Cabildos, Asambleas y Nueva Constitución:  De los subterráneos al protagonismo

En Punto de vista (13 de noviembre de 2019)

(*) Por Raúl González y Francisca Márquez

 

Columna publicada en revista del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico

Estamos viviendo el proceso emergente de asambleas y cabildos. Desde el 24 de octubre hasta hoy, 1 de noviembre, surgen en plazas, bibliotecas, sedes del Cuerpo de Bomberos, Universidades, sedes sociales y canchas del país. En ese tiempo -mezcla de espontaneidad y búsqueda consciente de caminos que conduzcan la energía social concentrada hacia la construcción de un nuevo tiempo- se han realizado a lo largo de Chile, más de 200 cabildos abiertos, asambleas populares, asambleas ciudadanas, asambleas territoriales. Al 3 de noviembre ya habían programados, al menos, otras cincuenta. En ellas, discusiones sobre la Constitución y la Asamblea Constituyente que habían comenzado a integrar muchas demandas expresadas en gritos y carteles y afiches de las marchas y concentraciones. Son espacios que buscan ampliar el sentido y la fuerza de los acontecimientos, frente a lo cual la elite gubernamental y empresarial ha mostrado que solo puede ofrecer algo menor si no hay fuerza y propuesta de parte de los ciudadanos y del pueblo.

Es el cauce “natural” que se fue ensanchando desde el estallido del 18 de octubre;  que creció como reguero de pólvora a lo largo de Chile. Recogió una fuerza subalterna y subterránea, hecha de rabia, malestar y deseos de otro país distinto. Frente a ello ni el “estado de emergencia” ni el “toque de queda” ni el “paquete social” (bautizadas como “migajas”) fueron capaces de establecer un dique. Por primera vez en 30 años un boquerón macizo y expreso se abre en el sistema. En estos días, semanas, se entrará al terreno sobre qué dirección tomará esto o, si se prefiere, que orientaciones entrarán en juego. Pasan los días, y las semanas, y el estallido pareciera, sin apartarse de la calle, ir dando paso a la discusión, a la búsqueda de alternativas, a la altura de aquel estallido.

Preludio y nutrientes del estallido

Mediodía del lunes 14 de octubre de 2019, un grupo de estudiantes secundarios, luego de subido el pasaje, salta los torniquetes del metro en una de las estaciones centrales de Santiago: estación  Universidad de Chile. Llaman a evadir, no pagar, como otra forma de luchar. Allí ya mostraban audacia, fuerza y una declarada solidaridad con los adultos, pues su propio pasaje no había aumentado. No era la primera vez que los jóvenes iniciaban movilizaciones, aunque no de esta magnitud. Así lo hicieron el 2006 con “la revolución de los pingüinos”, estudiantes secundarios, y el 2011 con movilizaciones universitarias y secundarias. Esos alzamientos que sirvieron para recoger otras demandas sociales (hoy expresadas, nuevamente) en su dimensión más profunda expresaban  la oposición a la legitimidad de las ganancias y el lucro en un asunto público como la educación, a su mercantilización y a la necesidad de su gratuidad y calidad, entendida aquella como bien común.

Esta vez, el factor gatillante fue otro y tuvo una sorprendente capacidad de recoger, expresar y proyectar una realidad y subjetividad colectiva alojada de diversas maneras en la sociedad. Días antes de ese primer gesto de evasión del metro, el 6 de octubre, la tarifa del Metro de Santiago -empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno, aumentó en 30 pesos el precio del ticket en “hora punta”, llegando a  $ 830 pesos (US$ 1,2), valor que ya era alto. Estudios muestran que en Chile, el costo de realizar 50 viajes mensuales en hora punta, en Metro, equivale al 13,78% de un sueldo mínimo, mientras en Buenos Aires es 5,71%, en Lima 8,18%, en Ciudad de México 7,97%, y en Medellín, otro de los más caros, equivale al 12,64%. Se mostraba, además, que de alrededor de 240 días del año, 15 días completos, los pasábamos en un metro.

Humoradas de la elite gubernamental: Una larga cantidad de ejemplos pueden rastrearse en el “hablar elitario” del neoliberalismo precoz y radical chileno (desde año 1975) que revelan su distancia con la sociedad y el mundo popular. El resguardo permanente de no ser acusado de populista, levantado desde una razón tecnocrática que presume de científica y sin ideología, ha sido uno de sus fundamentos. Sin embargo, en los últimos meses, desde la actual elite gubernamental, ello se había densificado y exagerado, añadiendo dosis de un desprecio, que será luego contestado desde miles de rayados, carteles y gritos que hablaban de que esta era una lucha por la dignidad: ¿y el pueblo dónde está?..está aquí en las calles pidiendo dignidad.  Ello mostraba la confianza de la elite en que la sociedad chilena si bien tenía problemas –rutinaria y monocordemente expresada como insuficiente crecimiento- estaba, sin embargo, bajo control. Nada más claro de esa visión la idea del “oasis chileno” que señaló el presidente frente a la conflictividad de los otros países del “barrio” (América Latina); y de que éramos parte de “las ligas mayores” (pertenencia a la OCDE) y, en lo inmediato, anfitriones del próximo encuentro de la parte más dinámica del mundo (APEC). Y de la COP 25.

Es en ese círculo propio del “mundo de arriba”, que se explican en estos últimos meses, referencias y consejos hacia los chilenos, desde ministros y parlamentarios. Ello expresó sus referencias espaciales y culturales estrechas, de clase alta de catolicismo decimonónico lejanas de la realidad y del sentir de la gente de a pie, que no pudieron sino ser sentidas como una acumulación de provocaciones. J.A. Valente, ministro de economía, se había lamentado que la gente lo estereotipaba como un “cuico” lo que, según él, no era cierto  pues conocí Europa recién a los 30 años. A la vez, sugería a los chilenos en general, diversificar las inversiones pues es sano que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, y pensar mejor que voy a invertir parte en Perú, parte en Argentina o parte en Estados Unidos. Respecto de demandas que se hacían al Estado, otro ministro había señalado que es común escuchar grupos que protestan exigiendo que el Estado se haga cargo de problemas que son de todos nosotros. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso maloy yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?”. Recientemente, luego de entregado el Índice de precios al Consumidor (IPC) de septiembre y luego de reclamos de que ello no reflejaba bien el real aumento del costo de la vida del mundo popular y de los sectores medios, el Ministro de Hacienda aconseja que se regalen flores en este mes, (ya que) ha caído su precio…”; antes había dicho (que) las madres nos ayuden, que recen, para que se solucione la guerra comercial. Frente a los largos tiempos de espera en los consultorios (salud primaria) el Subsecretario de Redes Asistenciales (ministerio de salud) Luis Castillo,  señaló que ello se explicaba porque las personas no solo va a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social y permanecen allí. El Ministro de Vivienda, en una sesión del Senado afirmó que a mayoría de los chilenos son propietarios de una casa, dos departamentos,…lo que constituye nuestro gran patrimonio. Quizás lo más explícitamente ofensivo de estas miradas de la élite había sido la descalificación de la senadora de la UDI Jacqueline Van Rysselberge, acerca que cualquier “patipelao” se siente con el derecho a insultar a alguien que trabaja en el servicio público. Esto como reacción a los cuestionamientos que se hace desde mucho tiempo a los sueldos (dieta) de los parlamentarios chilenos, de los más altos del mundo. Finalmente, pocos días antes del surgimiento de la revuelta, el también reciente nuevo ministro de economía, J. A. Fontaine, luego de aumentado el precio del pasaje de metro, invita a sus usuarios a “levantarse de madrugada” (como si no lo hicieran ya) para tomarlo en “horario valle” (de precio menor, pero que también había subido). Todas estas expresiones recientes, habían sido alimento nutriente de redes sociales, con muestras de indignación  e incluso habían sido parte de la explicación del cambio de algunos de esos ministros.

La culminación de estas distancias con la sociedad, ocurre el día viernes 18 de octubre. Mientras la capital comienza a ser el escenario de un estallido y revuelta social, el presidente Piñera elige comer pizza en el barrio oriente de la capital, en un cumpleaños familiar. El fuego, la revuelta, la ira comienzan a despertar. Las redes sociales, como en todos los casos anteriores, juegan su rol de divulgadores y denunciantes. El presidente vuelve apresuradamente a la Moneda seguramente pensando cómo se había saltado del Oasis a este alzamiento y, probablemente, que sería algo acotado. Las ideas de la dignidad, del pueblo, del despertar, comienzan a dar la unidad básica de la fuerza dispersa.

Abusos e impunidades: Pero no solo los dichos señalados, con su agresión simbólica, horadaron la paciencia social. En el tiempo más largo de la democracia post dictatorial se habían acumulado historias de abusos especialmente desde grandes empresas; de allí la expresión que 30 pesos eran, en realidad  30 años, lo que se leerá en muchos carteles y rayados de los días siguientes . En paralelo, a los abusos, se palpo desde la sociedad la semi-impunidad (inexistencia o leves penas) de sus autores. En este largo listado se cuentan las evasiones de las empresas “zombies” de Lucksic, Piñera, empresa Penta, entre otras; las colusiones de las empresas avícolas (1996 – 2010), de las empresas de papel higiénico (2000 – 2011), de las farmacias (2007-2008), de la corporación multinacional de tiendas estadounidense Wallmart (2010-2014), la Isapre Banmédica (2008- 2013), Sociedad Química y Minera de Chile – SQM (2010 -2014), el caso CAVAL del hijo y nuera de la expresidenta Bachelet (2015), el no pago de contribuciones de una de las residencias secundarias por parte del presidente Piñera (1989 – 2019). Entre los años 1996 y el 2019, de acuerdo al estudio del economista Javier Ruiz Tagle, la elusión y la corrupción de empresas e instituciones llegaron a costarle al Servicio de Impuestos Internos una pérdida de U$ 4.982 millones. Pero también aparecieron los dineros  oscuramente obtenidos ganados por las altas oficialidades de la Fuerza Aérea (coimas en compra de aviones); el desfalco de fondos institucionales de Carabineros de Chile (Paco-Gate, 2000-2019); el fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre por parte del Ejército de Chile (Milico-Gate, 2010-2014).

Los desfalcos y niveles insospechados de corrupción, trampas, abusos, aprovechamiento de la ley a favor, solían presentarse como pequeñas manchas o excepciones dentro de instituciones supuestamente sustentadas en principios; eran unos pocos malos empresarios o jefaturas de instituciones, pero como país estábamos bien y éramos los más limpios del “barrio”. La poca legitimidad social de ese discurso se  perdía aún más cuando después de recorrer el mundo intricado de las normas y tribunales, se anunciaban penas más cerca de la impunidad que del castigo. Así se extendió una fundada convicción de que habían dos justicias, que tomando el “caso Penta” (empresa financista de algunos políticos) como referencia, se expresaba en que la “cárcel es para pobres, y las clases de ética para poderosos y se transforma en un ícono de la impunidad de la clase empresarial: cuatro años de cárcel con beneficio de libertad vigilada intensiva, una multa de $857 millones para cada uno, lo que correspondía al 50% del valor de los tributos eludidos; ello se completaba con la obligación de realizar clases de ética en la Universidad pro-empresarial Adolfo Ibañez.

Desigualdades materiales y oportunidades: Afirmaciones elitarias, abusos, impunidades, corrupciones, tienen como base -y a la vez construyen- una desigualdad socioeconómica extrema  que es denunciada por la protesta no producto de una coyuntura o un ciclo pasajero, sino como un modo de reproducción de la sociedad y la economía. La percepción extendida es que la sociedad chilena tiene un grupo extremadamente rico que habita zonas y mundos exclusivos y que más algunos más amplios configuran a los privilegiados. Los datos corroboran eso: según estudio de la CEPAL (2017) el 1% de la población del país se quedó con el 26,5% de los ingresos y por contrapartida el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de ellos. La desigualdad está en los salarios pues la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a $ 400.000 mensuales (US$ 562). El ingreso medio está muy por sobre el ingreso mediano, es decir los que están sobre el ingreso medio son muchísimos menos que los que están bajo él Es la llamada “trampa de los ingresos medios. Si se proyecta, cuando el país tenga US$ 25000 per/caita (meta de los economistas oficiales para alcanzar el desarrollo) un porcentaje mayoritario tendrá solo US$ 7000

En correspondencia con esta desigualdad de ingresos –producto y productora de la desigualdad de la riqueza- la desigualdad se expresa en las diferencias en el acceso a servicios como salud, educación, vivienda y pensiones. Todo esto aparece en una diversidad de carteles estandarizados (como No + AFP) y en carteles y rayados creados por colectivos, grupos pequeños y aun personales (abuelo, lucho por tu pensión). Una gran cantidad de jóvenes han salido de la educación superior en las últimas décadas: de universidades e institutos profesionales. Antes de la implementación de una gratuidad arcial (los seis deciles más pobres), el grado de endeudamiento acumulado producto de una educación privatizada, con claro beneficio para la banca, enfrenta a buena parte de esos jóvenes profesionales endeudados, a las precariedades del mercado laboral. Aumenta, también la generación de pensionados bajo el sistema de capitalización individual, cada uno según lo que haya acumulado,  y que se enfrenta a unas pensiones que no alcanzan a financiar una vida mínimamente digna. En ese contexto y proceso, ni la idea oferta del “chorreo”, ni la imagen de “país exitoso”, ni los discursos ofreciendo más igualdad que aparecían de tiempo en tiempo, dejaron de tener significado.

Complacencia política y cachetadas de payaso: La política suele ser, en ocasiones, una esfera desde la cual se aminoran las desigualdades socio-económicas; un contrapeso de las tendencias del mercado puro y duro y de las estrategias privadas que concentran las riquezas e ingresos. Pero eso no ha ocurrido en el caso chileno. Los políticos terminaron como un grupo que fue asimilado a los privilegiados. En ello influyen los importantes ingresos (dieta parlamentaria) que reciben y determinan condiciones de vida muy lejanas a las populares y con acceso a los servicios privados. Un último elemento intervino estos años para develar una política elitista: las platas empresariales hacia el mundo de la política. Su nivel fue tal que significó recientemente el establecimiento de normas que regulan la relación empresas-política y que dio origen a un financiamiento público. Sin embargo, ello no terminó con la percepción que el mundo empresarial tiene importante capacidad de actuar sobre el mundo político y que en este el “regulado” logra  la captura del “regulador”.

Por todo ello, los cauces políticos normalmente esperados o solicitados frente a levantamientos sociales extendidos no tenían la anchura moral suficiente, ni estaban en condiciones de alcanzarla en plazos cortos, para aprehender la cobertura de las demandas y menos la profundidad de las reformas que implicaban esas demandas. La “clase política” era vista extendidamente como parte de los culpables y no como procesadora e impulsora de “un salto hacia delante”, hacia la igualdad y el reconocimiento

Jóvenes en el estallido: emergencia e historia

El estallido expresa cuestiones emergentes: una generación que ensaya el asalto al presente, que expresa capacidad de acción, audacia, necesidad de dejar marcas; que usan calles, vías, espacios, como lugares para performances de rebeldía. Los que marchan, se concentran y resisten bombas lacrimógenas, desobedecen atrevidos el estado de emergencia son jóvenes, en su mayoría menores de 30 años, que nacieron después de 1997 (año de debacle económica y de las grandes lluvias que mostraron la pobreza del país). Jóvenes que no supieron de la dictadura ni de la transición en la medida de lo posible. Pero que, desbordando “su” temporalidad directa, son jóvenes sublevados que han actualizado memoria histórica y han juntado épocas; portan un habla en que están sus abuelos, sus padres, y una lectura en tiempo presente de esa historia.  Los carteles que llevan en sus pechos y pegan en los muros, hablan de las historias de abuso en sus familias, sus barrios y poblaciones. Herencia de luchas, herencia cultural y herencia política, encarnadas en las dos canciones icónicas de las protestas: El derecho a vivir en paz y El baile de los que sobran.

Víctor Jara escribe su canción en 1969 y es lanzada en 1971 como protesta contra la sangrienta intervención estadounidense en la guerra de Vietnam: El derecho de vivir/ poeta Ho Chi Ming/ que golpea desde Vietnam, a toda la humanidad/ ningún cañón borrará/ el surco de tu arrozal/ El derecho de vivir en paz. Cincuenta años más tarde, en Chile, esta canción se transforma espontáneamente en el himno que se escucha y se baila una y otra vez en Plaza Italia y en plazas de barrios. Un grupo de músicos y cantantes, hará un remake actualizando su letra hacia los  reclamos: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país/ en conciencia y unidad/ con toda la humanidad/ ningún cañón borrará/ el surco de la hermandad/ el derecho de vivir en paz/ con respeto y libertad/ un nuevo pacto social/ dignidad y educación/ que no haya desigualdad/ la lucha es una explosión/… aunque la canción que suena y se canta los espacios públicos es la original y hace frente y se contrapone a la declaración de guerra del presidente

El baile de los que sobran de Los Prisioneros, fue escrita en 1987 cuando la dictadura aún no terminaba, y los jóvenes que hoy marchan por nuestras calles no habían nacido. La letra es la denuncia de la exclusión extrema, de los falsos y cínicos sueños instalados en los jóvenes; con la educación como separador y reproductor de los estratos económicos: Es otra noche más/ de caminar/ es otro fin de mes/ sin novedad/ mis amigos se quedaron, igual que tú/ este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos/ únanse al baile, de los que sobran/ nadie nos va  a echar de menos/ nadie nos quiso ayudar de verdad… La vigencia de la letra es evidente. Su autor Jorge González ha dicho que es muy triste que todavía se tenga que seguir cantando. Esa canción fue creada bajo las mismas condiciones en las que se cantó en estos días: en toque de queda y con balazos.

En esta actualización de los himnos por la paz y por el reconocimiento social y justicia social, (a la vez de denuncia de los dominadores que los impiden) re-emerge masivamente palabras de historia larga como pueblo, el pueblo unido jamás será vencido;  hacen su reaparición, para denunciar que hay luchas que se mantienen, pero también que se reinventan en el presente, con nuevas fuerzas y convicciones. Son jóvenes que por primera vez en sus vidas, viven y le toman el pulso a lo que es un toque de queda y un estado de emergencia; primera vez que ven morir a otros jóvenes, de manos del fusil o la bota de otro joven, militar o policía, tan joven y tan objeto de desigualdad como los que allí se manifiestan (milico pobre matas a otro pobre, en favor de los ricos). Jóvenes también, a menudo encapuchados,  que participan quizás por primera vez en la quema de bancos, de estaciones de Metro, de buses del transporte público y de mobiliario urbano.

El paquete acotado de medidas lanzadas rápidamente por el gobierno, naturalmente no termina con la profundidad de la rabia y movilizaciones. Los saqueos de supermercados continúan, y enrostran a la sociedad que ellos no comenzaron sino como respuesta a la larga lista de saqueos impunes de la clase privilegiada. Estos jóvenes abrieron, y se enanchó una compuerta que nadie tiene muy claro cómo se cerrará –o, mejor dicho, a qué nuevo momento conducirá. Pero sí sabemos, que ha permitido expresarse como si se tratase de un carnaval y de un gran espectáculo común, donde el grito, el salto, las piedras, dicen, con osadía y violencia, lo que por años parecía acallado: basta de abusos, pisoteos; basta de “Chiles” tan distintos, montado los unos sobre los otros.

El día después

Desde el poder actual, amenazado, se fue aceptando de a poco, siempre a la defensiva y tironeado por la fuerza y simpatía social de las movilizaciones, que se trataba de algo mayor.

La primera reacción fue enfrentar al movimiento social como una cuestión de orden público. Eso marca el inicio de la reacción gubernamental. Se llegó al cierre de todas las estaciones del Metro de Santiago, que transportaba diariamente casi 3 millones de personas. El mismo viernes 18 el gobierno endurece las penas para los detenidos y se invoca la Ley de Seguridad del Estado; el sábado 19, decreta el Estado de Emergencia para gran parte de Santiago. El presidente nombró al general de división Javier Iturriaga quien, al mando de la seguridad de la capital chilena desplegó a 500 militares para controlar los 16 ejes más importantes de la ciudad y patrullar las zonas conflictivas. Al día siguiente son incorporadas bajo Estado de Emergencia, Valparaíso (centro norte), Rancagua (centro sur), Concepción (sur), Coquimbo,  y La Serena (norte chico). Todo esto, cubierto de que principalmente lo que sucedía provenía de la acción de vándalos y donde solo cabía combatirlos como en una guerra según el jefe de gobierno. Pero, esa táctica va terminando, no por su éxito, sino por su fracaso para detener movilizaciones.

De a poco y yuxtaponiéndose con la anterior reacción, surge desde el poder gubernamental la “salida social” que partía del “reconocimiento” y una declaración de culpa de no haber captado que había un gran malestar en buena parte de la sociedad chilena, lo que reflejaba ese otro mundo que  habitaban, pero también por el “ojo de clase” para mirar la realidad. Así, para introducir el lado social y comprensivo de las demandas, algunas políticas sociales buscan ampliar el respiradero para enfrentar las humaredas del estallido: el sábado 19, se suspende el alza de los pasajes del Metro de Santiago (la ley permite anular una subida de la tarifa; pero no bajarla). Se anuncian el aumento de la pensión básica solidaria en un 20%, que para la mayoría no significa más que $30.000 de aumento (menos de 5 US$) y un “ingreso mínimo garantizado” financiado por el  Estado, de $ 350.000. Se llama al empresariado a no solo pensar en las ganancias, como lo declara el nuevo Ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel en TV. La reacción a este “paquete social” – importante para la ortodoxia tecnocrática neoliberal- es contundente en gritos y rayados: esta movilización no está para migajas. La respuesta “social” del gobierno solo enanchó la brecha entre  elite gubernamental y el pueblo. La salida tecnocrática-social, abrazada con la de la represión, se mostraba también fracasada, a pesar que aumentaban las ofertas y se ofrecía retirar proyectos del ejecutivo que ahondaban la desigualdad como la reforma tributaria que haría más ricos a los más ricos.

En el proceso de convencimiento de la actual elite gobernante, que se necesitaba un auxilio político para enfrentar una situación desbordada, con mayor razón si el gobierno provenía de la coalición de derecha, se comienza a apelar a la necesidad de una unidad “amplia”. Este es una situación que necesita la más amplia unidad nacional se escuchara desde los personeros de Gobierno. El nuevo gabinete  y la invitación de partidos políticos y autoridades políticas concretan esta línea. Pero el nuevo gabinete aparece como un fiasco pues no introduce nada muy nuevo; parte de los partidos se niegan a dialogar por la represión policial y militar que empieza a ser documentada por las redes sociales y porque, como hemos visto, la clase política como conjunto, no aparece con autoridad moral.

Entretanto, se van consolidando demandas que no pueden dejar de ser asumidas estructuralmente como los fondos de pensiones, o la salud pública, con impacto pronto, que van más allá de medidas marginales. Asimismo, en el cauce movilizador, se van agregando otras, tras las cuales están nuevos actores, como la enuncia de los cobros abusivos de los concesionarios de las carreteras.

En ese marco de puesta en cuestión de las realidades socio-económicas y que habían dado origen a la necesidad de un nuevo Pacto Social o simplemente de un Pacto Social pues muchos van a hacer notar que nunca había existido un tal pacto tal bajo el neoliberalismo que en su primera etapa fue sostenido por una dictadura. Justamente es ello -la necesidad de poder generar otra institucionalidad que permita cambios suficientemente estructurales en lo socio-económico- y al propio desprestigio de las elites políticas (Congreso es la institución peor evaluada por la sociedad) lo que ha llevado a intuir o reconocer a una masa amplia de grupos medios y populares (e incluso más allá de ellos) que se debe construir una nueva Constitución y que se debe avanzar hacia una Asamblea Constituyente.

Así, cabildos y asambleas locales se alzan como espacios que abren posibilidades de un proceso de mayor solidez, desde la base, que contribuyan como un cimiento, una experiencia, unos contenidos posibles para, simultáneamente, dar salida y respuesta a la movilización social y la construcción de un nuevo país. Es un momento en que se abren posibilidades de dar saltos en varias cuestiones o dimensiones: la cuestión social y de un nuevo “Estado Social”; la cuestión democrática y las formas de ejercerla; la cuestión económica y las distintas formas de propiedad; la cuestión indígena y de su autonomía; la cuestión de los poderes territoriales y regionales y la descentralización; la cuestión ecológico ambiental y la aproximación a la naturaleza.

Puede parecer mucho, pero las grandes transiciones históricas se caracterizan por la amplitud en la re-mirada y relectura de su tiempo. Las sociedades que se fijan re-orientaciones pueden darse temporalidades para concretarlas, cuidando el sentido de aquellas. Pequeños cambios solo dejarán el conflicto latente; un paso grande será sólido, pero un paso pequeño será al vacío.

(*) Raúl González. Dr. en Ciencias Sociales, Núcleo de Investigación y Docencia en Ambiente y Sociedad UAHC
Francisca Márquez. Antropóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado

 

Escuela de danza revista columna Pedagogía en Lengua Castellana Psicología Abraham Magendzo composición admisión Derecho estado de emergencia escuela de historia Antropología cine documental UAHC Teatro Bolivia concurso Escuela de cine Facultad de Ciencias Sociales Magíster literatura columnas derechos humanos acreditación democracia Montecarmelo cuarentena politica covid-19 seminario publicaciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano estallido social bienestar trabajo elecciones Educación rector inclusión género convenio asamblea constituyente Pedagogía en Historia reforma conferencia coronavirus Geografía Facultad de Artes Danza Vínculo con el Medio Pedagogía en Música DD.HH. congreso Educación Diferencial Sociología Facultad de Pedagogía académicos dictadura documental mapuche Tomás Moulián bestiario estudiantes Medio ambiente indígenas ddhh Álvaro Ramis taller dip lanzamiento vinculacion con el medio universidad escuela de teatro Ciencia Política conversatorio José Bengoa pandemia escuela de psicologia intercambio investigación DIVIM periodismo filsa DIRAE Pedagogía en Educación Básica migrantes cine sustentabilidad Instituto de Humanidades migración música egresados cultura josé orellana Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales filosofía Escuela de Sociología economía escuela de pedagogía en historia y ciencias sociales Mineduc feminismo escuela de antropología diplomado libro Escuela de Geografía Historia DISCAPACIDAD Ciencias Sociales fondecyt Trabajo Social