Economistas y docentes de la UAHC proponen
Debate sobre retiro de fondos de las AFP: una oportunidad para la transformación social

En Temas (10 de julio de 2020)

Recientemente la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que permite el retiro anticipado de fondos previsionales, con el objetivo de hacer frente a la crisis económica y sanitaria derivada del coronavirus. La señal de este pequeño triunfo, que plantea la posibilidad de que los afiliados retiren hasta el 10% de los fondos acumulados en sus cuentas individuales, abre un flanco de optimismo entre quienes esperan el fin de este sistema de ahorro previsional que perpetúa la precariedad en muchos casos.

Para analistas y académicos/as de la UAHC, la discusión que se genera en torno a romper el cerco de las AFP es no sólo el resultado de la falta de alternativas de alivio para la clase media tras cinco meses de crisis sanitaria, sino la evidencia de un sistema económico que luce una fatiga estructural evidente. Entre los críticos se encuentra el profesor Hugo Fazio. El economista y ex Vicepresidente Ejecutivo del Banco Central, sostiene que el debate de fondo, en cuanto al retiro de parte de estos ahorros, es el eco de otra discusión más profunda y urgente.

“Se trata de una cuestión fundamental acerca de si se debe seguir considerando la viabilidad del sistema de pensiones actual desde la base de un mecanismo de ahorro forzoso que se ha apoderado de una gran cantidad de recursos de la ciudadanía”, sostiene el académico de la Facultad de Ciencias Sociales UAHC.

“Los hechos recientes demuestran la profundidad de la contradicción. Que la gente necesita esos recursos que son propios pero que estos están reservados en un fondo que no se termina de devolver jamás ni se destina al objetivo que dice tener que, supuestamente, es el de mejorar las pensiones de las personas o atenderlas. Finalmente el grueso de las personas, sobre un 60% terminan siendo cubiertas por recursos de fondos fiscales”

La votación de esta semana no se encuentra de ninguna manera cerca de resolver un problema estructural. Hay que acabar con el sistema de AFP y de paso hay que dar salida a un proyecto presentado en el senado que busca terminar con el Decreto Ley 3500, que data de la dictadura y que blinda la existencia da las AFP. “Si das curso a que estos recursos pasen a ser administrados por una institución estatal, las pensiones de las personas podrían entregarse permanentemente e incluso doblarse durante la vejez”, sostiene Fazio. “Estos ahorros que finalmente no se usan, también sostienen la grave crisis política del país y ha dado pie a un fenómeno extendido de manifestaciones que da cuenta de un gobierno desgastado”, agrega.

Un asunto ético

Al igual que Fazio, la economista María Luz Trautmann, docente del Instituto de Humanidades, advierte que los matices de la discusión trascienden -por mucho- la coyuntura del salvavidas económico propuesto por gran parte del Congreso. “Para mí este debate no podemos dejarlo simplemente en el plano económico, es un asunto ético. Incluso desde los propios principios neoliberales que consagran la libertad económica, los ciudadanos tendrían derecho a saber qué hacer con sus ahorros y, en ese contexto, un Estado neoliberal debe garantizar una libertad económica como la que supuestamente predica”, sostiene Trautmann.

Plantea que, según sus propios informes, las ganancias de las empresas administradoras de fondos de pensiones han acumulado, sólo en el último año más de 18 mil millones de pesos en ganancias. El 87% de estas ganancias ocurrieron durante la temporada de pandemia, aclara. Basándonos en estos cálculos, cualquier persona podría invertir parte de estas ganancias y adquirir algún activo o bien inmobiliario que, a su vez, se convirtiera en un patrimonio para los descendientes del actual ahorrador de las AFP, cree la docente del Instituto de Humanidades. “Creo que desde ese plano ético que te he mencionado, estamos asistiendo a una pésima distribución de los recursos en el país y a una tremenda falta de solidaridad”, agrega.

La académica plantea otros caminos posibles para que un Estado pueda asistir a su población en momentos complejos como los que vive el país. Reitera que, en ese sentido, otra discusión importante es la de implementar un impuesto a los “super ricos” y, en una escala más urgente, apoyar las políticas sociales de autogestión como las ollas sociales y otros emprendimientos comunitarios. “Son muy impresionantes las formas de organización que hemos visto recientemente ante un Estado ausente. Acciones súper eficientes como el de las ollas comunes, sus centros de acopio, de financiamiento y trabajo en red es algo que podría recibir algo de financiamiento o apoyo logístico institucional para que pueda mantenerse el tiempo necesario”, plantea.

La economista María Luz Trautmann dice que ve con optimismo lo que sigue tras el umbral de esta discusión que al fin le pone el cascabel a la desigualdad que perpetúan las AFP. Cree que las demandas sociales que impulsa el movimiento social posterior al 18 de Octubre han hecho posible esta posibilidad y otras. “Imagino que siempre un punto de ganancia para la ciudadanía, por pequeño que sea, abre una esperanza de cambio. Imagino que una vez que se supere la pandemia, el movimiento social retomará la fuerza que tenía hace seis meses, pero con una gran diferencia: la que trae consigo el aumento del nivel de organización y la resolución de las necesidades que se han suscitado desde entonces. Efectivamente, creo que estamos ante un punto de inflexión, pero que trae un gran impulso desde hace varios meses ya”, explica.

Una mirada social y estructural

El director de la Escuela de Trabajo Social, Iván Cisternas, señala que al hablar de crisis, sus causas e impacto social lo tiene contrariado debido a las diferentes interpretaciones y la relación que tiene con la economía y quienes la sustentan. Argumenta que se entiende que la intervención del estado a través de las políticas públicas, las “regalías” inadecuadas a los sectores productivos y la política socioeconómicas no ajustadas a las variables de desigualdad existentes hoy, han mermado considerablemente la estabilidad económica, social y emocional de gran parte de la población, dentro de la historia cercana y en la actualidad. “Desde mi apreciación personal y profesional, considero que están en juego una serie de factores más de tipo estructural que están a la base y que, de alguna u otra forma, nos han conducido a una crisis socioeconómica de grandes proporciones, visualizadas desde hace décadas en la historia del país”, sostiene Cisternas y luego agrega: “Si nos vamos a las medidas propuestas por el Estado para enfrentar la actual crisis sanitaria y social, éstas se han caracterizado por el resguardo y proteccionismo de los grandes conglomerados económicos, como son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por un lado,  y los acuerdos políticos-partidistas, por otro, que han afectado enormemente a las medidas paliativas necesarias y urgentes de implementar para ir en ayuda de los sectores más vulnerables del país, que hoy siguen aumentando y generando mayores desigualdades socio-económicas, por tanto, aumento de la pobreza extrema”, remarca.

El académico sostiene que, pensar en propuestas concretas es pensar en un cambio urgente de nuestra constitución vigente. “Yo mencionaría algunos elementos esenciales a considerar para la efectividad de las medidas a corto plazo, más allá del acceso al 10% de los fondos de las AFP, pues ello se ha tornado en una lucha de clases, no considerando a las personas. Entre ello es esencial, un Estado que provea las condiciones de un sistema de planificación concertado; la definición de un órgano multidisciplinar especializado e inter-institucional que logre focalizar las distintas estrategias de ayuda aprobadas por el Estado en beneficio de los que lo requieran para toda la población y sin criterios de exclusión; Integración de los sectores de la orgánica de base social; Comité de expertos para la revisión de las actuales políticas sociales y su efectividad en la actual y futuras crisis, dentro de un nuevo contexto social; que el mercado esté a disposición de las personas y no al revés y que las medidas estén pensadas en la disminución de la dependencia partidista de las acciones y con ello lograr despolitizar las necesidades humanas”.

Finalmente, señala que se hace necesario y urgente construir mecanismos claros, explícitos y formales que posibiliten que todas las instancias, desde el estado a las personas que son parte de las organizaciones sociales barriales, puedan participar y aportar en el nivel adecuado de decisiones. “Requerimos un enfoque de gestión pluridisciplinar e inter-organizacional, que nos permita en forma seria enfrentar la demanda creciente de ayuda en esta crisis sanitaria y social, con ribetes de crisis económica, y ser eficientes en la utilización de los recursos”, asevera el director de la Escuela de Trabajo Social.

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