Las donaciones empresariales a las universidades: Una estrategia de apropiación privada del conocimiento

En Punto de vista (7 de junio de 2019)

(*) Por Álvaro Ramis

Columna publicada por Le Monde Diplomatique

De acuerdo al Ministerio de Educación durante 2018 las Universidades chilenas recibieron $ 24.217 millones de pesos en donaciones privadas, un poco más de 34 millones de dólares. Es una cifra importante si se advierte que este monto se incrementó en 34% respecto al 2017. En teoría este mecanisno permite que las instituciones de educación superior complementen su financiamiento mediante una fuente distinta a los aranceles que pagan los estudiantes y al aporte que hace el Estado. Sin embargo, 77% de esas donaciones se concentró en 3 universidades: la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Los Andes, y la Universidad del Desarrollo (UDD). La PUC recibió $ 8.862 millones, un 51% más que en 2017, representando el 36,5% del total de las donaciones. La U. de Los Andes percibió $ 5.838 millones, el 24%. Y la UDD recibió $4026 millones, lo que sumó el 16,6%.

Esta extraña concentración de recursos en sólo tres instituciones exige un análisis más profundo. La PUC y la Universidad de Los Andes (ligada a la prelatura del Opus Dei ) son instituciones confesionales católicas. Y tanto la Universidad de Los Andes cómo la UDD no están adscritas a la gratuidad, tal como lo dispone la ley 21091, a pesar de cumplir los requisitos de acceso. En los tres casos la gran mayoría de sus estudiantes provienen de familias de altos ingresos. Las orientaciones políticas de estas tres instituciones son eminentemente conservadoras, marcadas por una abierta afinidad ideológica con dirigentes políticos de derecha y con lazos directos con grandes grupos empresariales nacionales y transnacionales.

Si se analiza el total de las donaciones privadas se advierte que el conjunto de las universidades estatales recibió $2606 millones, un 10,7% del total. Dentro de ese monto la Universidad de Chile, la institución universitaria chilena mejor posicionada en los todos los rankings internacionales, percibió $1168 millones, sólo un 4,8% del total donado. Las otras 17 instituciones del consorcio de Universidades del Estado sumaron $1438 millones, representando en conjunto un 5,9%.

Las universidades no estatales del Consejo de Rectores recibieron $10006 millones, pero el 88,5% de esos fondos se concentró en la PUC. Las universidades privadas adscritas a la gratuidad recibieron $1099 millones (4,5%) mientras que las privadas no adscritas a la gratuidad lograron $10383 (42,8%). Finalmente los Institutos Profesionales tan sólo recibieron $121 millones (0,49%) de los cuales $78 millones se destinaron a DuocUC.

El origen de las donaciones se distribuye en un 53,2% desde empresas, un 24,4% desde personas naturales, un 19,4% desde bancos e instituciones financieras, y un 3% desde fundaciones. Los principales donantes bancarios en 2018 fueron el grupo Penta, que donó 4 mil millones a la U. del Desarrollo, el Banco Santander que donó $2873 millones y el BCI que donó $1054 millones. Entre los donantes individuales destaca María del Carmen Izquierdo Menendez donante de $1700 millones, María Luz Correa con $674 millones y los hermanos Eduardo y Tomás Fernández MacAuliffe que en conjunto donaron $1170 millones. Otras empresas que donaron grandes sumas: Falabella $529 millones, Celulosa Arauco $444 millones, CMPC $282 millones.

Una filantropía muy rentable

Todos estos fondos son canalizados mediante la Ley de Donaciones 18.861, promulgada en 1987, que otorga un doble beneficio. En primer lugar permite presentar parte de la donación como gasto para disminuir la renta imponible del donante[2].  Y el segundo y más significativo beneficio: poder descontar de los impuestos hasta un 50% de la donación anual con un tope de 14.000 UTM.  De esta forma el Fisco es partícipe y financista indirecto de estas donaciones. Sin embargo, el Estado no participa de la definición ni del control de estos recursos, que son dispuestos enteramente por el actor privado que decide a su arbitrio la Universidad a la que va a parar este dinero. El donante no sólo logra una importante reducción de impuestos, sino que además canaliza recursos a universidades con las cuales puede tejer libremente un conjunto de intereses cruzados: desde políticos e ideológicos, hasta empresariales y comerciales, pasando por el control de núcleos de investigación, priorizaciones académicas, redes de influencia y legitimación pública, incidencia en la agenda legislativa, participaciones recíprocas, etc.

Pero el beneficio para los donantes supera con creces la excención tributaria. Por supuesto existe un interés de reconocimiento social y simbólico: un paseo por el Campus San Joaquín de la PUC debe comenzar siempre en edificio del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini y no puede dejar de lado el Complejo Andrónico Luksic Abaroa, del Departamento de Ingeniería y Minería. Pero desde el punto de vista comercial la conveniencia es directa. Para el Banco Santander sus donaciones se enmarcan en convenios ligados a la promoción de Tarjetas Universitarias Inteligentes (TUI), que junto con permitir a los estudiantes el acceso a bibliotecas, pago de transporte público o acceso a una cuenta vista, dan al banco información personal valiosa tal como: rut, nombres, apellidos, domicilio, teléfono, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, profesión o actividad, estado civil, carrera, facultad, campus o año de ingreso a la universidad.

¿De qué autonomía universitaria estamos hablando?

Uno de los argumentos que se suele usar para justificar la política de beneficios tributarios a las donaciones a las universidades radica en que permitiría garantizar la autonomía de esas instituciones. Para las universidades que se benefician de este mecanismo la única amenaza a la autonomía universitaria es la que pendería de una potencial dependencia del Estado. Cabe recordar lo señalado por el rector de la Universidad de Los Andes José Antonio Guzmán al rechazar su incorporación a la política de gratuidad: “El hecho de que las familias aporten una porción importante de los recursos es garantía de autonomía universitaria”.

Pero la pérdida de autonomía de la universidad respecto a sus donantes privados no les parece incomodar. No les genera ningún inconveniente la apropiación privada del conocimiento, la subordinación de sus agendas de investigación a los intereses de sus donantes. ¿Es posible una universidad autónoma si depende absolutamente de la discrecionalidad personal de un “grupo de amigos”?

En múltiples casos estas universidades se convierten en directas colaboradoras de los más cuestionados grupos empresariales, sin manifestar la menor crítica. Por ejemplo, en 2012 la PUC recibió US$ 1,5 millones por cuatro años, de parte de Julio Ponce Lerou, y con presencia de Patricio Contesse, con el fin de estudiar los beneficios del potasio en el control de la hipertensión arterial. En 2014 este mismo empresario volvió a donar US$ 1 millón durante cinco años con el fin de investigar los beneficios del litio.

Una propuesta mínima de cambio

Este proceso se da en el contexto de un sistema de educación superior marcado por la hipertrofia de la competencia entre universidades, el autofinanciamiento cómo principio determinante, la mercantilización de las acreditaciones académicas, la captura elitista del conocimiento y un centralismo aplastante, subordinando abiertamente a las universidades regionales y a las instituciones orientadas por principios laicos, democráticos, críticos y pluralistas.

Es evidente que el mecenazgo y la filantropía es un derecho incuestionable tanto de empresas cómo de personas, por lo que destinar fondos al destino que se estime conveniente no reviste crítica alguna siempre que sea a cargo de fondos estrictamente propios. Pero cuando esa filantropía se ejercita de manera asociada a beneficios tributarios el destino de esos fondos debe subordinarse a un interés público y general, de forma que no se fomente un contexto que linda en el conflicto de interés, y propicia privilegios, discriminaciones o exclusiones arbitrarias, subvencionadas claramente por fondos públicos.

Por lo tanto, cabría condicionar el acceso a los beneficios de la ley de donaciones (18.861 /1987) a que las donaciones se destinen al sistema general de educación superior, para ser distribuidos bajo criterios de la más estricta neutralidad política e ideológica y que atiendan a la máxima rentabilidad social de esa inversión. Además, cabría privilegiar las donaciones que tiendan a investigación, desarrollo e innovación. Chile invierte actualmente apenas el 0,4% del PIB en ciencia y tecnología, mientras que los países de la OECD invierten en promedio el 2,4% e incuso algunos (Corea del Sur por ejemplo) superan el 4%. Una meta absolutamente necesaria y razonable sería alcanzar el 1% del PIB, como escalón inicial, dentro del actual período legislativo. Paradójicamente la tendencia bajo el actual gobierno es la inversa ya que en 2019 se ha reducido el presupuesto en ciencia y tecnología en un 4,6% respecto del 2018.

No se puede justificar que por la vía de los beneficios tributarios se esté privilegiando con recursos públicos a las universidades elitistas y confesionales y se discrimine a las instituciones públicas, laicas, regionales y adscritas a la gratuidad. La actual ley de donaciones actúa de facto como un mecanismo discriminador, que altera la competencia entre instituciones y entre cuerpos académicos, que son sometidos a los mismos mecanismos de acreditación y acceso a fondos públicos, pero que a la vez no cuentan con el mecenazgo (o patronazgo en muchos casos) de las grandes fortunas.

(*) Director del Magíster en Política Internacional de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UAHC