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Punto de vista

La fuerza moral de la Convención

*Por Álvaro Ramis

“Hay que quitarle fuerza moral a la Convención”
ha declarado abiertamente el diputado Diego Schalper. Vale la pena, entonces, analizar cuál es el carácter de la “fuerza moral” de esta institución del Estado que el diputado se ha propuesto abiertamente debilitar.

La legitimidad institucional tiene siempre dos fuentes: de orígen y de ejercicio. En el caso de la Convención, su legitimidad de origen es enorme. El Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, es un hito histórico que permitió encauzar políticamente un conflicto social de enormes proporciones y cuyo desenlace podría habernos llevado a un quiebre institucional de consecuencias impredecibles. Este acuerdo fue refrendado mediante el plebiscito del 25 de octubre de 2020, lo que permitió iniciar el proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, mediante el mecanismo que ese mismo plebiscito determinó para dicho proceso. Recordemos que el 78,28% de los y las electores votaron Apruebo, y un 79 % se expresó a favor de una Convención Constitucional como método de trabajo institucional.

Respecto a la legitimidad de ejercicio, se comprende como la sujeción de una institución al marco jurídico-normativo que la regula durante el cometido de sus funciones. Si una persona afirma o sostiene que ello no ocurre puede concurrir a la formulación de cargos para determinar si ha sobrepasado sus facultades constitucionales, lo que debería llevar a una forma de juicio político. Hasta el momento, ninguno de los críticos ha logrado acusar a la Convención de romper o faltar a sus funciones constitucionales, de acuerdo con lo que se establece en derecho. Por eso, lo que busca el diputado Schalper no atañe a la legintimidad de origen y de ejercicio de la Convención. Lo que llama a cometer es un ejercicio de deslegitimación política del resultado del trabajo de construcción constitucional por discrepar de sus decisiones, votadas mediante el quorum de 2/3 establecido para tal fin.

La Convención Constitucional ha sido sometida a un bombardeo mediático y político implacable desde el primer día de su funcionamiento. Como es obvio, esa presión es la prueba verificadora que certifica la profundidad del proceso que allí acontece. Como decía Susan Sontag, “todo lo que no suponga un cambio respecto de quién detenta el poder, no es liberación”. La evidencia está demostrando que los objetivos que se ha fijado la Convención son abiertamente emancipadores, porque cambian las reglas distributivas del poder, y por eso las resistencias y chantajes son equivalentes a ese propósito.

Es previsible que en los días que vienen la presión de quienes desean mantener los términos de referencia sistémicos que llevaron a la crisis de 2019 sólo va a aumentar de forma exponencial. Hasta ahora, en los primeros meses de funcionamiento, los principales ataques han apuntado a ejercitar una abierta agresividad hacia sus integrantes, descalificaciones personales, imputaciones, descréditos. Pero con el inicio de la segunda fase del trabajo convencional las agresiones están pasando a otro tono y la escala de la respuesta conservadora es mucho más intensa, preparando un arco de fuerzas que apunte al rechazo plebiscitario.

Ya no cuentan con el boicot que encabezó el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, quien por acción y omisión puso todas las trabas e impedimentos posibles al trabajo convencional. Pero esa carencia se está supliendo mediante discursos y prácticas violentas que deben alertar a la ciudadanía. El acoso violento que vivió el convencional Marcos Barraza sería una anécdota si no supusiera una constante, que ya se ha hecho habitual en otros casos menos conocidos, y que podría llegar a un incidente mayor y fatal. Es un deber del Estado garantizar la protección de la Convención, especialmente en una fase en la que la integridad personal de sus integrantes se va a ver especialmente amenazada.

Pero además de las agresiones físicas, logísticas y personales, el mayor y más inaceptable atentado que diariamente debe soportar el trabajo de construcción de la nueva Constitución es el engaño y la mentira abierta y descarada sobre sus acuerdos, votaciones y resoluciones. Este trabajo de desinformación deliberado contraviene las condiciones de posibilidad de la democracia misma, ya que vulnera el derecho de la ciudadanía de ser informada de manera veraz, e imposibilita el juicio crítico y objetivable. Esa es una agenda explícita, declarada ante la prensa, que bajo la forma de una Agenda Setting intenta que las interpretaciones más absurdas del trabajo de la Convención tengan más importancia y cobertura medial que los asuntos propiamente informativos.

A pesar de todo, la Convención resiste, y contrariamente al volumen de la ofensiva, aparece incombustible. ¿Cómo es posible que una institución que ha debido lidiar con tan grandes amenazas y abiertos intentos de sabotaje siga convocando tanto apoyo? ¿Cómo ha podido mantenerse productiva, superando la gran complejidad del quórum de los 2/3 mediante acuerdos que exigen una generosidad y capacidad de diálogo admirables?

Ortega y Gasset dijo alguna vez que “era inverosímil que la especie humana hubiera llegado a una cosa tan bella, tan paradójica, tan elegante, tan acrobática, tan antinatural como la democracia”. Es inverosímil que Chile haya podido llegar a generar un proceso constituyente tan contradictorio con su tradición política autoritaria como el que estamos viviendo. Va en contra de toda nuestra historia, marcada por el clasismo, el machismo, la fuerza de las armas y del dinero. La Convención es una paradojal contradicción, en su singular representatividad, y allí radica su fuerza moral más honda, y por eso es inexpugnable ante la campaña de odio y destrucción que trata de impedir que alcance su objetivo.

El funcionamiento del proceso constituyente es sofisticado y poco natural, es un producto de la razón, que exige un esfuerzo enorme para su adecuado desarrollo. Lograr, en los plazos que se establecieron y con las duras normas que se definieron, un texto que satisfaga los intereses de tantas y tantos ciudadanos es muy complejo. Por eso, su desenvolvimiento demanda un esfuerzo colectivo, no sólo de quienes son convencionales, sino de toda la sociedad, de ciudadanas y ciudadanos que estamos obligados a contribuir al buen funcionamiento de su deliberación, renunciando a pretensiones de máximos para lograr pactos de mínimos que permitan alcanzar la mayor amplitud posible a su propuesta.

Hoy tenemos mucho que defender, y mucho de lo que sentirnos orgullosos. Los avances que la Convención está logrando son sustantivos. El trabajo de la comisión de armonización, planificado para los próximos meses, va a pulir las decisiones que ya se han tomado y contribuirá a superar los previsibles problemas de articulación del texto constitucional. Será entonces el momento de apreciar el conjunto de esta enorme obra normativa, que desde el aporte de las más diversas miradas, está logrando plasmar una transformación fundamental de Chile.

(*) Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano