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Punto de vista

Democracia y desarrollo local, otros desafíos constitucionales

(*) Por José Orellana Yáñez

Columna publicada en El Pensador

Próximamente se renovarán concejos municipales en los 345 municipios y comunas del país, donde la ley Nº 21.238 que impide la reelección de autoridades/representantes que lleven más de dos reelecciones en el cargo, contribuirá a asegurar dicha renovación. También coincide con la elección a constituyentes y gobernador/a regional, convirtiendo a la elección local en estratégica para el cometido de ambas.

La elección local, dada su territorialización a lo largo y ancho del país, le asegura cobertura a la estratégica elección de gobernador/a regional, también histórica e hija de las reformas políticas descentralizadoras que se implementaron desde el gobierno de Michelle Bachelet II, como respuesta a la demanda ciudadana por más democracia entre los años 2011 a 2013 específicamente (se tradujeron en el programa de gobierno de la época y en una agenda legislativa concreta). La misma cobertura, será funcional para la elección de constituyentes, hija del estallido social y de la geografía de la multitud que se detonó el 18 de octubre del 2019 y se desplegó hasta el 15 de noviembre y más del mismo año cuando se firmó el acuerdo que la formalizó. Como es conocido, la pandemia del coronavirus durante el 2020 alteró los calendarios electorales disponiéndolos como se conocen en la actualidad.

Los municipios, durante el estallido social, pandemia y otras coyunturas que ofrece la loca geografía de nuestro país, se transformaron en la primera línea de cada una de estas coyunturas pasadas, presentes y futuras. Sin perjuicio de sendas caracterizaciones negativas hacia los mismos respecto de dificultades de probidad, se erigen como las expresiones institucionales estatales más confiables en términos ciudadanos. Desde los municipios emergieron, emergen y muy probablemente seguirán emergiendo figuras que nutren el Congreso de la República y diversas candidaturas a presidenta o presidente.

La elección local, la más cercana a la ciudadanía por la escala que implica, convivirá con dos elecciones que son respuesta a movilizaciones y demandas sociales sedimentadas a lo largo de los años exigiendo más democracia, dignidad humana y valoración por el territorio. Contradictoriamente, el gobierno local, al que se le reconoce como uno de los órganos más descentralizados del país por contar con una ley orgánica municipal Nº 18.695 que le entrega altos grados de autonomía con presupuesto propio y una serie de atribuciones y funciones estratégicas privativas, cultiva una forma de democracia local observada críticamente cuando de pesos y contrapesos democráticos se refiere. La más emblemática muestra de ello, es la referida a la brecha de poder que existe entre la figura de un alcalde o alcaldesa y el concejo municipal (concejales y concejalas). La misma situación se observa en el Consejo para la Sociedad Civil (COSOC) que se sustenta en la ley Nº 20.500, transformando al mismo en un órgano meramente consultivo liderado por la figura del mismo alcalde o alcaldesa.

Esta democracia local imperfecta, además, debe gestionar el desarrollo local, que desde la ley de municipios se concreta a través de diversos instrumentos de planificación como el presupuesto municipal, plan comunal de desarrollo y plan regulador comunal (agregándose el plan comunal de seguridad pública), los que se encuentran más o menos coordinados con otros en la escala regional y las sectoriales regionales o nacionales (SEREMIAS, SUBDERE y otros). Esta gestión debe concretarse en una endémica inequidad territorial en la distribución de los recursos que manejan las municipalidades (desiguales ingresos a los municipios) y, en más de una oportunidad, con una cuestionable dirección política, la cual tiene origen desde el momento en que se seleccionan las candidaturas al interior de los partidos políticos o plataformas de independientes, actos, que sin perjuicio de transitar por procesos de primarias legales o convencionales, no necesariamente vienen premunidos de programas de gobierno local transformadores y sustentados en la ética y moral en la claridad que el mismo exige. Ese es un desafío permanente para abordar desde el sistema de partidos, que a su vez tampoco goza de la legitimidad deseada, contribuyendo en más de una oportunidad – por sus prácticas – a altos grados de desconfianza en un electorado o ciudadanía gradualmente más exigente.

Desde esa perspectiva, es que se hace prioritario abordar en el debate constituyente cómo se proyecta la democracia y el desarrollo local desde un proceso descentralizador y explícitamente territorializado con principios orientadores que sean capaces de: a.- disminuir las brechas presupuestarias (entre comunas con más o menos recursos); b.- fortalecer las vocaciones de desarrollo de las comunas en coordinación con las regiones (de servicios, turísticas, productivas agrícolas, urbanas, entre otras); c.- profundizar el involucramiento de las comunidades/sociedad civil en la toma de decisiones; d.- apostar siempre al desarrollo sustentable como horizonte de realización concreta; e.- asegurando la equidad de género como una constante gestión del territorio.

El fortalecimiento de la democracia y el desarrollo local en el debate constituyente, asegurará para el futuro mejores políticas públicas, una patria y república más tolerante, solidaria y fraterna.

(*) Por José Orellana Yáñez, académico de la Escuela de Ciencia Política UAHC.