Un proceso constituyente en pausa
Académicos/as de la UAHC advierten sobre la institucionalidad agotada en un período de excepción

En Temas (2 de julio de 2020)

Sin previa consulta a ningún representante del Parlamento, el presidente Sebastián Piñera anunció su intención de convocar a un comité de expertos compuesto por ex parlamentarios, asesores y analistas; que buscará la manera de establecer estrategias para mejorar los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la constitucionalidad de las leyes, según señaló. De esta forma, aseguró, se “evitará que progresen mociones que no respetan la Constitución”, indicó en su momento específicamente después de que se discutiera un postnatal de emergencia en este período excepcional.

Tras las primeras críticas, en un tono similar al de otras polémicas medidas de un hiperpresidencialista sistema, el mandatario debió echar pie atrás y, en cambio, La Moneda enviará un proyecto de ley de alto quórum para que sea una comisión de parlamentarios la que “asesore” a las mesas de la Cámara y del Senado antes de que declaren si un proyecto es inadmisible constitucionalmente o no. Queda en el camino la propuesta del comité de expertos, pero no la sensación de que el ejecutivo persiste en utilizar una constitución agotada a la medida de sus necesidades.

En ese sentido, el rector de la Academia Álvaro Ramis, indicó que estamos asistiendo a una muerte de la actual Constitución. Puesto que no logra interpretarse por sí misma, ni puede tampoco contener los procesos que debería regular. “Esta salida de crear una comisión de expertos para interpretar a la Constitución, era absolutamente inconstitucional y refleja la debilidad profunda de la actual carta fundamental, lo que se agrava por tres factores. Uno de ellos es el estallido social, donde la legitimidad de la Constitución queda en entredicho. En segundo lugar por el conflicto interno del Tribunal Constitucional, que impide que su resolución genere condiciones para que ese órgano -que es el que la propia Constitución tiene para poder verificar la viabilidad de una ley – hoy esté en entre dicho debido a los cuestionamientos de corrupción interno que el mismo Tribunal ha generado”, cree la autoridad académica.

Respecto a las recientes propuestas en las que el mandatario ha pasado por encima de las atribuciones del legislativo, Ramis cree que estamos ante un eventual conflicto entre Poderes del Estado, lo que sería muy grave y por otro lado anticipa que muchos proyectos no podrían llegar a buen puerto dada la declaración de Piñera sobre actuar ante proyectos que, a su juicio “no respeten la Constitución”: “Esto vendría a agravar el conflicto en vez de solucionarlo, a través de una intervención de facto, imponiendo una interpretación restrictiva de la constitucionalidad de las leyes bajo la conveniencia del Ejecutivo, lo que haría que el poder del parlamento quedara deslavado y reducido a su mínima expresión”, cree.

Sobre el mismo tema, desde la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, el académico José Orellana sostiene que el gobierno se encuentra dividido. Esta conclusión es posible al ver que en un régimen presidencial, la tensión entre poderes es bastante más común y evidente que en otros. “Cuando el legislativo y ejecutivo se tensionan respecto de cómo se administra la agenda legislativa, y ello, se produce a causa de una mayoría política contraria al gobierno, se indica que existe el fenómeno del gobierno dividido, esto es, el gobierno quiere administrar un énfasis de proyectos de ley en el Congreso y éste, junto con rechazar tales iniciativas, busca instalar otras, que bajo nuestro ordenamiento y reglamento congresal, precisan del apoyo del ejecutivo para seguir avanzando”, señala el académico y Doctor en Estudios Américanos.

Fatiga de material

Señala Orellana que, por ejemplo, la idea del Presidente de llamar a un grupo de expertos para eventualmente  “mejorar los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la constitucionalidad de las leyes”, no necesariamente tiene que ver con el fenómeno de gobierno dividido., sino más bien como una oportunidad de desviar la atención de parte del sistema político a un conflicto entre poderes. Finalmente, Orellana remarca que entrar en conflicto con el Congreso, no es mala táctica, dado que la valía popular de ese poder del estado se encuentra muy devaluada. Por otra parte, el académico hace recordar que el proceso constituyente se viene muy encima, y cualquier distracción, puede ser útil para la derecha.

Con un proceso constitucionalista en pausa por la pandemia, la democracia se ha tensionado el enfrentar decisiones presidencialistas basadas en intereses que exponen las debilidades del modelo económico neoliberal que protege la Constitución, cree la abogada y docente, Jeannette Jara. Al ejemplo reciente que niega la posibilidad de extender un postnatal de emergencia, la académica suma iniciativas como el Bono Covid y la supuesta protección al empleo que han sido, a su juicio, medidas mezquinas pues no permiten hacer efectiva una cuarentena.

Plantea que la Constitución actual defiende las bases de un modelo que consagra la desigualdad social: “Ha reducido el rol del estado a la subsidiaridad y que ha convertido a los ciudadanos y sus derechos en consumidores de bienes y servicios que hoy no tienen ni la cobertura ni la suficiencia para asegurar la necesidad alimentaria y de servicios básicos”.

“Está disociándose de la realidad que son los principales objetivos que deben abordarse desde la política pública. Por ejemplo, en su propuesta alternativa al post natal de emergencia, el gobierno envía a las madres al seguro de cesantía, como si maternidad y cesantía fueran lo mismo. El presidente Piñera ha llevado la discusión a la defensa del modelo a través de la constitución, pero como país ya estamos claros que esta constitución no sirve, y debemos dotarnos de una nueva carta fundamental que reconozca derechos y de dignidad a las personas”, agrega la docente de la Escuela de Administración Pública.


Sobre el riesgo que significa para la institucionalidad el uso de las Constitución como un arma acomodaticia y  coercitiva, desde el Instituto de Humanidades, el académico Pedro Huerta cree que hay que considerar la historia del poder de las élites, detrás de estos procesos. “Es difícil pedirles a aquellos que resguardan este modelo económico y social, que lo cambien. El presidente Piñera es parte de ese conglomerado político y, al igual que muchos otros, ha hecho lo posible para que se mantenga una Constitución que se quedó estancada en los tiempos de la Guerra Fría y que fue muy oportuna para la dictadura saliente. Su hermano fue quien hizo el modelo de previsión, Sebastián Piñera ejecutó la bancarización de los chilenos y el fundador del principal partido de gobierno, Jaime Guzmán, fue el ideólogo de esta constitución creada a la medida para que quienes gobernaran no hicieran nada muy diferente a lo que ellos deseaban al escribirla”, señala.

Huerta sostiene que la derecha política en Chile ha generado sistemáticamente un rayado de cancha que es el terreno donde se desarrolla el juego político hasta hoy y una evidencia- pero también efecto de estas décadas de abuso y control- es el estallido social y la irrupción de las masas agotadas de este modelo. Respecto a lo anterior, Pedro Huerta piensa que la respuesta del gobierno ha sido, precisamente, detener por cualquier vía el proceso constituyente y hacer caso omiso de él. “Si bien la pandemia ha paralizado este proceso, el presidente siempre ha ignorado esta voluntad de la ciudadanía como si las leyes fueran sagradas, inamovibles y emanaran desde un origen sobrenatural”, plantea el académico.

Así es como tras declararse inadmisible el proyecto de ley posnatal de emergencia en el Parlamento, el presidente anunció la cita de ex parlamentarios, académicos y expertos para proponer estrategias para determinar la admisibilidad de proyectos de ley -según el mandatario- para “respetar la constitución”. Huerta, lamenta la ausencia de una oposición que pueda hacer equilibrio ante este tipo de excesos. “Estamos ante una oposición desintegrada, descompuesta y sin liderazgos. Una oposición que no cuenta con vasos comunicantes que la relacionen con la sociedad. Esa demanda es una necesidad, hoy. Marca un punto de inflexión entre ambas fuerzas pues donde podría haber un nuevo aire o una oportunidad de rearticular el equilibrio, hay nuevos parlamentarios que, desgraciadamente, tampoco han cumplido su rol de oposición ni han tenido una idea de bloque articulador ante obstrucciones como las que plantea Piñera”, señala.

Finalmente, recalca que la historia constitucional de nuestro país se ha escrito como iniciativa de los grupos vencedores y que se han impuesto por la fuerza y no la deliberación política. “Y esa fuerza ha sido traducida en un lenguaje constitucional”, cree el Magíster en Historia Económica y Social, candidato a doctor en Estudios Trandisciplinares Latinoamericanos.

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