Chile, organizador de la COP25: un desafío radical a la coherencia política

En Punto de vista (17 de junio de 2019)

(*) Por Álvaro Ramis

Nadie lo esperaba. En medio del proceso de la Cumbre del Clima de 2018 (COP24) el gobierno de Brasil anunció que retiraba su compromiso de albergar la Cumbre del Clima de 2019 (COP25). Las excusas oficiales del palacio de Itamary, la cancillería brasileña, apuntaron a dificultades presupuestarias y a complicaciones por el “proceso de transición” al nuevo gobierno. Sin embargo, es de público conocimiento que el presidente electo, Jair Bolsonaro, ultraderechista y partidario de la dictadura militar (1964-1985), es quién decidió la ruptura del acuerdo contraído por su país. Ya durante la campaña electoral Bolsonaro amenazó con retirar a Brasil del Acuerdo de París porque a su juicio los acuerdos globales limitan la soberanía nacional y atacó continuamente lo que denominó “ecologismo chiíta” y la “industria de la multa” sobre la industria energética y agropecuaria.

El incumplimiento de Brasil obligó a buscar una sede alternativa en América Latina. Si no se conseguía un país voluntario en la región se consideraba relocalizar en Bonn, Alemania. De cara a su voluntad política histórica, claramente demostrada en este ámbito, el país que aparecía como candidato lógico era Costa Rica. Pero el alto costo de la organización, unos 100 millones de dólares, impidió el compromiso de ese país centroamericano. En ese contexto Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, propuso un modelo de organización en conjunto Chile que como organizador de la cumbre APEC 2019, planificada para noviembre de 2019, podría reducir costos vinculando los presupuestos de ambos eventos. De esta forma el GRULAC (Grupo de países de América Latina y el Caribe participantes en el proceso de la COP) apoyó la candidatura chilena, mientras Costa Rica acogerá los eventos preparatorios.  Hasta el momento no se ha informado el calendario definitivo de la 25ª Cumbre del clima. La fecha que ya está definida es la del foro de la APEC, que se realizará entre el 16 y 19 de noviembre de 2019. Una posibilidad sería realizarla inmediatamente después, aunque también se baraja su traslado a enero de 2020 en el Parque O’Higgins o Espacio Riesco. Pero que nuestro país sea sede de la COP 25 supera las exigencias logísticas o de infraestructura, ya bastante difíciles, por el número de personas a congregar. Lo realmente complejo es desarrollar la capacidad técnica y política, a nivel de Estado, para coordinar más de 50 mesas temáticas que deliberan y negocian en forma simultánea, incluyendo a gobiernos, agencias internacionales, sistemas de cooperación, empresas, organizaciones de la sociedad civil, paneles científicos, etc.

¿Qué es la COP?

Las Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático constituyen eventos anuales intergubernamentales, que buscan dar seguimiento a los acuerdos contraídos por los Estados firmantes del llamado “Acuerdo de París” suscrito en 2015. París sustituyó al Protocolo de Kyoto, de 1997. La organización de los contenidos del proceso es coordinada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El nombre “COP” deriva de la denominación “Conferencia de las Partes”, y se celebra cada año desde 1995. El proceso general que dio origen a la COP comenzó paradojalmente en Brasil, en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992.  Esta fue la primera cumbre de jefes de Estado sobre el problema del medio ambiente. En esa ocasión por la la voluntad del secretario general de la ONU Boutros Ghali y el vicesecretario general Maurice Strong se abrió la conferencia a la participación de organizaciones de la sociedad civil. En 1992 participaron más de 20000 organizaciones, académicos y activistas, por lo que desde ese entonces el proceso de las COP se caracteriza por permitir un protagonismo de la sociedad civil global, lo que da a este evento intergubernamental un carácter mucho más abierto y transparente que otros procesos de la diplomacia internacional. Esta pòr verse la capacidad de Chile de recoger ese desafío participativo.

La cumbre de Río de 1992 acogió las primeras informaciones del Panel Internacional sobre Cambio Climático, proyecto que bajo los auspicios de la ONU, permitió que unos 2.000 científicos de 154 países investigaran por décadas la evolución del clima a nivel global. En 2013 el Panel pudo presentar una conclusión sólida y definitiva de sus investigaciones, sometida a todos los criterios de “falsación” científica que garantizan su severidad: la única manera de detener la rápida alteración del clima planetario consiste en impedir que las emisiones de CO2 en la atmósfera lleven a superar los 1,5 grados centígrados sobre la temperatura de la Tierra medida en 1850. Además, el Panel científico afirmó de forma taxativa que este proceso de cambio climático tiene una causa antrópica, es decir, está originado por las actividades productivas de los seres humanos. Esta conclusión es la que más ha despertado la oposición de la industria del carbón y del petróleo, que ha financiado un fuerte lobby para sostener lo contrario. En Chile es posible ver tagiblemente la persistencia de este tipo de lobby: un estudio de Banco Santander ha mostrado que en 2034 la matriz energética de Chile seguirá dependiendo mayoritariamente del carbón, ya que a esa fecha ese combustible seguirá abasteciendo el 54% de la generación térmica.

Las dificultades de las COP

El fracaso del protocolo de Kioto, suscrito en 1997, incidió en que se buscara un acuerdo realmente global, que incluya a la mayor cantidad de países posible. Para ello se arribó en 2015 al acuerdo de París, que lamentablemente no busca alcanzar el objetivo de los 1,5 grados centígrados, sino una meta mucho menos ambiciosa de sólo 2 grados. Esta meta está lejos de alcanzarse en este momento, e incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ya ha estimado que si los compromisos de París se llegan a cumplir, de todas maneras llevarán a incremento de la temperatura catastrófico en 30 años, fecha meta de los acuerdos globales. Ya se ha perdido la batalla por mantener el planeta tal como lo conocemos hasta ahora, y deberemos volcarnos a redefinir nuestra forma de habitar la tierra en un contexto climatológico adverso.

La mayor dificultad para lograr esta meta radica en la reducción efectiva en el uso de combustibles fósiles. Lejos de disminuir las cifras globales indican lo contrario: cada minuto se gastan 10 millones de dólares en subsidios a la industria de los fósiles. Según la ONU, los subsidios directos a esta industria fluctúan entre los 775 mil millones de dólares y el 1 billón de dólares. Este enorme costo no contempla las externalidades negativas, que contabilizadas podrían superar  los 5.3 billones anuales, es decir  el 6.5% del Producto Bruto global. Tras estas cifras se escode el apoyo de gobiernos firmemente vinculados a la promoción de la industria de los fósiles, como el que preside Donald Trump, quién recibió  800 millones de dólares de estos grupos de interés en la última campaña presidencial, con el compromiso de  reabrir minas de carbón y permitir la explotación petrolera en zonas árticas y reservas naturales protegidas. En la Unión Europea se calcula que 40.000 lobistas financiados por las industrias petroleras y carboníferas actúan para mantener sus prerrogativas.  En el proceso de la COP este tipo de lobistas supera en siete veces el número de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que buscan que se cumplan los acuerdos intergubernamentales. Esta enorme oposición impide que la opinión pública haya logrado sopesar la importancia de lo que se disputa en este proceso. Una encuesta mundial de realizada en 2015 mostró que la población mundial demanda “buena educación”, “un mejor sistema de salud” y “mejores oportunidades de trabajo” pero no se prioriza el “cambio climático”, ni siquiera en Polinesia, donde muchas islas están amenazadas por desaparecer debido al incremento del nivel del mar.

Chile, sede inesperada

La imprevista asignación de Chile para alojar la COP 25 sorprende al país en medio de enormes tensiones ligadas a conflictos socio-ambientales que traviesan el corazón del modelo exportador basado en la extracción de materias primas. Los casos más emblemáticos radican en las llamadas “zonas de sacrificio”, como Tocopilla, Quintero, Puchuncaví, Coronel, Til Til, o Freirina, condenadas a sufrir los efectos contaminantes de industrias que saturan sus ecosistemas, generando efectos perversos, ya que en ellas convergen la pobreza, la extrema contaminación y el abuso de empresas poderosas. Junto a lo anterior se debe advertir el explosivo contexto de la Araucanía, que vincula las demandas de reconocimiento del pueblo mapuche a un cambio en las condiciones de la explotación forestal y pesquera, causantes de muchas de las vulneraciones de derechos de ese pueblo.

A lo anterior se deben agregar las preocupantes señales que ha dado el actual gobierno en relación a rechazar los acuerdos multilaterales. En este año lo que más escándalo que suscitado es su negativa, a último minuto y de forma muy desprolija, suscribir el Pacto Global Migratorio, argumentando de forma muy similar a los gobiernos de extrema de derecha que priorizaron a satisfacer a su electorado duro por sobre la necesidad de generar acuerdos globales de protección de los derechos humanos. Pero en relación a la COP 25 lo más grave ha sido el rechazo del gobierno de Piñera al Acuerdo de Escazú, negociado y empujado por años por nuestro país. Escazú es el primer acuerdo ambiental latinoamericano, y su finalidad es directamente ligada a garantizar el acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, rotegiendo a las personas que defienden el medio ambiente. El rechazo del gobierno de Piñera a un acuerdo de estas características sienta un precedente muy grave ya que no garantiza la coherencia institucional necesaria para coordinar un proceso tan relevante a escala mundial como la COP. Al parecer el gobierno chileno no es consciente de la responsabilidad política que ha asumido frente a la urgencia de detener el colapso ambiental de nuestra especie, en un planeta que está cambiando bruscamente sus patrones biocenóticos.

Nuestro país posee 7 de las 9 características de vulnerabilidad ante el fenómeno del cambio climático que especifican los organismos internacionales, lo que debería acrecentar la preocupación geheral ante este reto. La realización de la CPO 25 puede ser un momento crucial para desarrollar una política climática activa, y mostrar coherencia en un liderazgo inesperado, que desafía la responsabilid del Estado.  Para eso se necesita un giro profundo en el actual gobierno, mostrando una voluntad firme de reconocer la importancia de los acuerdos multilaterales. Para lo cual deberá partir por ratificar de manera urgente el acuerdo de Escazú y establecer compromisos ambiciosos de descarbolización de la matriz energética, que alivien en lo inmediato a las zonas de sacrificio y reorienten los nudos conflicto socio-ambiental que tensionan nuestros territorios.

(*) Director del Magíster en Política Internacional de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UAHC