El caso de la UAHC
Representación triestamental en las universidades chilenas

En Temas (29 de julio de 2019)


Recientemente. Muy recientemente, en junio del 2015, fue derogado un decreto heredado de la dictadura que impedía la participación de estudiantes y trabajadores de la educación superior en instancias de consulta relevantes al interior de las universidades. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N°18.962 (LOCE) -aprobada en el último día del régimen de Pinochet- restringía aspectos vitales de la intervención del ejecutivo en la gestión educativa, beneficiando a un naciente mercado de la enseñanza y señalaba la exclusión de participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios en la elección de autoridades y otros destinos académicos.

El sociólogo e investigador en política educacional de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, es autor, junto a Cristian Bellei, del libro “What does education privatization mean? Conceptual discussion and empirical review of Latin American cases”. Atento a asuntos de gobernabilidad universitaria, sigue con atención la ejecución de las pocas experiencias de participación  triestamental en la educación superior chilena.

A su juicio, el antecedente más importante de este proceso fue la discusión sobre participación estudiantil y co-gobierno de los años 60 que, aunque avanzó algo más durante la siguiente década, quedó trunca durante la transición a la democracia. “Esta participación de la comunidad quedó súper restringida en especial en las instituciones públicas. Ni hablar de las universidades privadas. De hecho existe toda una discusión al final de los 80 donde más bien se decanta por la idea de que quien determina las decisiones en una universidad, es el sostenedor. Es el mismo sistema que se utiliza en la educación escolar, pero básicamente acá son los propietarios. La radicalidad de esto es que la mayoría de las universidades ni siquiera contemplan participación académica. En estricto rigor, no son los académicos los que controlan ni conducen la universidad. De ahí, las grandes contradicciones que suelen darse a veces entre autoridades académicas y las juntas directivas”, estima el experto.

Si bien la LOCE fue reemplazada por la Ley General de Educación (LEGE) y se modificó la cláusula asegurando el derecho a asociación en todas las instituciones de educación superior, es una curiosa excepción que sólo una universidad en Chile aplique la triestamentalidad a la hora de ejercer el gobierno universitario. Todo esto durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Antes de esto, ya desde 1996, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano realizaba elecciones participativas donde el pleno escogía a rectores de la talla del historiador José Bengoa. Desde esta casa de estudios el autor de “La Emergencia Indígena en América Latina” recuerda cómo cristalizaron en este proyecto universitario las demandas de la Reforma Universitaria de los años 70. “Nosotros simplemente retomamos eso al proponer la elección de autoridades, al menos, en lo referido a los directores de escuela. Cada vez que lo hacíamos antes del 2015, nos estábamos situando literalmente la margen de la ley porque estaba prohibido expresamente”, señala.

Participación y gobernabilidad

Precisamente por estos días, la UAHC lleva adelante el proceso de elección de su rector 2019-2023, que nuevamente convoca a las urnas a su comunidad universitaria. Recientemente lo hicieron para escoger un nuevo Consejo Superior Universitarios, directores y directoras de escuela y la decanatura de su Facultad de Ciencias Sociales.

Sobre esta excepción dentro del circuito de las universidades chilenas, Bengoa reitera que, en la actualidad, algunas universidades cuentan con alternativas para que los estudiantes y funcionarios manifiesten su voz, pero no existen instancias formales de votación para que esa opinión sea vinculante. Así, resuenan instituciones como el senado universitario, consejos asesores, directorios y diferentes ponderaciones para hacer valer votaciones morales en casas de estudios tan centenarias como tradicionalistas a la hora de desarrollar un cogobierno y sus posibilidades.

En tanto, Orellana reconoce esta excepción en universidades como la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,  la Universidad de Valparaíso y avances en la Universidad de Chile, que ha expresado cambios en la participación gatillados tras 1998. “Excepciones más bien puntuales”, declara el sociólogo. “En general, en las universidades dominan las juntas directivas y en el caso de las universidades estatales, dominan los académicos, que son quienes principalmente toman las decisiones. Pero al decir académicos, me refiero a quienes lo son oficialmente, ya que existen muchos docentes e investigadores que no están contratados”, agrega.

Sobre cómo y tender a un nivel de participación que representa a toda la comunidad universitaria, Víctor Orellana cree que estamos ante un debate que aún no comienza y que necesita aclarar a quién corresponde la fundación, la creación y desarrollo de un proyecto académico universitario. “¿Qué estamentos o sujetos son titulares de la deliberación sobre una universidad?. ¿Reside ésta en grandes sostenedores como Laureate?, ¿en la comunidad?”, se pregunta.

Plantea que en el actual escenario de la democracia triestamental, esta discusión es algo que está lejana en nuestro horizonte aún y que imaginar un futuro en el que las universidades sean espacios de participación universal, es algo que parece una ensoñación o algo radical.  “Creo que las formas de determinación dentro de las universidades y las sociedades dentro de ellas deben ser equivalentes o responder a los mismos principios que las de la sociedad en otras de sus instancias públicas como municipales, servicios sociales, etcétera”, reflexiona el investigador.

El sociólogo Milton Vidal, candidato a rector en las elecciones de la UAHC, considera que, si bien es una característica propia de este plantel, la participación por sí sola es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el ejercicio democrático. “Esa participación tiene que darse cotidianamente y no hay que quedarse únicamente en la letra. El compromiso se suele ver en las conversaciones internas de estas comunidades. Un buen concepto, en los procesos de acreditación, es hablar del Aseguramiento de la Calidad; pero creo que también debe serlo considerar el “Aseguramiento de la participación” para tener una buena gobernabilidad. Algo muy importante en estos tiempos”, declara.

También compite en estas elecciones de la rectoría en la UAHC el doctor en Ética y Democracia, Álvaro Ramis. El docente destaca que una universidad participativa, deliberativa y resolutiva depende de los contextos en que se sitúan los estamentos que la constituyen. “Todos tenemos un contexto de competencias en el que entendemos las discusiones y en el que estamos llamados a participar. Es en esa participación donde se afinan los mecanismos democráticos”, dice. Agrega que una forma de cuidar ese cogobierno es “aumentar las prácticas democráticas para la participación y generar incentivos a través de la representación para que cualquier persona pueda sentirse atraída a presentarse a cargos de responsabilidad”, sostiene.