separados de sus padres o tienen problemas familiares se van a transformar indefectiblemente en delincuentes. Un sesgo que incluso acompaña a muchos profesionales que trabajan en este circuito. “Eso es algo muy grave porque simplemente es falso. Es una idea errónea creer que el abandono de los niños o su desprotección es origen de la actividad delictiva”, señala y liga esta idea con el curioso “protocolo de salud” que, como si se tratara de un centro de detención penal, considera la acción de carabineros cuando un niño o niña de estos centros cerrados se altera.

“Ese protocolo de salud invocado tendría por finalidad resguardar al personal de estos hogares, pero ¿por qué existe este protocolo?, ¿por qué existe algo así cuando hablamos de niños?, ¿por qué profesionales supuestamente preparados para trabajar con niños y niñas en esta situación se sienten amenazados?”, se pregunta Tsukame. “Creo que este lamentable hecho, se pudo prevenir por parte de este hogar dependiente del Sename, lo que no exculpa la violencia de Carabineros. Simplemente, estaban en el lugar equivocado”, estima, el académico.

En tanto, Isabel Plaza, Académica del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la UAHC, advierte que -ante todo- los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y que velar por su bien superior muchas veces queda en las intenciones. Recuerda cómo el Sename está en deuda desde hace mucho tiempo en estas materias y el informe que en 2018 registraba graves vulneraciones dentro de estos recintos. “Vulneraciones que han sido sistemáticas a lo largo de cuarenta años que parecen haber sido ignoradas por el ex ministro Teodoro Ribera o el Presidente”, plantea sobre cómo el hecho policial y criminal devino luego en una serie de comentarios deplorables de la autoridad.

Actos y dichos fallidos

Dos menores que lanzaron piedras y trozos de ladrillos a un vehículo policial fueron heridos de bala por Carabineros en una acción desproporcionada que, por otro lado, también se encontró con acciones destempladas. Desde la relativización de la gravedad de las heridas de estos jóvenes heridos “sólo en sus piernas”, como indicó el parte médico, hasta el Presidente refiriéndose a los jóvenes internados como “accidentados” y, más recientemente, el ex Ministro de Justicia Teodoro Ribera, que acusaba la diferencia entre los derechos de niños en régimen de protección y los infractores de ley. El profesor Tsukame lo llama una irresponsabilidad muy grande que es parte de un escenario mayor.

“No es de extrañar que toda esta seguidilla de hechos sea parte de, como decimos en Chile, bajarle el perfil a las cosas. Que el propio presidente haya dicho algo así no me extraña nada. Todo esto no es un accidente, no se puede calificar para nada como un accidente”, explica y coincide con Isabel Plaza: “No hay justificación alguna para que quienes han estado a cargo de levantar leyes que propicien una mejor vida para toda la población chilena, puedan decir tales barbaridades. Esto es algo que debe llamar la atención en la ciudadanía”, agrega Plaza.

Sobre las problemáticas declaraciones de Teodoro Ribera, el sociólogo Raúl Zarzuri, investigador en temas de juventud y adolescencia, aclara que cuando un niño está protegido por el Sename, quiere decir que han sido vulnerados sus derechos, por lo tanto, es el Estado quien tiene que asumir la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos, ya que sus familias de origen no pueden asumir esa responsabilidad. “La vulneración se refiere a temas de violencia y la imposibilidad de entregarles un hogar que les brinde alimentación y cuidado. Ahí no hay restricción de edad, como sí sucede con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil -que va de los 14 a los 18 años. Esa es la diferencia de los infractores de ley, quienes son aquellos que la han vulnerado”, señala el director de la Escuela de Sociología UAHC. “Son dos situaciones distintas. Es decir, unos son los casos de los hogares para otorgar protección a niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos y el otro, son casos de internación cuando se trata de penas más fuertes para quienes han transgredido la ley”, dice.

“Quienes trabajamos en la educación en derechos humanos hemos advertido desde hace tiempo algo urgente que está a la vista: es primordial que haya una formación en DDHH para las personas que están trabajando en el Estado. No es posible que un señor que trabaja en el Congreso de la República, que fue Ministro de RREE, que fue Ministro de Justicia, que fue rector de una universidad y que, además, es abogado constitucionalista, no conozca en detalle la Convención por los DDHH de las niñas y los niños”, sentencia la profesora Isabel Plaza. “Sus dichos, incluso, nos llevarían a pensar que las personas, no solo niñas y niños, sino que las personas infractoras de la ley no tienen DDHH. Entonces, es más grave atender la ignorancia de quienes, aún operando en espacios claves del Estado, intentan profundizar e instalar viejas diferencias sociales”, concluye la académica.

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