Aprobación del TPP-11: Peligrosa amenaza a la vida

En Punto de vista (17 de mayo de 2019)

(*) Por Silvana del Valle Bustos

Esta semana se ha aprobado por la Cámara de Diputados chilena el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), también conocido como TPP-11, en alusión a los países que conforman dicho marco regulatorio para las relaciones comerciales en un mundo globalizado. A la desilusión y rabia por la transversalidad del lobby, al temor por el futuro del medio ambiente y, en definitiva, la perplejidad por la rapidez con que las transnacionales consiguen legislación que a los movimientos sociales cuesta, literalmente, sangre sudor y lágrimas, debe sumarse la preocupación por los costos específicos que los Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen para la vida de las mujeres, niñas y niños. Una preocupación que el movimiento de mujeres y feminista viene manifestando desde fines del siglo XX, cuando se desarrollaban negociaciones para cerrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se transformaron en la crónica de una feminización de la pobreza anunciada.

Hoy el TTP-11, junto con otros acuerdos comerciales en que Chile se encuentra en diferentes etapas de negociación y promulgación legislativa, amenaza específicamente la vida de mujeres, niñas y niños en tres frentes. Por un lado, profundiza una división sexual del trabajo que les desvaloriza. En seguida, se anuncia como “progresista” al incorporar, entre otros capítulos sobre grupos “minoritarios”, un capítulo de “género”, a fin de mostrarse como si estuviera cumpliendo nuestras demandas de las últimas décadas, sin en realidad cumplirlas. Y, como corolario del mito de la meritocracia neoliberal en que se inserta, ofrece poderosas herramientas técnico-jurídicas a las grandes corporaciones, las que jamás se han implementado para el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos de mujeres, niños, niñas y niñes –de los que Chile es parte integrante y constituyen, al menos en el papel, ley de jerarquía supraconstitucional.

En relación a la profundización de la división sexual del trabajo impuesta por la alianza patriarcado-capital, el propio texto del TPP-11, de difícil acceso para la ciudadanía chilena en las páginas web de la Cancillería o el Congreso, deja claro el nulo interés en la calidad del trabajo a realizar por mujeres, jóvenes y niñes. Sólo a modo ejemplar, el texto utiliza las palabras “mujer” o “mujeres” en 43 ocasiones, sólo 6 de las cuales se encuentran en su articulado. Dichas 6 menciones se limitan a una declaración programática de intenciones (es decir, sin herramientas para su cumplimiento) para “mejorar las oportunidades” de las mujeres en el crecimiento económico (art. 23.4 y 23.5). El resto de las menciones, así como las de las palabras “niña” y “niño”, se encuentran en los anexos y se refieren a las libertades de las empresas para comercializar productos para “mujeres”, “niños” o “niñas”. ¿Qué significan, entonces, declaraciones como mejorar la “igualdad de oportunidades” o “desarrollar sus habilidades y capacidades, y mejorar su acceso a los mercados, la tecnología y el financiamiento” si no hacen mención al mundo reproductivo y carecen de contenido respecto de lo productivo? En el contexto, además, únicamente puede implicar que las mujeres debieran ver aumentar su acceso al consumo y al teletrabajo, es decir, a un trabajo precariamente regulado y pagado. Más aún cuando “la promoción y el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología” de ningún modo menciona la posibilidad de implementar educación sexual y no sexista.

Así, en estas promesas vacías de contenido, de las que tanto se han vanagloriado líderes de “izquierda”, como el ex canciller Heraldo Muñoz y el propio ex presidente de Uruguay José Mujica, por su “modernidad”, el TPP-11 con su capítulo de “género” nos dice que todo cambiará para que finalmente nada cambie en relación a nuestra vida. El capítulo de “Mujeres y el Crecimiento Económico” promete una “identificación de mejores prácticas relacionadas con la flexibilidad laboral” (art. 24.4.2.a). Ello, en lugar de valorar al menos financieramente nuestro trabajo –encontrándonos bastante lejos de una valoración en otros paradigmas–, mantiene la distribución de las tareas domésticas y de cuidado radicadas en las mujeres. Al final del día, de acuerdo a lo que regula el TPP-11, las mujeres de clases sociales bajas sólo han de aspirar al teletrabajo mal remunerado, llamado “flexibilidad” o “emprendimiento”; mientras las mujeres de clases más altas deberán contentarse con el “liderazgo” o las “gerencias”, sin importar la brecha salarial ni la doble jornada que experimentamos.

Finalmente, el TPP-11 nos inflige una estocada a todos, todas y todes, al implementar una potente herramienta jurídica a favor de los grandes intereses empresariales: la posibilidad de dejar sin efecto normas, medidas y políticas públicas, e incluso demandar perjuicios al Estado, ante la no obtención de la llamada “expectativa de obtener ganancias o utilidades” (art. 9 y 18). Así, mujeres, niños, niñas y niñes virtualmente no podemos responsabilizar por la violencia ejercida en nuestros cuerpos a los Estados o las transnacionales; ni el TPP-11 ni otros TLC supuestamente progresistas aprovecharon sus vacíos capítulos de “género” para implementar herramientas de cumplimiento de tratados de Derechos Humanos para mujeres y niñes, como la CEDAW, la Convención Belém do Pará o la Convención de Derechos del Niño. Pero las transnacionales sí podrán incluso señalar a las leyes que Chile pretenda aprobar en protección de los Derechos Humanos (medioambiente, salud, educación, trabajo, propiedad intelectual de los pueblos originarios, una vida libre de violencia, etc.) como factor que les impide recoger su “expectativa de ganancia”, convirtiéndose así en la más moderna arma de destrucción de los pueblos.

Es por esto que desde el feminismo, quedando el Senado como último paso legislativo para la aprobación de este tratado internacional, resulta un imperativo ético y moral continuar el rechazo al TPP-11 y su peligrosa amenaza a la vida de todos, todas y todes.

(*) Abogada, LL.M., J.S.D. Académica Investigadora Escuela de Derecho UAHC. 

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