El Catalanexit: Adiós España, bienvenida la República Catalana

En Punto de vista (20 de septiembre de 2017)

(*) Por Patricio Escobar

Columna publicada en el blog de radio Cooperativa

Hace pocos días un analista del banco holandés ING, Geoffrey Minne, acuñó en un informe el término “Catalanexit” para graficar el efecto que tendría la secesión de Catalunya en los mercados financieros. Con esto ponía nombre a un fenómeno político social de larga data que busca entregar a los catalanes la posibilidad de decidir su destino. Desde un principio se vio escasa probabilidad de concreción, dada la oposición frontal del Gobierno conservador de Mariano Rajoy y el apoyo a esa postura de otros partidos, como es el PSOE y Ciudadanos. Pero a medida que se acerca el plazo fatal y sus impulsores no cejan en sus esfuerzos, la amenaza adquiere visos de realidad.

El hito fundamental de este proceso es la convocatoria para el 1 de octubre (1-O) de un referéndum para que los catalanes se pronuncien a favor o en contra de la separación de España y la creación de la República de Catalunya. Frente a esto, el Gobierno español del derechista Partido Popular ha respondido con la prohibición y la represión judicial de la iniciativa.

Desde el inicio del proceso, la opinión generalizada ha sido que el referéndum es imposible que se realice si el Estado se opone tal como lo está haciendo. Sin embargo, por momentos el proceso parece adquirir vida propia con una ciudadanía que comienza a creer que es posible llevarlo adelante. Lo real es que a pocos días del 1-O, la desobediencia se ha instalado.

Un contexto necesario

Los fueros de los catalanes están enraizados en la historia de la península desde tiempos muy anteriores a la conformación del Estado Nación en la época de los Reyes Católicos. Esos derechos, reconocidos bajo la dinastía de los Habsburgo, fueron suspendidos con el triunfo del primer pretendiente Borbón. El nieto de Luis XIV, Felipe V de Anjou, tomó a sangre y fuego la ciudad de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Fue el precio de haber apostado mal en el conflicto dinástico desatado luego de la muerte de Carlos II, “el hechizado”. De allí en más, la lucha de los catalanes fue por recuperar sus derechos seculares, lo cual alcanzó sus cotas máximas durante la segunda república en 1932 con la promulgación del primer “Estatut de Autonomía” para Catalunya.

El periodo franquista (1939 a 1975) supuso un profundo retroceso, no solo en los derechos políticos de los catalanes, ni solo de los catalanes, por cierto. Esto llegó al extremo de prohibir el uso público de su idioma, quedando reducido a un habla semiclandestina en el espacio del hogar. De hecho, entre las primeras formas de desobediencia civil en Catalunya, estuvo la canción en ese idioma por parte de los cantautores y poetas en la década del sesenta, “la nova cançó”.

Los Acuerdos de la Moncloa inauguraron la transición española, lo que desembocó en la Constitución de 1978 y en un nuevo Estatut al año siguiente. En ella se reconoce a España como la reunión de un conjunto de autonomías con una serie de ámbitos privativos de competencias, entre las que se cuentan aspectos presupuestarios y la provisión de bienes públicos, entre otros. Para algunos supuso un importante avance en el campo de los derechos de las sociedades locales y de la descentralización. Para otros, como catalanes, vascos y gallegos, implicó un deterioro importante en relación a la situación alcanzada antes del golpe de Estado franquista de 1936. Con todo, reconocía la existencia de una “nacionalidad” en el caso de Catalunya y dejaba en manos de los propios catalanes cualquier modificación al Estatut. En ese marco institucional, se conformaron parlamentos autonómicos y uno nacional en Madrid.

En un contexto social en que se buscaba profundizar los derechos, habían surgido en diferentes momentos, corrientes y movimientos, incluso político-militares, como es el caso de Terra Lliure en Catalunya, Resistencia Galega en Galicia y Euzkadi ta Azkatazuna, ETA (Patria Vasca y Libertad) en Euskal Herria (País Vasco), que cuestionaban el orden social resultante de los acuerdos fundantes de la transición. En todos los casos, a excepción del País Vasco, el Estado español neutralizó la amenaza insurgente a través de distintos medios, incluyendo la guerra sucia durante el Gobierno socialista de Felipe González, que actuó al mejor estilo de las dictaduras latinoamericanas.

En el caso catalán, desde el primer momento surgió la demanda por profundizar el autogobierno, reivindicando los fueros tradicionales de los que gozó Catalunya en el pasado, lo que siempre chocó con la resistencia de Madrid ante la posibilidad de perder influencia en su provincia más rica y que es un contribuyente neto a las arcas centrales. Esto duró hasta el año 2006, en que el Parlamento autonómico aprobó un nuevo Estatut de Autonomía que reconocía a Catalunya como nación y profundizaba el autogobierno, en la forma de nuevos ámbitos de competencias. El proyecto ingresó al Congreso de los Diputados en Madrid y a pesar de los recortes y modificaciones, finalmente fue aprobado y validado ese resultado en un referéndum por los mismos catalanes ese año 2006.

Sin embargo, las fuerzas conservadoras derrotadas en el Parlamento Nacional, recurrieron la nueva Carta de los catalanes frente al Tribunal Constitucional de España, que es una instancia altamente politizada y que compite fuertemente en cuanto a legitimidad con nuestro propio TC en Chile. Esta instancia acabó por rechazar el acuerdo político alcanzado y dio con esto el pistoletazo de salida a la actual situación, cuando la respuesta de buena parte de la sociedad catalana fue levantar la bandera de la independencia frente al cierre de todo espacio de diálogo para profundizar la autonomía con el Gobierno central.

Actualmente Catalunya es responsable de la mayor contribución al PIB de España con un 19%, y con sus 7,5 millones de habitantes es la segunda comunidad autónoma con más población en España, representando un 16% del total.

El derecho a decidir

El 9 de noviembre del año 2014 se realizó una consulta por fuera de los marcos legales del Estado español. Se había planteado originalmente como un referéndum, pero la presión del Estado la transformó solo en una consulta, lo cual tampoco fue aceptado. En ella participaron el 33% de los llamados a votar, de los cuales sobre el 80% aprobaron iniciar el proceso de desconexión de Catalunya respecto de España. Por esa iniciativa, el Estado español procesó y condenó a diversas penas de inhabilitación y pecuniarias a las autoridades el Gobierno catalán que la promovieron.

La actitud del Gobierno de Mariano Rajoy frente a lo que llaman “el desafío independentista”, ha sido esconder la cabeza, ya no en la arena sino en la Constitución del 78, repitiendo como mantra el que el referéndum es ilegal, a lo que ha contribuido el sistema judicial, ilegalizando cada una de las iniciativas destinadas a implementar el referéndum de independencia el próximo 1-O y las leyes de desconexión, en caso de triunfar el Sí. Frente a ello, las fuerzas soberanistas han doblado la apuesta, desconociendo las competencias de dichas instancias judiciales, lo que de facto supone desconocer la pertinencia en Catalunya de la institucionalidad del Reino de España.

Las fuerzas en la contienda

Los bandos enfrentados en este conflicto, lejos de ser homogéneos están plenos de contradicciones internas. Entre los autodenominados “constitucionalistas” se encuentran los grandes partidos nacionales: el Partido Popular (PP) en el Gobierno; Ciudadanos, organización relativamente reciente de tendencia liberal y que se ha nutrido del deterioro del PP resultado de los graves casos de corrupción que le aquejan y que han llevado  a buena  parte de su dirigencia histórica a la cárcel; y el PSOE, que emerge recién de una grave crisis interna resultado del desafío que supone la emergencia de una nueva organización como Podemos, que le hace competencia desde la izquierda, y de su incapacidad de salir de los circuitos de prebendas que produce el permanecer, con mayor o menor alternancia, en el Gobierno durante décadas y que lo alejan de su base tradicional de apoyo. Estas organizaciones han formado un bloque que funda su discurso en dos argumentos: que para permitir un referéndum se debe modificar la Constitución, para lo cual existen los mecanismos normales y que, de realizarse una acción de ese tipo, debieran pronunciarse todos los españoles.

Por fuera de ese bloque se encuentra Podemos, organización nacida en el 2014 e inspirada en las movilizaciones del 15 de mayo del 2011, que sacaron a la calle la indignación de los ciudadanos españoles con las políticas que se implementaban para contener la crisis que asolaba al mundo. Mantiene una posición ecléctica, señalando que respalda el anhelo de los catalanes por el derecho a decidir, pero que debe ser un referéndum legal y acordado con el Estado español. Aunque en los últimos días ha tendido a respaldar la acción del 1-O, no es del todo clara su posición.

En la vereda contraria se encuentra la coalición soberanista que hoy realiza campaña por el Sí en un referéndum que ha puesto a España ante la más grave crisis institucional de la transición. Es un conjunto abigarrado de fuerzas, entre las que está la antigua derecha nacionalista catalana reflejada en la alianza de Convergència i Unió (CiU), que saltó por los aires cuando Unió se apartó de la senda soberanista y Convergència se hundió en los casos de corrupción. El heredero de Convergència es el PDECat (Partido Demócrata Europeo Catalán). Le acompaña Esquerra Republicana, partido más bien de centro y con una conducta un tanto veleidosa en materia ideológica, como todo partido de centro. Ambos grupos han dado lugar a una nueva alianza para estos fines, denominada Junts x Sí. Finalmente está la Candidatura de Unidad Popular CUP, organización de nuevo cuño, ecologista, radical e independentista que con sus votos permite la mayoría soberanista en el Parlamento catalán.

En este contexto, es la CUP la que ha empujado a esta alianza circunstancial por la independencia a asumir un camino más decidido para alcanzar la meta, desafiando la institucionalidad española que intenta detener el proceso, en una clara estrategia de desborde que se apoya en una creciente movilización social.

Las perspectivas

La última iniciativa punitiva del Gobierno de Rajoy, es el intento de procesar a los alcaldes que se han posicionado a favor de la independencia, que son el 75% de un total cercano a los mil. Esto abre una situación no solo inédita, sino absurda, en que finalmente podrían ser encarcelados cientos de alcaldes que se encuentran en funciones. Las otras iniciativas resultan aún más esperpénticas y van desde aumentar el control sobre las partidas presupuestarias de Catalunya, para perseguir cualquier euro que pueda destinarse a financiar el referéndum, poner a la policía a investigar el lugar donde se ocultan las urnas y las papeletas de votación, y suspender el servicio de electricidad y comunicaciones a los eventuales lugares de sufragio.

¿Habrá o no un referéndum dentro de dos semanas? Resulta difícil imaginar que puedan finalmente instalarse urnas y ver a los catalanes decidiendo su futuro, si el Gobierno central se decide a impedirlo, para lo cual ya ha desplazado a Catalunya refuerzos de la Guardia Civil. Sin embargo, la “solución final” que es la aplicación del artículo 155 de la Constitución del 78, que suspende la autonomía, es un recurso que ni siquiera el PP desea utilizar. Supondría la intervención de Madrid en Catalunya y el fantasma de un nuevo 11 de septiembre, seguramente menos cruento, pero igualmente destructivo. Otra consecuencia sería el fin del bloque “constitucionalista”, puesto que nadie estará dispuesto a compartir el costo político de responder a la demanda por el derecho a decidir, con un estado de excepción y un Gobierno de facto en Catalunya. Transformaría un duelo de espadachines, que aún se cobija en los salones del sistema político, en una pelea callejera de imprevisibles resultados.

A pocos días del 1-O, el proceso parece adquirir vida propia. El Gobierno se ampara en una razón formal (que el referéndum es ilegal), lo que se transformaría en un aspecto de absoluta irrelevancia si el Sí de los catalanes supera la marca de la consulta del 9-N, tanto en convocatoria como en adhesión a la independencia. En la vereda opuesta, el espacio para bajar la iniciativa a condición de abrir un escenario de negociación se va cerrando, en tanto los ciudadanos están participando en actos de campaña que el Gobierno señala como ilegales y que prohíbe. Esto abre el cauce para la expresión de un segmento importante de catalanes que se abstiene en atención a la institucionalidad, pero cuando la posibilidad de que esta sea desbordada, se hace real…

El PSOE de Pedro Sánchez ha levantado desde el principio una propuesta de reforma constitucional que lleve a España a un modelo federal, lo que supone profundizar el autogobierno de las comunidades autónomas, pero parece llegar cuarenta años tarde, pues el tiempo de la autonomía parece haber pasado para Catalunya, por obra y gracia del propio Partido Popular que bloqueó esa alternativa.

La campaña comenzó el 14 de septiembre y la opción del Sí está en la calle, con carteles y actos que la policía está mandatada para arrancar e impedir, pero en la vereda opuesta, no hay una campaña por el No a la independencia, sino una recitación que señala incansable, que el referéndum es ilegal, muy ilegal.

(*) Economista y director de la Escuela de Sociología de la U. Academia de Humanismo Cristiano