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¿Cómo afecta la pandemia del COVID-19 a una población migrante ya desfavorecida?

 

Como si fuese una extensión de la cadena nacional con el informe de los últimos contagiados de COVID-19, tres programas matinales cubrían en vivo la denuncia de “El Puente del contagio”. El transitado tramo sobre el Mapocho que conecta Av. Santa María y Av. Cardenal José María Caro, era presentado como el principal foco infeccioso de coronavirus en el límite de tres comunas de la Región Metropolitana, con su oferta de vendedores ambulantes (la mayoría extranjeros) sorteando la falta de garantías ofrecidas por el país al que vinieron a buscar oportunidades laborales. Esos días, del otro lado del puente, en Patronato, comerciantes asiáticos en general se quejaban en la prensa escrita sobre el mote del “Virus chino” que le cuelgan los chilenos, sin diferenciar el discurso de odio de la información concreta sobre un virus, a estas alturas, global, pero que sigue siendo denominado el “virus chino”.

Al mismo tiempo, migrantes venezolanos, peruanos y bolivianos que desean regresar a sus países de origen se encuentran con una barrera sanitaria que cierra las fronteras y los deja en el limbo de aeropuertos, terminales de buses y albergues temporales. Poco después de que el estallido social evidenciara una crisis de desigualdad y legitimidad institucional, la propagación del coronavirus convierte la emergencia en un discurso público que ha contribuido a socavar el aporte y derechos de la población migrante que ha sido segregada desde mucho antes de la pandemia.

Al respecto, la académica Tamara Vidaurrázaga lamenta que este tipo de discriminación no sea patrimonio solo local y que el discurso de odio hacia el migrante, su naturalización y actitudes generadas a partir él, sean una constante histórica que se ve favorecida por el auge de gobiernos de derecha en Europa, EEUU, Brasil, Uruguay, Argentina o Chile. La Doctora en Estudios Latinoamericanos y docente UAHC señala que, a su juicio, el miedo a ese otro extraño se ha agudizado y se está utilizando políticamente para generar otros juicios que, a su vez, vuelven aún más vulnerable a la población migrante al pasar por alto muchos de los derechos consagrados a todo ser humano.

“El período de pandemia es tiempo de extremar la defensa de los derechos humanos que les atañen a los migrantes. Entre ellos, el derecho a la movilidad y a buscar mejores condiciones de vida ya que no existen personas ilegales. En concreto, lo que podemos ver en las noticias es esa flagrancia pues peruanos y bolivianos detenidos en las fronteras, sin poder regresar a sus países o ingresar a Chile es una falta muy grave a esos derechos y el país que los acogió para darles oportunidades de trabajo -muy precarias muchas veces-, debe hacerse cargo”, plantea la académica.

Recuerda episodios similares en los que la contingencia ha favorecido discursos de odio como los que se ven en coberturas de medios que siembran temor sobre el vecino de color. Desde la denominación de origen de enfermedades como el coronavirus o atentados terroristas que potencian un temor ancestral para dirigir y extremar la desconfianza hacia las otras personas. “Me parece algo peligroso y es muy relevante responder a estas iniciativas populistas con posiciones claras respecto al derecho a la movilidad de las personas, el respeto a sus garantías y a su consideración como cualquier otra persona”, señala Vidaurrázaga.

La profesora de la Escuela de Antropología, Carol Chan, ha realizado una activo trabajo publicando columnas de opinión sobre este asunto reciente y en particular referidas a la percepción sobre el “virus chino” dentro de la comunidad local. “Los virus no discriminan, la gente sí. La pandemia mundial del COVID-19 ha provocado una escalada y visibilización del racismo y la xenofobia contra inmigrantes y minorías asiáticas en muchos países. Chile no es una excepción: hay gente gritando “coronavirus” a personas asiáticas en las calles, diciendo que ellas deberían “volver a China.” Algunos líderes, políticos e incluso periodistas han referido a este nuevo coronavirus como “el virus chino,” defendiendo la idea que se refiere a un hecho objetivo: que el virus viene de China. Por la asociación histórica y discriminatoria de los inmigrantes chinos con enfermedades y epidemias en barrios chinos, ha existido una estrecha relación entre enfermedad y discriminación”, ha señalado la Doctora en Antropología.

“Si persiste la dificultad de imaginar un Chile donde un descendiente de chinos es considerado un chileno, y si seguimos pensando que el cómo se ve a alguien es esencial a su identidad y nacionalidad, pandemia, orientalismo y discriminación continuarán operando de manera conjunta”, estima.

El limbo fronterizo

 

Desde la Escuela de Ciencia Política, el profesor José Orellana, se refiere a cómo ha afectado la pandemia de contagios a las relaciones diplomáticas entre Chile y los países vecinos, cuyos connacionales viven en el limbo de las fronteras cerradas bajo argumentos sanitarios como medida de completo abandono en muchos casos. Para el académico, el cierre fronterizo decretado por países vecinos como Bolivia y Perú, ha obedecido, además de medidas de control sanitario propiciadas por organismos internacionales como la OMS al miedo al contagio de estos mismos países que terminan recurriendo a medidas radicales como ésta, pero desde su institucionalidad.

“La pandemia ha activado un tipo de control político y territorial desde la urgencia de excepcionalidad nacional y estatal sanitaria que sorprendió los procesos migratorios en curso, siendo el caso de bolivianos y peruanos aquí en Chile, una singularidad, toda vez que la cercanía del proceso, no menguó la rudeza con la que los estados vecinos administran a sus propios ciudadanos impidiéndoles el ingreso a sus países. Esto evidencia no necesariamente que no quieran su reingreso, sino que muy probablemente no estaban preparados en logística, recursos y protocolos sanitarios que permitieran este retorno”, cree Orellana.

El efecto resultante, es una especie de “mala propaganda” para estos gobiernos que ya se encuentran vulnerables políticamente, dado que ninguno de ellos, cuenta con la ‘legalidad – legitimidad’ que permite el voto popular, estima el Doctor en Estudios Americanos. “Ha quedado demostrado que en momentos en que la globalización ha sido constreñida a causa de esta pandemia del coronavirus, se requiere de desarrollos fronterizos integrales, comprensivos y no sólo abordados por los intereses nacionales respecto de una u otra sensibilidad política nacional”, cree Orellana. Y agrega que “aunque suene pretencioso, si estas sensibilidades hubiesen estado más profundizadas en complejidad, muy probablemente, habría existido un mejor tratamiento a los migrantes varados sean estos bolivianos, peruanos o chilenos”. 

Aislamiento social y segregación social

 

Desde el corazón de las necesidades sociales y humanas del migrante, la Coordinadora de Práctica Profesional de la Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, Macarena Covarrubias, también ha estado a cargo de la Escuela de español para Haitianos durante los últimos años. Desde ahí ha atestiguado dónde están las principales vulnerabilidades de estos nuevos vecinos que se han visto más afectados por la contingencia sanitaria por su condición precaria de trabajo, muchas veces. También ante un tratamiento mediático sesgado que los posiciona ante la opinión pública, como población de riesgo por su falta de recursos e indefensión ante el COVID -19, pese a que es el mismo escenario del de miles de chilenos.

Covarrubias cree que han sido evidentes los episodios de segregación hacia la comunidad migrante en nuestro país, los que se ven incrementados en contextos de pobreza y desigualdad socioeconómica. “Las dificultades del idioma, la difícil situación en la que están por falta de recursos para vivir, la precariedad de sus trabajos, la mayoría informales, de ingresos mínimos, el vivir en condiciones deplorables y hacinados, hace casi imposible que se respeten las medidas de prevención establecidas en esta crisis sanitaria”, señala la Magíster en Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Agrega que estos factores influyen en el aislamiento social de estos grupos y la generación de un escenario de desamparo y de incomprensión del que, tristemente, tienen mucha responsabilidad nuestras políticas públicas migratorias. “Estas, son una clave para interpretar las deficiencias respecto al trato igualitario hacia nuestra población extranjera en el actual contexto sanitario, como por ejemplo con lo ocurrido con la comunidad afrodescendiente haitiana en Quilicura (asediada por ser parte del contagio en cités), o la discriminación a extranjeros colombianos en trabajos de reparto a domicilio. Muchos, incluso, no quieren asistir a servicios médicos por miedo a ser expulsados y/o discriminados. Esto solo devela las deficiencias estructurales de nuestra sociedad en general y de cómo no hemos sido capaces de generar remediales y cambios que atiendan a las necesidades de la población migrante. Esto incluso, puede resultar en otra manera de abuso y criminalización hacia ellos, donde se asedie con más fervor –como ha sucedido desde el brote de COVID-19- y se genere aún más rechazo y un despliegue mediático más discriminatorio”, plantea la educadora del Programa de Español para Haitianos.

Además de la enseñanza y certificación del idioma,  la asesoría legal y apoyo sicológico y social que la UAHC lleva adelante con la población haitiana, otras disciplinas también aportan desde la investigación a la problemática. La geógrafa y coordinadora de prácticas de la Escuela de Geografía, Alejandra Díaz, cuenta que las complejidades de migración y contagio cuentan con un trabajo investigativo de varios años previos llevado adelante por la profesora de dicha carrera, la doctora Ximena Valdés.

“Desde la geografía rural, nuestra profesor ha avanzado en importantes aspectos de la precariedad laboral y su influencia en este sentido a través de su Proyecto Fondecyt “Género, etnia y nacionalidad de los temporeros en la agricultura de exportación. Una inmersión en trayectorias sociales y desplazamientos geográficos frente a estrategias empresariales de empleo en Atacama y la Araucanía”, cuenta acerca de cómo cuestiones sanitarias, del trato y de la empleabilidad impactan en los derechos de temporeros y temporeras, en particular los de las regiones norte y sur, dos de las que registran mayores niveles de contagio de COVID-19.

La investigación de Valdés, en la que también participa el docente de la UAHC, Marcelo Garrido y la antropóloga Loreto Rebolledo ha registrado, explica Valdés, prácticas asociadas al trabajo informal, el poco respeto a las leyes laborales y más aún cómo se desarrolla cuando quienes se involucran en él son extranjeros e indígenas. La metodología de este estudio incluyó entrevistas a trabajadores, temporeros, funcionarios públicos, empresarios y otros informantes. Esperamos incentivar otros estudios rurales en ámbitos más o menos desnudos en términos de esta problemática y la forma de cómo visibilizar los trabajadores temporales, las mujeres, indígenas y extranjeros como los más precarios del país”, señala la profesora.

También la Clínica Jurídica de la UAHC se ha hecho cargo de algunas de estas situaciones de vulneración de derechos para la comunidad migrante. En medio de la pandemia, el encargado de este Servicio Comunitario, Gonzalo Malagueño cree que también recrudece el maltrato laboral, la precariedad en la atención de los servicios de salud y la marginación que proviene de un origen cultural local. “Dentro de la legislación laboral chilena se señala que junto con el contrato debería existir una cláusula de devolución o pago del pasaje para que las personas se aseguren  el regreso a su país. En el caso de los bolivianos, lo que pasó fue que  eran personas que llevaban mucho tiempo y no pudieron regresar a su país debido al cierre de fronteras. Cuando eso pasa, automáticamente se produce un problema de tipo diplomático, donde es el país de origen de cada trabajador, el que se debe hacer cargo de sus ciudadanos para repatriarlos”, explica.

Agrega que es necesario hacer una distinción entre extranjeros con residencia permanente y quienes no gozan de ella para entender el bajo acceso en materia de salud y la anomia producto de bolivianos, peruanos y bolivianos detenidos en las fronteras. “Este es un tema que si bien lo estamos viviendo en Chile, se está repitiendo en todo el mundo. En este caso intercedieron alcaldes y pudieron de alguna manera ir solucionando el tema, pero esto es un problema diplomático que se debe tratar a ese nivel”, señala Malagueño.


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