El viejo sindicato fuerte a la bajaLos efectos de la Reforma Laboral en la unión sindical

Por encargo de la Dirección del Trabajo, a comienzos de mayo el Consejo Superior Laboral entregó al Ministerio del Trabajo su informe acerca del alcance de Ley de Reforma Laboral a dos años de su implementación. El documento registra un estancamiento en la tasa de trabajadores/as afiliados/as  a sindicatos al 2018, es decir, persistió una tendencia de décadas anteriores pese a que dichas reformas laborales ejecutadas en el gobierno de Bachelet buscaban revertir ese proceso.

Las cifras del informe muestran que la cantidad de trabajadores/as inscritos/as en sindicatos se situó en el orden del 20,6% (esto es 1.043.709 de personas afiliadas, de un total de 5.068.370 trabajadores/as asalariados/as). Esto significa, incluso una cifra inferior al 20,9% registrada en 2017 y un freno de una tendencia al alza que se venía observando desde 2011, cuando la cifra estaba en 15,5%. El oficialismo ha celebrado que estas cifras de sindicalización se encuentren dentro del promedio de los países OCDE. Es decir, una tasa que supera la de países como Holanda (19,8%), Portugal (19,5%), Alemania (19,2%) y Colombia (18,5%), pero lejos de naciones como Islandia (92,8%), Dinamarca (71,7%), Suecia (71,7%) y Finlandia (65,3%).

Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y egresada de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, cree que esta serie de reformas han precarizado al trabajador y, de paso, debilitado aún más el estatus del sindicalismo y los derechos ganados por la unión sindical. “Estamos discutiendo en Chile si vamos a lograr defender los derechos que nos hemos ganado, porque hoy día se relativiza el derecho a huelga, se quiere reponer a los grupos negociadores, entonces, miremos con perspectiva el debate”, señala.

Agrega que se ha insistido en legislar considerando otras realidades donde el trato laboral es muy distinto y la calidad de vida es producto de un conjunto de avances sociales y no de reformas específicas. “Esto no es Finlandia, no es Suecia, por lo tanto, que a mí me digan que en Chile no estamos al nivel de los países nórdicos en la sindicalización, me parece que no es el mensaje real”, lamenta.

Respuestas creativas y organizadas

¿Cómo se explica entonces que un proyecto que, supuestamente fue diseñado para favorecer la sindicalización, no haya cumplido su meta?. Los profesores/as de la Escuela de Historia, Dra. Viviana Bravo Vargas y Dr. Rodrigo Araya, creen que la respuesta se relaciona con un asunto más estructural que una política pública. Ambos llevan adelante sendas investigaciones FONDECYT con puntos tangenciales en esta coyuntura.


En el caso de Araya, “¿Autónomos, copiados o subordinados? Continuidades y cambios en las trayectorias del sindicalismo durante el proceso de democratización (1983-2003)” da cuenta de la historia reciente del movimiento sindical, específicamente desde los días de la dictadura hasta los gobiernos democráticos. Una temática que ha venido desarrollando también como parte de su tesis doctoral y en otros artículos de la disciplina.

En tanto, la doctora Bravo continúa un trabajo postdoctoral abocado a la protesta del sector popular desde los años 40 hasta la dictadura con “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo. Santiago y Valparaíso  1947-1964”. La investigadora apunta que en su proyecto, tanto la organización sindical como los partidos políticos de clases son planteados como una relevante fuerza motriz.  “Me parece que la organización es un factor fundamental para lograr conquistas y defender los derechos de los trabajadores”, dice. Las proyecciones de cada trabajo también corren por canales similares.

Acerca de la problemática histórica, la investigadora especialista en protesta popular y lucha armada en Chile cree que estamos ante un conflicto profundo cuyas grietas las encontramos en nuestra historia reciente. “La despolitización, el individualismo y la pérdida de horizontes utópicos impiden enfrentar un complejo cuadro de desprotección, flexibilización y precariedad del trabajo que impone el capitalismo en su despliegue neoliberal. En este sentido, la conciencia, la identidad de clase, las formas de organización y diversas formas de lucha -como la huelga- con que contaban los trabajadores para negociar los límites de la explotación asalariada se desdibujan”, señala.

En tal sentido, la acumulación a costa de los y las trabajadoras continúa sin trabas e incluso con leyes que favorecen ésta práctica. “Ese es el escenario actual que resulta imperativo revertir en forma creativa y organizada. En tanto, los mayores avances que registra el movimiento de trabajadores y trabajadoras en nuestra historia han sido acompañados en las calles, fábricas y oficinas por organizaciones políticas y sindicales de clase fuertes”, destaca.

Historia de la protesta

El profesor Araya acusa que históricamente las cifras sobre sindicalización en Chile han sido manipuladas dependiendo de diversos intereses. Estadísticas “más fidedignas” de fines de los años 70, tras la implementación de planes laborales actualizan tasas de unión sindical desde un supuesto 28% a un 15% en 1978 e incluso a un 10% el año 1983, lo que atiende a un promedio de 350 mil personas sindicalizadas aproximadamente.

La política económica tenía, pues un efecto perverso en las tasas de sindicalización dependiendo de qué áreas económicas estaba esa fuerza obrera ubicada: la industria minera, textil, del metal u otras que fueron desapareciendo y provocando cambios en las tasas de filiación a la baja. El modelo actual tiene un énfasis en el sector terciario de la producción donde históricamente ha existido una baja tasa de sindicalización, señala acerca de algunas trabas institucionales puestas a la sindicalización.

“La idea de libertad sindical o de conformar más de un sindicato contiene el problema de que solo puedes negociar colectivamente para mejorar tus condiciones o llegar a algún acuerdo, sin embargo, se establecen trabas por ramas de negociación en la mediana y pequeña empresa para que la única opción sea poder negociar a través de confederaciones de sindicatos. Entonces, como el/la trabajador/as ve que su sindicato tiene poco éxito y requiere el acuerdo con muchos otros, no siente mayor estímulo para afiliarse”, agrega el profesor Araya.

El Magíster y Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que, si bien la reforma laboral de Bachelet apuntaba a favorecer la libertad sindical, los dictámenes de la Dirección del Trabajo han apuntado durante los últimos años a restarle poder negociador a estos grupos. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de estas reformas colectivas y apoyado iniciativas de servicios mínimos en las que se permite contratar trabajadores durante las huelgas, por ejemplo.

También los/as empleadores/as puedes negociar condiciones laborales de manera unilateral sin pasar por el sindicato, y la ley no garantiza al/la trabajador/a el no ser despedido/a, no existen sanciones legales mayores para las prácticas antisindicales o bien las multas son cifras simbólicas; todos estos son ejemplos del escenario gremial que mantiene la subordinación empleado-empleador en una relación simétrica muy similar a la que existía en 1979.

“Respecto de estos datos y a las cifras a la baja en la sindicalización, me acojo a lo que han planteado los líderes de los/as trabajadores/as en cuanto a la práctica de judicializar las negociaciones colectivas. Es decir, como tanto empleador/a  y la otra parte pueden recurrir a la justicia por igual durante un proceso de negociación, se hace muy difícil llegar a acuerdos y se le resta eficacia al sindicato desincentivando la filiación”, reflexiona.

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