Cuatro perspectivas sobre el proyecto que amplía el control policial a menores de 14 años

En Artículo del Boletín de Investigación (10 de abril de 2019)

La más baja aprobación popular del mandato del Presidente Sebastián Piñera llega poco después de que se le diera prioridad a un plan impopular. El proyecto de ley que amplía el control policial a menores de edad desde los 14 años y otorga nuevas atribuciones a los funcionarios de Carabineros (como registro de las vestimentas y equipaje de personas o la detención de hasta por media hora para el control civil) se ha topado con la férrea crítica de organismos locales e internacionales. La oficina chilena de Unicef advierte que un plan de ampliar el control de identidad preventivo en adolescentes contraviene varias disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y que no existe evidencia internacional que señale que una práctica de este tipo permita reducir la delincuencia.

Para el sociólogo Raúl Zarzuri, Doctor (c) en Educación UAHC, es curiosa la dualidad de un gobierno que considera a los menores con las suficientes responsabilidades penales de un adulto, pero que para materias ciudadanas sigue viéndolo como un chiquillo.


“Me llama la atención cómo este joven de 14 años tiene – según el gobierno- discernimiento para algunas cosas, pero para otras no. Es decir, puede enfrentar a la ley, un control de identidad o a la justicia como alguien bastante mayor pero en otros asuntos no es tomado en cuenta. Entonces, en ese mismo sentido, ¿por qué no bajamos el derecho a voto a los 14 años entonces?, ¿La posibilidad de obtener licencia de conducir o de poder casarse antes de los 18?”, se pregunta el docente de las carreras de derecho y sociología autor de una extensa producción bibliográfica especializada en juventud.

“Hay países de Europa donde los jóvenes están autorizados para consumir alcohol, pero donde esta práctica está ajustada a derechos y responsabilidades. Pienso que en Chile existe una forma opuesta de calificar estos temas. Debería trabajarse más la prevención que en un aspecto punitivo que enfocarse en acciones sobre delincuencia. Porque si se va a penalizar a la juventud tan fuertemente por diversas conductas en búsqueda de políticas efectivas, por otro lado también debería penalizarse claramente los delitos de cuello y corbata”, agrega Zarzuri.

 

La cultura del adolescente disconforme


Actualmente, el sociólogo se encuentra ejecutando uno de los Fondos Institucionales de Investigación y Creación (FIIC) titulado “Jóvenes y militancias políticas en el Chile actual: Rupturas y continuidades”. Otro de estos proyectos, liderado por la directora de la carrera, profesora Paulina Vidal, sobre estudiantes de educación superior y movilidad social, contó con dos exposiciones del sociólogo francés Jean Pierre Halter, en donde comentó algunas similitudes entre la juventud chilena y la europea en términos de su criminalización.

Consultado sobre la ampliación de controles policiales a menores de edad, el investigador es enfático acerca de derechos que son fundamentales. “Existe una legislación para los adultos que es clara, que es específica, pero también una más delicada que se refiere a los menores. Es decir, no existen tres o cuatro o cinco diferentes clases de edad: hay mayores y menores de edad, simplemente.  Si bien hay adolescentes que delinquen, en su calidad de ciudadanos por formarse aún, mi responsabilidad como Estado no es buscar formas de controlar, castigar o encerrarlos, sino ver la mejor forma de ocuparse de ellos desde la prevención”, reitera sobre este debate que, en Francia, asegura, se tuvo con recursos de por medio que eran entregados a escuelas, familias y trabajadores sociales para favorecer instancias educativas y de retención.

“Existe toda una cultura que puede crearse con adolescentes disconformes antes de que estallen en actos de delincuencia o sean tratados como otros que son mayores. Hay acciones especiales educativas que son muy importantes para que no se vayan a la cárcel cuando sean mayores pues hay derechos universales de los niños y adolescentes que no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia”, señala.

Control social desde la técnica

Por su parte, el sociólogo Alejandro Tsukame, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, docente de la Academia, también se ha posicionado como un referente en adolescencia y jóvenes infractores de ley desde una perspectiva social. A lo largo de su investigación se ha preguntado permanentemente quién considera los derechos de los jóvenes que delinquen y advierte que, aunque la respuesta no es optimista, la responsabilidad no es exclusiva de los sectores de la derecha.

“Tanto en los gobiernos de la Concertación como de la ex Nueva Mayoría se levantaron este tipo de voces, producto de la alarma por una ola de hechos delictuales con cierta resonancia pública. Esto fue amplificado por los medios de comunicación y el mundo político quiso demostrar una correlación casi perfecta entre jóvenes pobres, delincuencia y violencia. Así, hemos visto surgir un “populismo penal” contra los jóvenes, que enigmáticamente no surge cuando hay que levantar la voz sobre los delitos de los poderosos”, sostiene.

Tsukame advierte que existe una disonancia entre esta lógica del control y el castigo de los menores con otro tipo de proyectos institucionales como implementar un acuerdo nacional de la infancia y el promover los derechos de los niños: “Proponer un control policial a menores de 14 años contraviene todo lo anterior y plantea un alto riesgo de vulnerar los derechos de los niños. Creo que es muy engañoso este discurso paralelo donde una mano no reconoce lo que hace la otra. Finalmente, todo se realiza en una lógica muy rendidora de control de la población a través de mecanismos técnicos como el de esta ampliación del control de menores”.

El doctor en sociología, acaba de publicar en un relevante libro manual sobre “Criterios de calidad para centros de protección de infancia y adolescencia” y ha comenzado a difundir resultados de otra investigación llevada adelante con la Dirección de Vinculación con el Medio acerca de las expectativas de los adolescentes que salen de los programas de cuidado y acogida a la sociedad.  Basado en esta indagación, Tsukame cree tanto el gobierno como la ciudadanía debería hacerse eco de que el debate de la seguridad y el control de identidad para jóvenes es, en definitiva, un asunto de oportunidades.

“Es llamativo cómo en Chile, más del 50% de los jóvenes entre los 25 y 29 años, continúan viviendo en casa de sus padres. Si sumas a los que a esa edad viven con familiares, la cifra aumenta a un 60%. Por otra parte nos encontramos con que los jóvenes que han tenido dificultades y han debido ser enviados a hogares de menores por no tener esa familia referente… llegados a los 18 años deben irse donde puedan o a la calle. Esa es un tipo de desigualdad brutal de la que nadie habla”, concluye.

Una no contradicción

Si bien Piñera comenzó su gobierno hablando de su compromiso con la infancia, ahora propone el control policial a menores, reitera la académica de la Escuela de Trabajo Social Alejandra González Celis. Sin embargo, para ella esto no es una contradicción para el tipo de preocupación que ha tenido este gobierno de una infancia por sobre otra: “Es una contradicción si lo miramos desde el punto de vista del resguardo a los Derechos Humanos de niños y niñas, pero no es una contradicción en un sentido del tipo de preocupación que ha tenido este gobierno, por qué tipo de infancia. Cuando el presidente dice “los niños primero” está refiriéndose a un determinado tipo de niño, por sobre otro”.

En ese sentido, agrega que este gobierno ha agudizado esta diferencia entre niños y niñas que aparecen con características de bondad e inocencia versus aquellos y aquellas que hasta hace poco se denominaba como “menores”, como “infractores de ley”, “sospechosos” y “peligrosos”. Estos son los que merecen un control de identidad, sostiene el Ejecutivo”, comenta la co-investigadora del Fondecyt  “Infancia Institucionalizada y vida cotidiana de la niñez en las residencias de protección de Santiago de Chile”.

“Desde su propio discurso están protegiendo esa idea de que el que nada hace nada teme, que favorece que los derechos sean una especia de bien del cual se puede prescindir.  Pero el derecho de cada niño y niña no es una propiedad, es algo inalienable a los sujetos y que no puede pasarse a llevar en un mecanismo tan cuestionado como esta vuelta a la detención por sospecha y al control de identidad de niños y niñas”, reflexiona la académica.

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