Cuando pensamos en la inmensa variedad de temas y contenidos que deberían estar incluidos en el debate por una nueva constitución, se nos vienen a la mente muchísimos pendientes. La lista con todas las demandas sociales que se arrastran desde hace décadas y que no se han podido resolver es larga. Más allá de una evaluación de las políticas públicas y de cómo nuestros gobernantes, desde la post dictadura, han llevado la conducción del país, evaluación que desde la sociedad civil es claramente deficiente, nos corresponde tomar el enorme desafío como ciudadanas y ciudadanos de hacernos partícipes del proceso de transformación que se ha venido materializando en el último año.
Lo cierto es que desde la revuelta social la agenda pública cambió y los temas, que no le parecían relevantes de resolver a la clase política, han sido puestos en primera línea por la sociedad civil; impulsados por las necesidades de las personas y la desigualdad social, hoy constituyen una prioridad, se toman la agenda y nos tienen ad-portas de un plebiscito y eventual proceso constituyente para legitimar nuestra Carta Fundamental, como nunca antes en nuestra historia. La idea de que la nueva constitución represente nuestra diversidad como pueblo, nuestros anhelos y asegure derechos y garantías, nos motiva a participar activamente del debate acerca de sus contenidos.
Hay un tema que debería ser exigido como piso mínimo en el debate constituyente, es el acuerdo por incorporar los derechos humanos como marco de convivencia fundamental entre todas y todos. Nuestro país carga con el trauma reciente del golpe de Estado, el quiebre institucional y la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de la dictadura. Luego, durante la post-dictadura, con falencias profundas en torno a las demandas históricas por verdad, justicia y reparación. La impunidad como respuesta del Estado y la invisibilización de las memorias, sobre todo de aquellas que no representan un relato hegemónico (memorias de mujeres, violencia política sexual, memorias indígenas en dictadura, memorias de niñas y niños), han configurado un silenciamiento que se ha sumado a los pactos de silencio de los perpetradores y cómplices pasivos, y que han sido una constante a lo largo del proceso de transición democrática.
El Estado no sólo está al debe con sus ciudadanas y ciudadanos respecto a la desarticulación del tejido social durante dictadura, sino que mantiene una deuda pendiente anterior, una deuda vinculada a diversos procesos marcados por la violencia política. Entre ellas: nuestras memorias indígenas ligadas al genocidio de pueblos originarios en los albores de nuestra historia como nación; la nula respuesta del Estado para abordar el conflicto mapuche; la constante violación de los derechos humanos de las mujeres, feminicidios, violencia sexual y distintos tipos de abuso por razones de género; sin olvidar la violación de derechos de niñas y niños, casos como el del SENAME, y el abandono absoluto por parte del Estado; o los crímenes de odio hacia las personas de la diversidad sexual y la constante discriminación a la que se ven expuestos, discriminación que también sufren las personas migrantes, además de la vulneración de sus derechos. Estos son sólo algunos de una larga lista de pendientes y deudas históricas que se siguen replicando en el presente y que nos hacen reflexionar en torno a la construcción de una democracia que no ha sido para todos.
La violencia policial desde el estallido social también lo ha demostrado así. ¿Qué pasó con el compromiso del Nunca Más? Nos vimos nuevamente expuestos como sociedad a la violación de derechos humanos por parte del Estado. Las Garantías de No Repetición como principio de responsabilidad de los Estados, y a las cuales está acogido Chile a través de tratados internacionales, no fueron respetados y los derechos de las personas han sido constantemente vulnerados en el contexto de la protesta social desde el 18 de octubre. De esta manera, se hace muy importante reflexionar en colectivo respecto a cómo incorporar en la nueva constitución los derechos humanos, además de los procesos de elaboración de memoria como un derecho y como una garantía para el Nunca Más. Asimismo, se debe discutir cómo incorporar la educación y formación en derechos humanos en los diferentes estamentos de la sociedad y organismos institucionales, y de esta forma enfrentar el negacionismo y los discursos de odio que se han ido instalando cada vez con más fuerza y peligro tanto en sectores políticos de extrema derecha como en algunos sectores de la sociedad.
¿Cómo consagrar estos derechos en la nueva constitución? la experiencia internacional comparada nos dice que en los países donde ha existido un proceso o reformas constituyentes y se ha integrado un enfoque de derechos humanos, es necesario que, para garantizar su protección, vengan de una doble fuente: la propia constitución y los tratados internacionales. Esto requiere una base tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho interno. Se hace necesario entonces ver los derechos humanos como la arquitectura de la nueva constitución. Asimismo, no basta sólo con una declaración de principios constitucionales, sino que el Estado debe hacerse responsable y comprometer a las instituciones y a través de ellas, sus políticas públicas para cumplir con las obligaciones establecidas y además hacerlo de forma participativa.
Pensar en una sociedad más justa e igualitaria sin los valores éticos básicos que nos entregan los derechos humanos resulta muy difícil. En ese sentido, como sociedad civil se hace imprescindible otorgarles un lugar en el centro de la discusión constituyente, asegurando de esta forma la no repetición y garantizando dignidad a la ciudadanía en su conjunto. En esa misma dirección, es necesario continuar exigiendo juicio y castigo a los perpetradores, reivindicando el derecho a la memoria amparado en el deber de recordar de los Estados y, sobre todo, forjando desde las bases de la sociedad un vínculo pasado-presente que logre darle sentido a nuestra historia para no volver a cometer los mismos errores. Sólo así se podrá garantizar una sana convivencia democrática.
(*) Cientista Política UAHC
