Las durezas del régimen: su tecnocracia del dolor y políticas de muerte

(*) Por Nelson Arellano Escudero

Columna publicada en El Siglo

La brutalidad del mes de octubre de 2019 es y será asociada a la de septiembre de 1973, en desmedro del recuerdo de los motines populares de los 1900, que nos recuerda Mario Garcés en su libro acerca de Motines populares, el arrase a la población Mapuche desde 1881 y las numerosas matanzas a lo largo del siglo XX que recuenta José Bengoa en su Historia del Pueblo Mapuche, entre otros, o la invasión del ejército y armada chilenas a Perú y la vandalización de Lima, que incluyó Bibliotecas y archivos, según nos relata Carlos Carcelén.

El Estado de Chile es letal. Y las autoridades lo han asumido y entendido en todas las épocas, con mayor o menor entusiasmo. La literatura y el arte siempre han dado cuenta de ello con mayor prontitud que las Ciencias, éstas antes que la Política y, la más rezagada de todas siempre ha sido la Justicia, en las ocasiones que lo ha hecho.

En este marco que permite, por ejemplo, la militarización de la policía, se asienta una naturalización de la Violencia y la perpetuación del terrorismo de Estado. Esta condición aflora reiterativamente y hace que se instituya una tanatopolítica, o política de la muerte que domestica a los actores sociales tanto como a los actores no humanos de la economía mundo en la que nos vemos obligados a desarrollar la vida cotidiana.

Pero frente a este cuadro, apocalíptico y doloroso, la imaginación, la creatividad y el espíritu colaborativo es capaz de generar espacios de autoprotección y apoyo mutuo.

Es justamente este accionar disociado, al que las autoridades del tiempo presente llaman “normalidad”,el que debe ser comprendido para rediseñar su desempeño. Y en ese afán es que bien vale la pena reflexionar acerca del papel, generalmente oscuro o velado, de las tecnocracias.

El economista Raúl González ha sido uno de los pocos que ha incluido este elemento dentro de la -aunque abundante- todavía incipiente reflexión acerca del llamado Estallido Social, que también podrá considerársele amotinamiento, emancipación, desobediencia civil, acción directa, entre otras varias categorías, según el encuadre ideológico que se utilice.

Frente a ese llamado de atención es importante destacar que en los reclamos de la protesta no se ha visto alguna mención a ingenieros, economistas, técnicos en general, pero si interpelado a mundos como el de la política, el de la farándula o el deporte. Pero, si consideramos el documental Chicago Boys, de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, estrenado en noviembre de 2015, se nos deja allí un mensaje acerca de uno de los problemas más graves y menos abordados en los procesos de reforma o rediseño de las institucionalidades y las prácticas del quehacer institucional, en este caso, con la economía.

La tecnocracia no es bajo ninguna perspectiva el centro del problema, pero es una contribución muy grande a ello. Este asunto, como fenómeno, ha sido estudiado por el profesor de la Universidad de Glasgow, Sean Johnston, revelándonos la formación de un dogma que desde inicios del siglo XX impulsó un argumento: para la solución de los problemas siempre la mejor alternativa la generaban los ingenieros (en masculino) porque ni políticos ni economistas ni líderes religiosos tenía capacidad de proponer respuestas concretas.

El problema con la tecnocracia es que es allí donde se genera una enorme capacidad de infringir dolor. A veces, también, en su accionar se condiciona la vida de las personas, acelerando su invalidez social o corporal y su muerte. Considérese, por ejemplo, que desde el siglo XIX solo en un censo se contabilizaron a los/as ciudadanos/as en situación de calle. Que actualmente, en el siglo XXI, el que las personas en esta situación mueran con mayor frecuencia es un dato que no existe en las cifras oficiales. Agréguese que en la actualidad, el sistema de seguimiento estadístico de estas personas no recoge todos sus datos, por lo que en realidad, no es posible conocer la evolución de su situación, que en gran número es una condición.

Esta forma de violencia institucional se puede observar en Transporte, Educación, Salud, Previsión Social, Medio Ambiente, Tribunales y en un amplio espectro de la organización sectorial de un Estado empobrecido y estrangulado en sus recursos materiales y financieros y en su dotación de personal. Pero, no podemos perder de vista, que este modus operandi funciona en términos muy similares en la atención privada, donde las rutinas y los protocolos siempre están por encima del cuidado de las personas, incrementando la violencia cotidiana y acumulando malestar.

Esta aproximación al problema de la contribución de la Tecnocracia, entendida como reducción de las personas, grupos y comunidades a la mera administración estadística y de formalidades procedimentales, habrá de dejar en entredicho a la formación universitaria y técnica, es decir, la educación superior en su conjunto.

Entender la participación de la Tecnocracia en la actual crisis social, nos ayuda a develar otra más de las durezas de este régimen monetarista ultraliberal -llamado cotidianamente neoliberal- y augura un devenir de largo aliento para lograr cambios sociales que brinden dignidad y justicia en condiciones de igualdad para amplios sectores de la población.

El régimen ultraliberal se aferra a su ideario tecnocrático porque es su sustento ideológico. Resuenan las palabras de Arnold Harberger que capturó el documental Chicago Boys: “Es increíble, la mejor economía de Latinoamérica y la gente no lo aprecia”.

(*) Doctor en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo por la
Universidad Politécnica de Cataluña. Docente del doctorado en Estudios Transdiciplinares
Latinoamericanos UAHC.