El aporte universitario a la disminución de las brechas de inequidad social

En Punto de vista (10 de septiembre de 2019)

(*) Por Dante Castillo

La equidad en la educación superior debe ser evaluada por la capacidad que tienen las instituciones de educación superior, especialmente las universidades que reciben aportes públicos, para asegurar oportunidades profesionales y laborales a los estudiantes que provienen de grupos históricamente excluidos de la educación. Lo anterior implica que, otro indicador para establecer la calidad del sistema universitario dice relación con las acciones y mecanismos que disponen para asegurar el acceso y la permanencia de todas y todos los estudiantes.

Sin embargo, la mejor contribución que pueden hacer las instituciones universitarias que reciben aporte fiscal, es la que se observa en los resultados que obtiene el estudiantado, al momento de egresar. En otras palabras, es la contribución que puede establecerse dos o tres años con posterioridad al egreso o titulación. Si bien el mecanismo para evaluar la contribución de la universidad debe construirse colectiva y consensuadamente, al menos tiene que considerar dos dimensiones. Por una parte, es relevante analizar y ponderar los resultados de la formación universitaria, en función del acceso al mercado laboral. Por otra, también debe incluir un procedimiento para analizar y valorar la dimensión relacionada con la formación profesional, propiamente tal. En este último caso, se tiene que sopesar el itinerario de aquellos egresados que no han ingresado al mundo del trabajo, pero prosiguen estudios en una misma área disciplinar o, quienes están insertos en el mercado laboral, pero en áreas disciplinares distintas a la formación universitaria recibida.

Es un hecho que Chile en el último tiempo ha incrementado sustantivamente las acciones que buscan mejorar el acceso a la educación de nivel terciario, incluyendo a la población que hasta hace poco no lo hacía. Estas acciones también han estado acompañadas por innumerables evaluaciones e investigaciones destinadas a medir los resultados de ellas. No obstante, aún se sabe menos sobre el proceso de “escolarización universitaria”, proceso que a la larga da cuenta de la permanencia de las y los estudiantes “vulnerables” en las instituciones de educación superior. Esta carencia de antecedentes se incrementa cuando nos interrogamos por los resultados de la formación académica y profesional. Lo único que se conoce con certeza, es que el incremento en el acceso ha generado mayores dificultades a los egresados de ciertas carreras, para insertarse exitosamente al mundo laboral y para obtener un empleo en el área para la cual se prepararon. Del mismo modo, también se sabe que no siempre los ingresos percibidos por los profesionales recién egresados satisfacen las expectativas de renta que tenían al momento de iniciar sus estudios.

No hay duda que las instituciones de educación superior más selectivas y que reciben aportes públicos, han incrementado sustantivamente los dispositivos para mejorar el acceso a la educación de la comunidad que presenta mayores dificultades. Sin embargo, aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior no basta para confirmar que las políticas públicas están teniendo éxito en lograr un sistema con mayor equidad. Lo anterior se explica en la medida que la comunidad científica nacional e internacional ha llegado a la convicción que la equidad en el acceso a la educación terciaria, no asegura equidad en la permanencia de los estudiantes, ni en los resultados que estos mismos estudiantes obtienen al momento de egresar de las instituciones de educación superior.

Bajo la anterior distinción analítica, resulta necesario y perentorio concentrarse en los resultados de la educación superior, pues, al no atender el problema de la inequidad en los resultados, se está al mismo tiempo desatendiendo los problemas en el acceso a buenos empleos y a obtenerlos en las disciplinas en las que los estudiantes fueron formados. Concentrarse en la equidad en el acceso, desatendiendo la noción de equidad en los resultados, se ha traducido en un aumento de la oferta de profesionales, especialmente en las carreras con menor requerimiento de infraestructura y equipamiento.

Junto a lo anterior, también se debe tener en cuenta que varios miles de estudiantes han accedido a la formación de nivel terciario, en instituciones universitarias que a la fecha están cerradas, en proceso de cierre o sin acreditación institucional. Es decir, se ha confirmado que, más que una contribución a la disminución de las brechas de inequidad en el acceso a la educación terciaria, varios proyectos universitarios “utilizaron” la incorporación del estudiantado “vulnerable”, como un recurso de mercado para incrementar los réditos financieros.

Dicho fenómeno ha generado, en varias disciplinas, mayores dificultades a los egresados para acceder al mundo laboral y para obtener un empleo en el área para la cual se prepararon. Adicionalmente, no siempre los ingresos percibidos por los profesionales recién egresados satisfacen las expectativas de renta que tenían al momento de iniciar sus estudios. Junto a lo anterior, también se está produciendo un desajuste entre la oferta de profesionales y los requerimientos de los empleadores tanto del sector público como del sector privado. Además, la ausencia de información relevante sobre los resultados de la formación universitaria no permite orientar la toma de decisiones a nivel de los postulantes a la educación superior ni de las instituciones formadoras, ni tampoco de las políticas públicas que pretenden mejorar las condiciones de empleabilidad de los futuros egresados, especialmente de aquellos que provienen de los grupos históricamente más marginados y vulnerables.

Una reciente investigación realizada por el PIIE y la Universidad UTEM, enfocada en la caracterización de las condiciones de la inserción laboral, de los egresados de la educación superior, a partir de un análisis comparado de universidades con distintos niveles de selectividad, constató que: al contrastar las universidades según sus diferentes niveles de selectividad, las características y atributos de la formación académica y profesional prescrita e implementada, influye en las probabilidades de lograr una exitosa y pertinente inserción laboral de sus egresados. En este sentido, los antecedentes recabados permiten concluir que las universidades más selectivas en los procesos de admisión, que reclutan a estudiantes con mayor estatus socioeconómico y capital cultural, tienden a obtener mejores resultados en el ámbito de la inserción laboral, que las universidades de mediana y baja selectividad. Sin embargo, a modo de resultado general, si bien este estudio ha contribuido con la sistematización de información relevante para que las instituciones de educación superior cuenten con insumos para revisar y ajustar sus políticas de formación universitaria, en términos del impacto observado en los titulados, no ha podido determinar si el sistema universitario disminuye las brechas de inequidad al momento de egresar.

En otras palabras, es preciso determinar con mayor precisión que al contrastar los distintos perfiles de estudiantes que ingresan al sistema universitario, al momento de titularse, los resultados que se obtienen tienden a disminuir las brechas de inequidad. De esta forma, es posible establecer la “corrección” que la formación universitaria promueve, para acortar las diferencias al egreso. En otras palabras, los estudiantiles de diferentes grupos socioeconómicos y socio culturales obtienen resultados similares entre sí.

De esta manera, si la equidad en educación superior es evaluada por la capacidad que tienen las instituciones de educación superior para brindar oportunidades a los estudiantes de grupos tradicionalmente excluidos, para obtener buenos resultados al momento de egresar, es necesario confirmar que, gracias a una formación universitaria centrada en la equidad, la selección de estudiantes en el ingreso ha dejado de ser el mejor predictor de éxito en el acceso al mercado laboral y profesional. En consecuencia, se puede sostener que la formación recibida durante los años que permanecieron en la universidad ha corregido las diferencias diagnosticadas en la etapa de ingreso al sistema de educación terciario.

En este escenario, es recomendable que las propias universidades y los centros de investigación, propongan y levanten información relevante para analizar la contribución de las instituciones de educación superior a la equidad. Posteriormente, debiera proponerse un mecanismo compartido, para que la perspectiva de la equidad en los resultados sea considerada como otro indicador para distinguir la calidad del servicio educativo universitario. Ello al mismo tiempo, permitirá mejorar la toma de decisiones de los postulantes a la educación superior y la optimización de políticas para las instituciones formadoras junto con un criterio para la orientación de los aportes financieros que proporciona del Estado.

(*) Sociólogo y doctorante en Educación UAHC. Parte del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, PIIE.

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