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9 de abril de 2021

Reporte internacional respalda informes similaresInforme anual de Amnistía Internacional confirma falta de respuestas en casos de trauma ocular

Amnistía Internacional, la organización preocupada del reconocimiento y respeto a los derechos humanos, presentó su Informe Anual 2020-2021 en el que reporta la evolución de la crisis social y sanitaria que afecta al país y cómo, en otros diversos aspectos, se registra la falta de respuestas del Gobierno ante las principales demandas de la ciudadanía.

En su apartado sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el informa acredita que, hasta la fecha, las investigaciones llevadas a cabo por Carabineros y las sanciones administrativas impuestas a quienes han cometido abusos “han sido lentas e ineficaces, a menudo basadas en infracciones administrativas menos graves y no en violaciones de derechos humanos”. El capítulo sobre uso de la fuerza excesiva agrega que cerca de la mitad de las causas que han llegado a tribunales por violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social, se han cerrado sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. “Fiscalía refirió diversas dificultades en cuanto a recursos disponibles, falta de respuesta de las policías y dificultad para ubicar a las víctimas. Solo ha existido una condena a la fecha”, agrega.

En cuanto al estado de las acciones de apoyo a las víctimas de trauma ocular, producto del uso de balines en las manifestaciones, el informe de Amnistía Internacional, señala que las personas afectadas han referido directamente a este organismo la preocupación por el funcionamiento deficiente del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), y la urgencia de que este opere de manera verdaderamente integral, en todo Chile, y sin riesgos de revictimización o discriminación para quienes lo utilicen.

Si bien el reporte no se refiere explícitamente a la existencia de presos/políticos/as producto de la disidencia, sí agrega que el gobierno chileno ha presentado demandas judiciales contra más de 1.000 manifestantes amparándose en la Ley de Seguridad del Estado, “lo que no se ajustaba al derecho internacional de los derechos humanos y podía dar lugar a actos de hostigamiento político”.

Las demandas anteriores, en las que la Academia ha sido parte activa, ratifican confirman muchas de las denuncias que la misma sociedad chilena ha manifestado y se suma a otros reportes internacionales recientes como el del Departamento de Estado de EEUU que también se refirió a violaciones a las garantías constitucionales en suelo chileno. “Se trata de observadores diversos de distinto carácter, gubernamental y no gubernamental, que acreditan que en Chile se ha producido un retroceso en el ámbito del respeto a los derechos humanos que es gravísimo. Una situación agravada aún más por una recesión social y la pandemia ante la que es relevante alertar públicamente con esta información”, señala el rector de la UAHC, Álvaro Ramis.

Destaca que el siguiente paso a nivel país al contar con esta información, es atender a una tarea integrada en el conjunto de los poderes de la sociedad y el Estado, es decir “acoger estas observaciones y denuncias tanto a nivel del poder judicial para aportar en el esclarecimiento de los hechos y su sanción respectiva. En tanto, el Congreso debe hacer lo propio legislando para asignar control al Ejecutivo para que este asuma sus errores, los enmiende y ofrezca cauces de transparencia y cooperación con la justicia para lograr reparación integral y el pleno esclarecimiento de la verdad”, agrega Ramis.

Puedes descargar el informe de Amnistía Internacional en el siguiente vínculo