La producción de opinión: encuestas, agenda y poder en la política chilena

En las democracias contemporáneas, las encuestas de opinión pública se presentan como instrumentos neutrales destinados a medir las preferencias ciudadanas. Sin embargo, como advirtió Pierre Bourdieu, “la opinión pública no existe” en el sentido de una realidad previa y homogénea: lo que denominamos así es, en gran medida, una construcción social producida por quienes poseen los medios para hacerla visible. En el caso chileno, esta reflexión adquiere particular relevancia frente al papel que desempeñan empresas como Cadem y Criteria, cuyas mediciones periódicas han pasado de describir el clima político a configurarlo activamente.

La crítica principal radica en el tránsito desde una función descriptiva hacia una función performativa y de fijación de agenda. Los sondeos no solo registran las percepciones ciudadanas, sino que definen qué temas se discuten y bajo qué marcos interpretativos. Esta dinámica responde al fenómeno que Walter Lippmann denominó manufactura del consenso: la creación deliberada de un clima de opinión que oriente el comportamiento político y electoral. En Chile, los resultados semanales de Cadem o los informes mensuales de Criteria son difundidos por los grandes medios con un peso casi institucional, determinando el orden de prioridades en la esfera pública: aprobación presidencial, seguridad, migración o evaluación de figuras políticas.

Desde la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, esta práctica representa una distorsión del espacio público. En lugar de fomentar la deliberación racional y plural, la opinión se transforma en un producto mediático sometido a la lógica del rating y de la inmediatez. Así, la ciudadanía se convierte en consumidora pasiva de tendencias, y la encuesta sustituye al debate como fuente de legitimidad. Lo que se difunde como “fotografía del momento” es, en realidad, una intervención en la lucha por definir la realidad política.

El efecto es doblemente problemático. Por un lado, se condiciona el comportamiento de los actores políticos, que ajustan sus decisiones y discursos a la encuesta dominante, generando un círculo autorreferente. Por otro, se erosiona la confianza pública en la propia idea de medición social, al percibirse que los sondeos responden a intereses económicos o mediáticos más que a criterios científicos. Los reiterados desaciertos de Cadem y Criteria en procesos electorales recientes refuerzan la sospecha de que sus cifras no buscan anticipar resultados, sino instalar narrativas.

En definitiva, el problema no es técnico, sino político: cuando las encuestas se utilizan como instrumentos de poder simbólico, dejan de contribuir a la transparencia democrática y se convierten en mecanismos de gestión de la opinión. Recuperar la autonomía del espacio público chileno requiere desnaturalizar esa influencia y recordar que la democracia no se mide en porcentajes, sino en la capacidad colectiva de deliberar sin tutelas mediáticas ni estadísticas.

(*) Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.