Crisis de plausibilidad: José Antonio Kast y los límites de la izquierda chilena

(*) Por Mauricio Rifo. Columna publicada en Phenomenal World

Chile dio un giro oscuro en la elección general de 2025. El candidato de extrema derecha José Antonio Kast ganó la presidencia con el 58 por ciento de los votos, derrotando en segunda vuelta a su rival comunista Jeannete Jara por un margen significativo, mientras su alianza electoral, Cambio Por Chile, aumentó su representación en la Cámara de Diputados. Con una de las tasas de participación más altas en décadas, gracias a un nuevo sistema de voto obligatorio, más de 7 millones de personas votaron por el agresivo programa de “ley y orden” de Kast, que llamaba a endurecer la respuesta frente al crimen, los sindicatos y la migración, a retornar a los principios del libre mercado y a derogar políticas sociales progresistas. Su investidura marca el fin de una breve apertura política para la izquierda del país, que había llevado a Gabriel Boric al poder en 2022 tras una ola de protestas generalizadas que cuestionaron el orden constitucional chileno. Las esperanzas de desmontar las estructuras neoliberales heredadas de la dictadura de Pinochet parecen ahora haber quedado sepultadas en el futuro previsible.

Se han ofrecido diversas explicaciones para este giro de fortuna. El resultado electoral ha sido descrito como una reafirmación del conservadurismo innato del pueblo chileno, una expresión de sentimiento antiincumbente, un síntoma del aumento de la preocupación por el delito o un reflejo de tendencias regionales más amplias. Sin embargo, estas interpretaciones suelen pasar por alto lo distintivo de la coyuntura chilena. No ha habido una conversión masiva y repentina hacia la derecha. Más bien, el modelo económico existente en el país, fundado al calor de la dictadura, se ha visto afectado por lo que podría denominarse una “crisis de plausibilidad”.

Este modelo se basaba no solo en la promesa de crecimiento, sino también en la de una mayor integración nacional. Se suponía que la estabilidad macroeconómica se traduciría en mejores condiciones de vida para la mayoría. Chile combinó una rápida expansión con una reducción significativa de la pobreza y un aumento de los salarios reales. El modelo entregó lo suficiente, durante el tiempo suficiente, como para crear un sentido común compartido acerca de cómo debía verse el progreso.

Sin embargo, incluso en su fase más exitosa, el pacto de integración posterior a 1990 contenía un desplazamiento. La promesa de movilidad descansaba en una combinación de gasto social focalizado, disciplina macroeconómica y expansión del acceso a servicios organizados de manera privada y semiprivada. Esta integración basada en el acceso se convirtió en un sustituto de los derechos, financiado a través de los balances de los hogares, los mercados de crédito y un sistema mixto de provisión público-privada. El conflicto distributivo se transformó en un proyecto de largo plazo. Los gobiernos pueden pedir paciencia, porque se espera que la recompensa llegue más adelante.

Si bien esta noción pudo resultar verosímil en la década de 1990, desde el cambio de milenio ha parecido cada vez más inverosímil. El sistema educacional, como instrumento de movilidad social, no estuvo a la altura de sus promesas. Los procesos constitucionales destinados a redactar una nueva Constitución de 1991 funcionaron temporalmente para hacer inteligibles las reformas graduales como pasos hacia un acuerdo mayor. Pero una vez que ese horizonte se cerró con los plebiscitos fallidos de 2022 y 2023, la reforma lenta comenzó a parecerse menos al progreso y más a la deriva.

El cambio decisivo no es que la redistribución haya dejado de importar, sino que la política empezó a parecer incapaz de producir un futuro. En ese contexto, la experiencia de gobierno de Gabriel Boric se vuelve legible como un problema de timing bajo condiciones de restricción. En medio del estancamiento, el endeudamiento y la fatiga institucional, una política de derecha centrada en la “seguridad” logró ganar terreno. Para entender cómo se desarrolló este proceso y cómo podría reorientarse la izquierda bajo el inminente gobierno de Kast, debemos mirar la trayectoria chilena posterior a Pinochet.

El pacto

Chile salió de la era dictatorial en 1990 con una economía altamente liberalizada que debía mucho a la Escuela de Chicago. La transición democrática del país combinó la continuidad de la disciplina macroeconómica con una expansión del gasto social. De ello surgió un peculiar pacto de desarrollo. En lugar de volver a la sustitución de importaciones o a una estrategia industrial dirigida por el Estado, las élites buscaron “estabilidad” mediante la preservación de partes clave del orden económico de Pinochet, junto con una mayor inclusión social a través de redistribución focalizada y programas sociales.

A medida que los indicadores comenzaron a mejorar durante la década siguiente, este pacto fue aceptado por amplios sectores de la población. Entre 1990 y 1998, el crecimiento del PIB real de Chile promedió un 7,3 por ciento anual, mientras que el PIB real per cápita aumentó en promedio un 5,6 por ciento por año, y los salarios reales crecieron cerca de un 4 por ciento anual durante la década. La pobreza cayó drásticamente, de 38,6 por ciento a 21,7 por ciento, mientras que la pobreza extrema descendió de 12,9 por ciento a 5,6 por ciento. Aunque esos avances no eliminaron la desigualdad ni crearon una economía de altos salarios para la mayoría de los chilenos, sí hicieron que la meta de la integración pareciera alcanzable. Parecía que crecimiento, estabilidad y redistribución gradual podían ocurrir simultáneamente. Las implicancias políticas fueron significativas, pues las instituciones del país comenzaron a ejercer una autoridad real y los hogares comunes vieron las dificultades que experimentaban como un estado temporal y no como una condición estructural.

Sin embargo, el pacto posterior a 1990 desplazó la promesa de movilidad hacia un canal institucional específico. Dado que el aumento de la productividad y la convergencia salarial seguían siendo desiguales, los hogares comenzaron a ver la movilidad no como una certeza del mercado laboral, sino como un proyecto educacional. Se necesitaban credenciales para materializar la perspectiva de progreso. La “masificación” de la educación superior se aceleró así rápidamente durante este período. Los análisis oficiales muestran que la matrícula neta entre las personas de dieciocho a veinticuatro años pasó de 13 por ciento en 1990 a 27,5 por ciento en 2006, y luego a 30,8 por ciento en 2009.

Este aumento cumplió una doble función. Simbólicamente, representó inclusión, dignidad y la promesa de una identidad profesional para la nueva generación de chilenos. Institucionalmente, operó como un mecanismo sustitutivo de integración en una sociedad donde los derechos universales en salud, pensiones, vivienda y cuidados seguían siendo limitados o segmentados. Creció la sensación de que el esfuerzo educacional podía compensar las desigualdades estructurales. Todo el arreglo político terminó así descansando sobre los retornos de la educación.

Este era un punto de gran vulnerabilidad. Cuando la movilidad social depende de credenciales educacionales, estas se convierten naturalmente en una fuente de intenso escrutinio. Si la calidad de la provisión resulta desigual, si la absorción del mercado laboral es segmentada, o si pagar por la educación implica asumir un endeudamiento excesivo, entonces la situación puede volverse políticamente explosiva. En otras palabras, la educación solo puede desempeñar un papel estabilizador si sus costos no son percibidos como punitivos.

Fue el régimen de crédito estudiantil chileno el que encendió esta mecha. Creado en 2005, el Crédito con Aval del Estado (CAE) institucionalizó el acceso financiado por deuda como un pilar central de la expansión. Integró la expansión de la educación superior en circuitos financieros y redefinió el significado social del acceso, que dejó de ser simplemente una cuestión de admisión y arancel para convertirse en una obligación de largo plazo. Se estableció un vínculo directo entre las condiciones macroeconómicas, los balances de los hogares y la legitimidad política. A fines de 2021, una caracterización oficial de la población deudora del CAE informaba que más de un millón de estudiantes habían tomado este crédito y que la morosidad había aumentado persistentemente desde 2015, alcanzando el 48 por ciento al cierre de 2021. El mismo informe muestra que la morosidad era de alrededor del 77 por ciento entre quienes no completaron sus estudios.

La apertura de la educación superior chilena, entonces, no fue una simple historia de ampliación de oportunidades, sino más bien una compleja trama de provisión mercantilizada y arquitectura financiera que trasladó el riesgo a los hogares. Esto creó las condiciones para una política de la decepción, en la que las expectativas incumplidas dieron lugar al resentimiento popular. Aunque este fue contenido mientras la economía siguió creciendo, finalmente salió a la superficie cuando el ciclo expansivo se desaceleró y el sueño de la integración comenzó a deshacerse.

Estudiantes en rebelión

Esta desaceleración produjo una serie de convulsiones políticas, en 2006, 2011 y 2019, cada una de las cuales expresó la misma tensión subyacente: el acceso a la educación se expandía más rápido que la capacidad de garantizar una calidad decente y asegurar los resultados esperados. En una sociedad todavía organizada en torno a la provisión privatizada y el crédito, el sistema fue incapaz de cumplir sus promesas. Como la experiencia vivida de la movilidad social estaba ahora mediada por los problemas del arancel y la deuda estudiantil, el conflicto distributivo pasó a concentrarse en el sector educacional.

En 2006, los estudiantes secundarios lanzaron la llamada “Revolución Pingüina”. Lo que comenzó como una serie de demandas concretas sobre temas como el costo del transporte y los derechos de examen pronto escaló hacia una crítica integral de la desigualdad educativa. El movimiento volvió a instalar el debate sobre educación en la agenda nacional y expuso las disparidades del sistema. En 2011, el foco se trasladó a la educación superior. Durante los dos años siguientes, las federaciones universitarias y otros actores sociales protagonizaron movilizaciones que apuntaron directamente contra los intereses de mercado en educación, como la provisión con fines de lucro y el financiamiento vía deuda. El movimiento logró vincular los balances de los hogares con cuestiones más amplias de legitimidad política.

Esas dos olas cambiaron la línea de base política de la década siguiente, legitimando un vocabulario de derechos sociales y elevando las expectativas respecto de la velocidad con que la política institucional debía traducirse en mejoras materiales. Esta nueva disposición más afirmativa alimentó la revuelta social de 2019, desencadenada inicialmente por un alza en la tarifa del transporte público y pronto transformada en una lucha de masas contra la desigualdad, la deuda y el alto costo de la vida. Mientras los manifestantes exigían una transformación de la educación, la salud y las pensiones, demandando que sirvieran al interés público en lugar de a los lucradores, el Estado entró en crisis.

La única forma de desactivar la situación fue abrir un proceso constitucional negociado en el Congreso. El detonante político fue el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, en el que los partidos se comprometieron con una salida institucional mediante un plebiscito con dos preguntas. Se preguntaría a los votantes si querían una nueva Constitución y qué órgano debía redactarla. En diciembre de 2019, esa hoja de ruta fue formalizada mediante una reforma constitucional, la Ley 21.200. Esta estableció las reglas de funcionamiento del órgano constituyente y fijó la secuencia de etapas. El plebiscito, postergado a causa de la pandemia, se realizó finalmente el 25 de octubre de 2020. La participación fue alta para los estándares de la era del voto voluntario, con 50,9 por ciento. Ese día, la opción Apruebo obtuvo 78,27 por ciento. El mecanismo de Convención Constitucional también se impuso de manera contundente, con 78,99 por ciento de los votos.

Políticamente, el resultado funcionó como un mandato de reemplazo con una legitimidad cuantitativa abrumadora. No se trataba simplemente de cambiar un texto. Se abrió un canal para reordenar el contrato social en condiciones democráticas, con un horizonte explícito de mayor igualdad. Esa expectativa se vio reforzada por el propio diseño institucional del órgano. En la elección de convencionales del 15 y 16 de mayo de 2021, se escogieron 155 representantes. Se aplicó paridad de género. Se incluyeron diecisiete escaños reservados para pueblos indígenas. También hubo un desempeño inusualmente fuerte de listas independientes. El mensaje del mecanismo tenía dos caras. Por un lado, buscaba ampliar la base sociopolítica del proceso. Por otro, señalaba que el nuevo pacto no sería un arreglo entre élites, sino una producción institucional capaz de absorber presiones y demandas desde abajo.

La Convención se instaló el 4 de julio de 2021 y abrió una intensa fase de organización y redacción. Se eligió una mesa directiva, se definieron comisiones, se aprobaron reglas procedimentales, se fijaron métodos de trabajo y se estableció un calendario de deliberación. Desde el comienzo, su arquitectura combinó aspiraciones participativas con exigentes restricciones procedimentales.1

La política chilena se reorganizó en torno al momento constituyente y abrió espacio a una nueva generación de liderazgos. Gabriel Boric llegó a La Moneda después de la elección presidencial de 2021, que registró la participación más alta en la historia electoral nacional. La apuesta consistía en canalizar el malestar a través de las instituciones, reconectar la democracia con la protección social y otorgar dirección política al prometido ciclo de transformaciones. Para gran parte de la coalición y del electorado de Boric, el gobierno y la Convención parecían dos piezas de la misma ola. La esperanza era que la protesta pudiera convertirse en arquitectura institucional para producir un cambio material sostenible.

Boric y la naturaleza vinculante de la estabilización

Boric enfrentó un camino difícil desde el comienzo. Su administración asumió mientras el ciclo constitucional aún seguía abierto y con la esperanza de que el proceso pudiera entregar un nuevo piso de legitimidad. Esa expectativa se quebró rápidamente. El 4 de septiembre de 2022, en el plebiscito de salida con voto obligatorio, la propuesta de la Convención Constitucional fue rechazada por amplio margen.2

La derrota de 2022 eliminó el vehículo institucional que podría haber ampliado el espacio para la reforma. Ese cierre se profundizó cuando también fracasó el segundo intento. Se abrió un nuevo proceso, más controlado, con bases predefinidas, una Comisión Experta y revisión técnica de admisibilidad, que culminó en otro plebiscito. El 17 de diciembre de 2023, el segundo texto propuesto también fue rechazado. En contra obtuvo 55,76 por ciento frente a 44,24 por ciento de A favor. Dos derrotas consecutivas consolidaron un efecto de fatiga y reforzaron la lección de que las alternativas percibidas como demasiado alejadas del votante mediano probablemente serían castigadas. El resultado práctico fue una lógica más fuerte de secuencia, cautela y gobernabilidad. El espacio para una redistribución ambiciosa se estrechó aún más, no solo por restricciones macroeconómicas, sino porque el mandato simbólico para una refundación rápida había sido negado dos veces en las urnas.

Ese cierre político se desplegó sobre restricciones macroeconómicas. El ciclo pandémico había creado una línea de base inusualmente alta de capacidad estatal a los ojos de los hogares, al tiempo que dejaba condiciones macroeconómicas que exigían estabilización. En la propia planificación fiscal del gobierno, la estrategia se organizó en torno a la convergencia hacia balances estructurales más ajustados, con el objetivo de reducir un déficit estructural que se había ampliado durante el período de emergencia. En 2022, la consolidación fiscal fue drástica. Las cuentas presupuestarias oficiales y sus resúmenes informan que el año cerró con un superávit efectivo de alrededor de 1,1 por ciento del PIB y una caída real del gasto público de aproximadamente 23,1 por ciento respecto de 2021, una contracción excepcional en décadas recientes.

La reducción de la incertidumbre y la baja de las expectativas inflacionarias son valiosas, pero no se traducen en mejoras visibles en la vida cotidiana a la velocidad que las coaliciones reformistas necesitan. La restricción tampoco desapareció después del ajuste inicial. Hacia 2024, los informes fiscales oficiales documentaban un déficit efectivo de alrededor de 2,9 por ciento del PIB y un déficit estructural de cerca de 3,2 por ciento del PIB, confirmando que la tensión fiscal se había reconfigurado más que resuelto.

La inflación agregó un segundo canal, más corrosivo. La inflación anual cerró 2022 en 12,8 por ciento y alcanzó un peak de 14,1 por ciento en agosto de ese año. La política monetaria se volvió contractiva. La tasa de política monetaria de Chile alcanzó un máximo de 11,25 por ciento antes de comenzar a descender gradualmente, llegando a 5,0 por ciento en diciembre de 2024. La desinflación protege los salarios reales en el mediano plazo, pero lo hace a través de instrumentos que enfrían el crédito y la inversión, con efectos desiguales sobre el empleo y la precariedad. Eso es especialmente dañino cuando los hogares cargan altos niveles de deuda de consumo y educacional, y comparan la restricción presente con el recuerdo de las masivas transferencias pandémicas.

La política social, por tanto, operó dentro de una paradoja. Se esperaba que el Estado actuara a gran escala porque recientemente lo había hecho. La mejor ilustración individual es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El IFE fue creado como una transferencia extraordinaria durante la pandemia y se expandió con el tiempo, culminando en la fase del IFE Universal. En julio de 2021, la comunicación oficial del gobierno señaló que el IFE Universal llegó a 15.805.563 personas y 7.676.627 hogares. El informe oficial de julio de 2021 también indicó que 95,8 por ciento de quienes estaban inscritos en el Registro Social de Hogares recibían IFE en ese momento. Desde el punto de vista fiscal, una cuenta oficial de Dipres reportó que el IFE costó 24,6 mil millones de dólares entre 2020 y 2021.

Volver a instrumentos focalizados representó así un derrumbe de expectativas. El gobierno de Boric sí desplegó medidas importantes. Copago Cero se activó en septiembre de 2022 para los usuarios de Fonasa en la red pública, eliminando copagos en la atención institucional. Los reportes oficiales del Ministerio de Salud señalaron que entre septiembre de 2022 y mayo de 2024 se beneficiaron 1.510.227 personas y que el ahorro total se estimó en 202 mil millones de pesos. En septiembre de 2025, el gobierno informó 1.919.190 personas como beneficiarias directas desde su implementación. La política salarial también cambió, de modo que el salario mínimo mensual subió a 539.000 pesos para trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años.

Estas políticas abordaron costos de bolsillo en salud, apoyaron salarios formales y protegieron a grupos específicos. Pero, en el contexto de inflación reciente, un mercado laboral frágil, endeudamiento extendido y un entorno de cierre postconstitucional, muchos hogares experimentaron estas medidas como contención antes que como una promesa creíble de mejora sostenida. En otras palabras, las políticas no pudieron reconstruir suficientemente rápido la integración para las mayorías bajo las restricciones de la estabilización y bajo las condiciones políticas creadas por las dos derrotas constitucionales.

El fracaso del esfuerzo de reforma tributaria de la administración en marzo de 2023 obstaculizó aún más su capacidad para financiar una agenda universal más amplia. Sin nuevos ingresos permanentes, la ambición redistributiva queda forzada a corredores estrechos. Aunque la agenda previsional sí fue aprobada en enero de 2025, sus efectos no siempre fueron percibidos como inmediatos. Una política que se despliega gradualmente durante años puede ser fiscalmente responsable y socialmente significativa y, aun así, no entregar alivio inmediato en el período que importa electoralmente.

Por qué ganó Kast

La victoria de José Antonio Kast en diciembre de 2025 marcó la cristalización de una larga secuencia política en la que la promesa de integración se volvió inverosímil, mientras que la experiencia cotidiana de inseguridad y pérdida de control se convirtió en el hecho político más legible. En la segunda vuelta presidencial, Kast obtuvo 58,16 por ciento de los votos frente al 41,84 por ciento de Jeanette Jara, con 11.367.113 sufragios emitidos. La magnitud del margen importa, pero el punto más profundo es lo que ese margen condensó. Kast no ganó porque Chile se haya vuelto súbitamente homogéneo en términos ideológicos. Ganó porque una gran parte del electorado comenzó a considerar el orden, la disciplina y la capacidad de hacer cumplir las reglas como las únicas promesas que todavía parecían ejecutables dentro de una economía restringida y un paisaje institucional fatigado.

Kast no es un recién llegado que apareció al final del ciclo. Es una figura de larga data de la derecha chilena que profesionalizó su candidatura mediante repetición, construcción partidaria y disciplina programática. Formado como abogado, construyó primero una carrera local y luego fue diputado durante varios períodos. Se presentó por primera vez a la presidencia en 2017 como un outsider respecto de las coaliciones tradicionales de derecha; luego volvió en 2021 y nuevamente en 2025. Esa trayectoria creó una marca política capaz de sobrevivir a las derrotas, absorber agravios y normalizar un vocabulario de derecha más dura dentro de la competencia democrática. En 2021, Kast ya era capaz de liderar la primera vuelta y forzar un balotaje, en el que obtuvo 44,13 por ciento de los votos. Incluso en la derrota, ese resultado lo instaló como algo más que un candidato de protesta. Señaló que una oferta de derecha dura podía convertirse en un polo estable de representación, especialmente cuando la centroderecha aparecía fragmentada y cuando la izquierda gobernante se veía forzada a una política de contención.

El vehículo organizativo de esa oferta es el Partido Republicano de Chile. Kast fundó y dirigió el partido tras romper con la vieja derecha conservadora, construyendo una colectividad que se posiciona como más intransigente en orden público, control migratorio y conservadurismo cultural que la derecha tradicional surgida del período de transición. La derecha tradicional chilena equilibró históricamente la afinidad con el empresariado y la ortodoxia macroeconómica con una disposición pragmática a gobernar dentro del consenso posterior a 1990. El partido de Kast fue diseñado para explotar la percepción de que este pragmatismo se había vuelto indistinguible de una inercia gerencial. Su ventaja comparativa era prometer claridad, jerarquía y rapidez, y tratar el lenguaje de los derechos no como un horizonte, sino como una fuente de desorden e indisciplina fiscal.

Kast también debe ser leído como producto de una infraestructura transnacional de derecha que hoy funciona como una especie de atajo geopolítico dentro de la competencia doméstica. Mucho antes del balotaje de 2025, ya se había incrustado en redes que conectan la organización conservadora adyacente a CPAC con actores europeos y latinoamericanos. Su aparición en CPAC Brasil junto a Javier Milei y Jair Bolsonaro, así como su reunión con Milei después de su victoria, hicieron visible públicamente ese alineamiento. Su posterior gira europea como presidente electo escenificó una agenda compartida con Santiago Abascal en Bruselas, una reunión con Viktor Orbán en Budapest y una parada en Roma con Giorgia Meloni, todo articulado en torno a un repertorio familiar de seguridad, migración y orden.

La victoria de Kast descansó sobre varios mecanismos. El primero es el agotamiento de la promesa de movilidad. Cuando la expansión educacional se convierte en sustituto de los derechos universales, puede estabilizar una sociedad muy desigual durante bastante tiempo, pero solo si los retornos siguen siendo creíbles. Si las mejoras son lentas, parciales o administrativamente complejas, muchos votantes interpretan la demora no como la paciencia que exige la democracia, sino como evidencia de que el sistema no puede cumplir.

El segundo mecanismo es la fatiga institucional tras el ciclo constitucional. La apertura constitucional iniciada después del estallido de 2019 creó un período en que el gradualismo podía narrarse como movimiento hacia un destino colectivo. El fracaso de ese proceso erosionó la creencia de que la política puede traducir el conflicto en acuerdos vinculantes. La consecuencia relevante es psicológica y estratégica más que simplemente un rechazo a la izquierda.3 Los votantes se vuelven más dispuestos a intercambiar horizontes ambiciosos por instrumentos inmediatos de control, premiando aquello que parece ejecutable. El discurso de Kast está construido precisamente para ese entorno.

Un tercer mecanismo es la reorganización del miedo cotidiano en torno a la seguridad y la migración. No es necesario que un país tenga niveles catastróficos de homicidios para que la inseguridad se vuelva dominante. Las cifras oficiales de homicidios en Chile siguen siendo bajas en comparación regional, pero el debate público ha estado moldeado por la percepción de un cambio cualitativo, las dinámicas del crimen organizado y el control territorial en determinados barrios, lo que amplifica el miedo incluso cuando los promedios nacionales cambian lentamente. En ese contexto, una política de ley y orden puede convertir ansiedades dispersas en una demanda unificada. La migración quedó fusionada con esa demanda. En la narrativa de Kast, el problema es una pérdida de control; la solución, la reimposición del control.

Un cuarto elemento es la manera en que la experiencia política se convierte en un activo en condiciones de decepción. Las repetidas candidaturas presidenciales de Kast, junto con las victorias intermedias de su partido, señalaron impulso y normalizaron su presencia. En la elección de 2023 para el Consejo Constitucional, el Partido Republicano de Chile obtuvo 35,41 por ciento de los votos y veintitrés escaños, convirtiéndose en la lista individual más grande de esa contienda. Ese resultado funcionó como prueba de que el partido no era una reacción transitoria, sino una organización duradera y capaz de ganar.

En conjunto, estos mecanismos ayudan a explicar por qué la victoria de Kast fue simultáneamente un giro a la derecha y un evento de castigo. Expresó una demanda de orden nacida del estancamiento, el endeudamiento y la fatiga institucional, y premió a un actor que había pasado casi una década construyendo un vehículo organizativo coherente para esa demanda. En una economía abierta con restricciones de estabilización, en un entorno postconstitucional donde los horizontes colectivos son débiles, y en un paisaje social donde el miedo y el control dominan la percepción cotidiana, la oferta ganadora tiende a ser aquella que convierte frustraciones difusas en una única promesa ejecutable. Eso es lo que Kast ofreció, y por eso su victoria debe entenderse como la culminación de un ciclo más largo y no como una conversión súbita.

Estrategia socialista en una economía abierta

¿Cómo se ve un programa económico socialista creíble en una pequeña economía abierta como Chile, donde el tipo de cambio, el equilibrio externo y las expectativas financieras restringen el margen redistributivo, y donde la reproducción social ha estado organizada durante décadas mediante servicios privatizados, derechos segmentados y crédito barato? Una respuesta viable debe ser al mismo tiempo compatible con la macroeconomía y materialmente legible.

De ello se desprenden dos lecciones políticas. La primera es que la estabilidad debe ser reivindicada como parte de una estrategia de clase y no cedida a la tecnocracia conservadora. La inflación y la depreciación monetaria castigan primero a los grupos de ingresos bajos y medios porque elevan el costo de los bienes esenciales y erosionan los salarios más rápido de lo que se ajustan los contratos. El peak inflacionario de 14,1 por ciento en 2022 y la tasa de política monetaria máxima de 11,25 por ciento no son solo hechos macroeconómicos. Son acontecimientos distributivos con consecuencias políticas.4 Una estrategia socialista que trate la estabilidad macroeconómica como una mera restricción externa será percibida como resignada. Una estrategia que ignore la estabilidad será castigada a través de los canales de inflación y depreciación que destruyen rápidamente la legitimidad popular.

La segunda es que, para la izquierda chilena, el modelo de “integración” basado en el acceso tiene un límite estructural que se vuelve fatal en condiciones de volatilidad y crisis. Cuando la inclusión está mediada por los presupuestos de los hogares, las condiciones del crédito y los precios de mercado, cualquier shock macroeconómico se traduce inmediatamente en estrés cotidiano, y la legitimidad se erosiona más rápido de lo que las reformas pueden repararla. El problema se agrava cuando la expansión de la política social funciona principalmente como un canal indirecto de financiamiento para la provisión privada, porque el aumento del gasto público puede vivirse menos como alivio universal que como una transferencia hacia grandes capitales privados que capturan rentas en sectores esenciales. En ese contexto, la promesa de integración pierde credibilidad no solo porque es vulnerable a las crisis, sino también porque su significado distributivo se vuelve ambiguo.

Por lo tanto, una agenda de desmercantilización de la política social en Chile debe entenderse como una transformación del costo de la vida antes que como una retórica doctrinaria antimerado. Los ciudadanos evalúan los proyectos a través de reducciones concretas del gasto obligatorio. Arriendo, transporte, copagos en salud, energía y cuidados son los verdaderos campos de batalla. Copago Cero es analíticamente importante porque señala el tipo de plataforma universal que puede reducir directamente y a gran escala los costos de bolsillo. Los 202 mil millones de pesos en ahorros reportados para los beneficiarios entre septiembre de 2022 y mayo de 2024 muestran la magnitud del alivio que un diseño universal puede generar cuando se implementa a través de una red pública dominante.5 La misma lógica se aplica a vivienda y cuidados. El Estado debe expandir plataformas universales que funcionen ya sea como opción por defecto o como parámetro regulatorio que discipline los precios privados, de modo que el gasto público se convierta en alivio verificable y no en un flujo mediado de pagos hacia proveedores con poder de mercado.

Es poco probable que un programa de izquierda creíble en Chile adopte la forma de un reemplazo total del sector privado. Debiera parecerse más bien a una reconfiguración gradual pero irreversible del rol público. Esto implica banca de desarrollo, compras públicas y orientación de la inversión para cambiar la estructura de oferta que subyace al costo de la vida. Implica plataformas públicas en salud, cuidados, transporte y energía que reduzcan la volatilidad de precios y la exposición de bolsillo. Implica endurecer la regulación en mercados cautivos y mejorar las reglas laborales que fortalezcan la predistribución. Y requiere una base tributaria capaz de financiar permanencia. El fracaso de la reforma tributaria de 2023 ilustra la fragilidad de la redistribución sin una arquitectura estable de ingresos.

Por último, la izquierda debe reconstruir una narrativa de integración más allá del acceso, una que no dependa de momentos excepcionales. Las transferencias pandémicas crearon un estándar que no puede replicarse de manera permanente. Un proyecto sostenible debe, por tanto, traducir la memoria de esa escala en otro tipo de permanencia. No cheques de emergencia, sino reducciones permanentes del costo de la vida y mejoras permanentes en la seguridad de la provisión.

Ese es el verdadero significado de la crisis chilena para la izquierda tras la victoria de Kast. El electorado no solo votó por la derecha. Votó contra la implausibilidad. Reconstruir la credibilidad exige un programa que produzca mejoras visibles en la seguridad material, manteniéndose al mismo tiempo compatible con la estabilidad en una economía abierta. Sin eso, el reformismo volverá a ser castigado y la demanda de orden seguirá desplazando a la demanda por derechos.

(*) Dr. en Educación. Director de Planificación UAcademia.