Sobre coyuntura sanitaria y constituyenteDr. Pedro Rosas: “No hay momento más oportuno para la demanda de la dignidad y la libertad que este"

En ., Noticias (6 de abril de 2020)

Mientras se vive el clima de emergencia producto de la crisis sanitaria internacional del COVID-19, diversas instituciones, intelectuales y la sociedad civil ha advertido sobre cómo el contagio acecha en particular a la población penal chilena y a quienes, dentro de este grupo, ya viven una vulneración de derechos grave. Cerca de 2500 presos han sido encarcelados bajo las distintas leyes restrictivas del Estado desde el estallido social del 18 de octubre pasado. Al respecto, el ejecutivo, a través de sus diversos representantes, ha señalado que, en estos casos, no se trata de presos políticos, sino que “quienes participaron en esta revuelta, son más bien delincuentes…”.

En este contexto de criminalización de la protesta, el Dr. en Historia y Director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Academia, Pedro Rosas, desde su experiencia, conversó con La Izquierda Diario, acerca del status actual de los detenidos durante las movilizaciones, la figura histórica del preso político y las líneas en que se cruzan el estallido social, la pandemia del coronavirus y el oportunismo de un Estado represor desde que se popularizara la expresión “Chile despertó”. ¿Cuál es su significado?

“Es un despertar en el sentido de presencia en los medios, en el sentido de que fue recogido como un fenómeno por parte de los intelectuales, cientistas políticos, sociólogos, etc. Pero en un primer momento hubo una incomprensión de este fenómeno, considerado una “cuestión anímica”, que tenía cierta patología social. Se trata de un fenómeno que viene a cuestionar las raíces del neoliberalismo, el rol del Estado, el rol y función que estaba cumpliendo la elite política y particularmente el ejecutivo y, por lo tanto, en ese sentido no era solo un malestar de tipo cultural, si no que era una posición de rechazo, contestataria a una política de gobierno, pero también a una conceptualización y utilización del Estado y, por supuesto, un cuestionamiento al modelo neoliberal. El punto clave de avance de esa gestualidad política era la exigencia de la renuncia del ejecutivo, además del reclamo de soberanía popular mediante una Asamblea Constituyente.

¿Qué le parecen los dichos y accionar del gobierno frente a los encarcelados y procesados a los que, de manera sistemática, el poder judicial ha mantenido detenidos como medida cautelar?
– Lo que dice el gobierno es que estas personas no son presos políticos son delincuentes. Si uno piensa en lo que ocurre en el periodo dictatorial, la dictadura va a negar también durante muchos años la existencia de presos políticos y va a sindicar a la resistencia chilena como unas organizaciones y personas que ejercen acciones extremistas y posteriormente van a ser terroristas al final de la dictadura y durante los primeros años de la transición política en Chile, que es una transición que, como todos sabemos, es pactada. Lo que permite un ancho margen de impunidad, con instituciones que son controladas por los mismos personajes del periodo inmediatamente anterior, con un comandante en jefe que fue el mismo dictador, que después va ser un senador designado por muchos años, es decir, con un conjunto de elementos que hablan más bien de la continuidad de la dictadura. Las organizaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, algunos destacamentos del MIR o el partido MAPU Lautaro (que desarrollaron actividades de propaganda fundamentalmente), algunas recuperaciones, sabotajes, algunas acciones de castigo a agentes represivos y violadores de los Derechos Humanos, como Fuentes Morrison o el Wally o personajes vinculados a la dictadura como Jaime Guzmán, en ese caso, cuando los militantes son detenidos y colocados en prisión, lo que va a ocurrir en los primeros años de la democracia -también en los primeros años de Patricio Aylwin, también en el gobierno de Frei, van a señalar que estos son “delincuentes terroristas”. Entonces ahí ya no se usa la expresión “extremista” ni puramente “terrorista”, cambia la figura, construye un imaginario social en la población de estigma, construye un otro que debe ser desalojado de los espacios públicos, políticos y sociales.

En 1994 la ministra de justicia de la época, Soledad Alvear, en el título de una carta señala que en Chile “no existen presos políticos” en respuesta a una carta que le llega de la CUT, y, consecuentemente unos días después, varias organizaciones nacionales e internacionales le tienden a reenviar la carta respecto de la situación que están viviendo los presos políticos, que en ese momento se encuentran ya en la cárcel de alta seguridad. O sea, es una constante que gobiernos de esta naturaleza, neoliberales que acceden al poder mediante las urnas, cuando ven cuestionada su legitimidad, cuando ven que se levanta una organización o un movimiento social o un conjunto de acciones colectivas desde la organización, cuando ven que los movimientos sociales en contra de sus políticas cuestionan de manera contestataria las estructuras que estos bloques del poder, van a configurar una otredad ilícita, van a configurar una otredad que va ser objeto de estigma y se va a negar la condición política de aquellos que han caído en este caso en la prisión.

Pero en el caso de los prisioneros políticos de este periodo “de la revuelta de octubre” se trata de gente que no está cometiendo ningún caso de actos ilícitos, no estamos hablando de organizaciones armadas, no estamos hablando de acciones político militares, estamos hablando de movilización, de la acción colectiva en los espacios públicos de naturaleza contestataria, que exige la renuncia de Piñera, a los agentes represivos del Estado como su ministro del interior, el director general de carabineros, a quienes se les identifica como causantes y responsables directos políticos y ejecutivos de las mutilaciones, de las muertes, de la represión a la población.

Es decir, hay un discurso político que está ahí instalado en una expresión social, es una expresión de jóvenes partes de un movimiento social que, además de aquello, levantan una demanda que es política. Cuestionan la estructura, cuestionan los operadores, cuestionan las medidas que toma el poder a través del gobierno y a través de alguno de sus agentes claramente identificado. En ese sentido, se trata de una exclusión de una voz política que tiene una legitimidad, que tiene un respaldo en la sociedad.

¡La libertad es ahora!

¿Considera que el Estado busca aleccionar con estos castigos ejemplificadores a quienes decidan no abandonar las demandas políticas en la calle?
– Respecto de la medida del gobierno de mantener a 2500 presos de la revuelta de octubre y la posterior ratificación de los tribunales, muestra una sintonía, pese a la fragmentación de los poderes del Estado en Chile, que han protagonizado pugnas intestinas que tienen que ver con el control de los aparatos del poder. Pero en este caso, expuestos a la existencia de una contestación social importante de naturaleza masiva y que, por sobre todo, fue permanente en el tiempo. La medida que ellos tomaron fue actuar en una misma línea y mantener a estas personas en una prisión preventiva, que, desde el punto de vista jurídico, no tenía mucha justificación, pues muchas de estas personas no habían cometido delitos de ninguna naturaleza. Lo más probable era que estas personas hubiesen salido en libertad posteriormente y, sin embargo, se les mantiene en prisión preventiva y los jueces que pudieron cuestionar estas medidas en primera instancia, fueron en segunda instancia recriminados por las cortes de apelaciones, incluso, en un último caso, hubo un juez que fue sancionado por la corte de apelaciones. Entonces está claro que hay una idea de fondo que tiene que ver con la mantención de un orden que no es solamente el orden público, sino la mantención de un orden social, de un orden político que ha sido cuestionado extraordinariamente por el conjunto de la población. Es decir, el poder judicial está alineado con el poder ejecutivo, al tratar bajo un expediente de delincuencia a un movimiento social y actores sociales que, por lo demás, tienen una extraordinaria legitimidad sobre el conjunto de la ciudadanía. Busca aleccionar al conjunto de los actores sociales movilizados y también enviar un mensaje a los grupos sociales que respaldan al gobierno a quienes dan muestras de fuerza, muestras de gobernabilidad y estabilidad frente a un mercado que se había movido con bastante cautela con esto de las inversiones, que se estaban desarrollando en Chile.


Había que tranquilizar al sector empresarial enviando señales de fuerza bastante contundentes. En ese sentido, es una señal la acción represiva del gobierno, por un lado, y de los tribunales, por otro. Además de la discusión misma de medidas represivas en el parlamento como lo fue la ley antibarricadas, como fue conocida popularmente. Tenían que ver con una señal de doble flujo: por un lado hacia el movimiento popular, buscando la desmovilización y, por otro lado, por supuesto, hacia las clases dominantes. Con esto, buscan generar tranquilidad, reponiendo la legitimidad del gobierno.

¿Qué aspectos de continuidad encuentra entre los presos políticos desde la dictadura, la transición a los de la revuelta a partir del 18 octubre?
-Hay elementos de continuidad fundamentalmente en lo referido a la expresión o voluntad popular (que en el caso de la dictadura tenía que ver con el término del régimen) y también en la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa y democrática que en definitiva no fue posible en la transición política en los términos en que esa misma transición fue pactada y desarrollada. Yo diría que en este caso hay un elemento de continuidad en la búsqueda de poner término a las características que ha tenido el capitalismo en Chile, es decir, poner término al neoliberalismo y toda la crueldad que implica la implantación de ese modelo con la dictadura, el cual después fue sofisticado con todos los gobiernos de la Concertación y administrado en la actualidad por este gobierno de derecha. Entonces diría que hay un elemento de ruptura que tiene que ver precisamente con una contraparte frente a un gobierno represivo, pero también frente a políticas neoliberales

La transformación estaba cristalizada en la demanda de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, por lo tanto, no solo habían reivindicaciones políticas inmediatas que tenían que ver con la salida de Piñera o su ministro del interior, de agentes represivos del aparato del Estado, sino que también hay una demanda de una transformación profunda del aparato del Estado, de una conversión de ese aparato precisamente en un elemento que resuelva las demandas sociales, de una conversión de ese aparato precisamente en un elemento que resuelva las demandas sociales, por lo tanto, la demanda social, la demanda popular que expresan estos jóvenes, quienes hoy son prisioneros políticos, tenía que ver precisamente, como hemos venido hablando, con el término del neoliberalismo, pero también tenían relación con la configuración de un nuevo sistema político que tuviera como base la soberanía popular.

De acuerdo a su experiencia como académico, ¿Cuál es la demanda hacia el Estado frente a esta problemática?

-Lo que ha ocurrido es que este Estado y este gobierno han sido extraordinariamente coherentes y consecuentes con la clase social a la cual sirven, por lo tanto, ¿donde está la posibilidad de salida? Tiene que ver precisamente con el uso de las herramientas políticas, sociales y jurídicas, que la misma legalidad del aparato permite, pero impulsada y jabonada a partir de la acción de los movimientos sociales. Es decir, va ser únicamente la movilización social, la acción colectiva de muchas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el copamiento de la estructura política jurídica a través de muchas demandas, recursos, muchas acciones jurídicas -pero que tienen que ser necesariamente acciones políticas-, las que van a ir ampliando la posibilidad de uso de esos espacios. Por lo tanto, no es posible pensar en una solución al problema de las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos a partir del 18 de octubre o de los jóvenes que son prisioneros políticos sin la movilización social y, en ese sentido, hay dos momentos: es decir, una cosa es despertar y otra cosa es levantarse.

La figura de “Chile despertó” es una figura que tiene que ver con la toma de conciencia que, sin embargo, es una cosa retórica, porque ya existía conciencia de la naturaleza de este gobierno y de este Estado, pero el despertar tiene que ver también con el levantarse. Es decir, no puede quedar este movimiento en una acción de toma de conciencia o de expresión puramente estética o retórica sin pasar a dar cuenta de que hay un problema político de fondo. Es decir, el problema del poder, las relaciones políticas que sostienen ese poder. Considerando, entonces, que el movimiento social evidencia este último punto, avanzando hacia la constitución de un movimiento político, las preguntas que quedan por hacer son: ¿dónde está la soberanía? ¿Quien ejerce la soberanía? ¿Cómo se ejerce esa soberanía? (que siempre es una soberanía política), y ¿cómo se defiende el ejercicio de esa soberanía? Esos son problemas políticos que tienen que ver entonces con la pregunta por el poder.

Por lo tanto, la resolución de los problemas tiene que ver hoy dia con una construcción política que resuelva el problema del poder. Primero que se lo plantee y luego que construya los instrumentos para poder resolver la contradicción fundamental que existe en la sociedad chilena. O sea, cualquier otro debate respecto de la soberanía es un debate que encubre la realidad. Hay un aforismo muy clásico que señala: “salvo el poder todo es ilusión”.

Desde la perspectiva de la crisis sanitaria del COVID-19, ¿qué mensaje le enviaría al movimiento social en materia de derechos humanos?
En este caso hay una perversa coincidencia: la pandemia es un hecho tan objetivo como la incapacidad del Estado de generar recursos médicos, dada la privatización de estos para hacerse cargo de la problemática de salud pública. Pero también es un hecho objetivo que es una oportunidad política para el gobierno, que le permite retomar la iniciativa, como, por ejemplo, retomar los espacios públicos a partir de la situación sanitaria. Pero esto no es una decisión política del movimiento popular, sino una medida de resguardo. Acá nosotros encontramos un elemento de continuidad clarísimo con la dictadura, un conflicto en las condiciones del encierro, del aislamiento, del castigo del cuerpo. Todo tiene que ver, en primer lugar, siempre con la dignidad, luego con la sobrevivencia y finalmente con la libertad. O sea, evidentemente, lo primero que está aprisionado es la dignidad de esos jóvenes, las condiciones del hacinamiento, la inseguridad, la condición de estar privados de la movilidad de los cuerpos.

Lo primero que se le arrebata al individuo es, sin duda, su dignidad y lo que nosotros estamos evidenciando ahí, es una lucha de sus familiares y ellos mismos por la recuperación de la dignidad. La recuperación de esa dignidad permite tener visitas en condiciones dignas, permite acceder a derechos, permite, en definitiva, articular las posibilidades de la búsqueda de la libertad. Una libertad que no es en abstracto. A la libertad se accede cuando tú has conquistado o has avanzado las condiciones mínimas para luchar por esa libertad, que es una libertad física, una libertad política, una libertad jurídica, que es una libertad de los cuerpos que están presos en condiciones extraordinariamente riesgosas, en condiciones de pandemia. Entonces no hay momento más oportuno para la demanda de la dignidad y la libertad que este momento, pero al mismo tiempo no hay momento más urgente y más grave que este momento. ¡La libertad es ahora!

Entrevista publicada en La Izquierda Diario