Álvaro Ramis: Diez años de gratuidad – Una política que cambió el sentido de la educación superior

 (*) Por Álvaro Ramis. Columna publicada en Crónica Digital

En 2016, Chile dio un paso que durante décadas había parecido improbable: reconocer, aunque de forma gradual e imperfecta, que el acceso a la educación superior no podía seguir dependiendo del endeudamiento familiar ni del mérito entendido como privilegio social. La implementación de la gratuidad marcó un quiebre cultural antes que administrativo. No se trató solo de un nuevo mecanismo de financiamiento, sino de una señal política potente: el Estado volvía a asumir responsabilidad directa sobre las trayectorias educativas de cientos de miles de jóvenes.

La gratuidad nació en condiciones adversas. Fue implementada mediante una “ley corta”, a contrarreloj y bajo una fuerte presión política, como respuesta a años de movilización estudiantil que habían instalado una verdad incómoda: el modelo de educación superior chileno era socialmente excluyente y moralmente insostenible. En su primer año, el beneficio alcanzó al 50 % de los estudiantes de menores ingresos en instituciones adscritas, beneficiando a cerca de 178 mil jóvenes. Desde entonces, la política se expandió en cobertura y se consolidó jurídicamente con la Ley 21.091 de 2018, que estructuró el sistema de educación superior y dio un marco más estable al financiamiento de la gratuidad.

A diez años de su puesta en marcha, los efectos de la gratuidad son evidentes y difíciles de revertir sin un alto costo político y social. Miles de estudiantes fueron la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior sin hipotecar el futuro. La disminución del endeudamiento estudiantil, el debilitamiento del crédito como eje del sistema y la ampliación del acceso para sectores históricamente excluidos constituyen logros concretos. La gratuidad no resolvió todas las desigualdades, pero alteró de manera decisiva el punto de partida.

Sin embargo, una evaluación honesta exige reconocer también sus tensiones. El diseño de la política trasladó una presión significativa a las instituciones, especialmente a las universidades estatales y regionales, obligadas a absorber restricciones financieras que muchas veces no dialogan con sus misiones públicas. La fijación de aranceles regulados, la insuficiencia de aportes basales y la rigidez del sistema han generado un debate legítimo sobre la sostenibilidad de la gratuidad si no va acompañada de un fortalecimiento estructural del sistema público.

La gratuidad tampoco ha sido inmune al clima político. Desde su origen, fue objeto de deslegitimación discursiva: presentada como un “regalo”, como un gasto irresponsable o como una política ideológica. Sin embargo, diez años después, su permanencia demuestra que se transformó en un nuevo consenso social. Hoy resulta políticamente inviable proponer un retorno masivo al endeudamiento como mecanismo principal de acceso. La pregunta ya no es si debe existir gratuidad, sino cómo mejorarla, ampliarla y hacerla coherente con un proyecto país de desarrollo y cohesión social.

En perspectiva histórica, la gratuidad debe entenderse como una política de transición: un piso mínimo de justicia educativa en un sistema aún marcado por profundas desigualdades previas. No es el punto de llegada, sino una base sobre la cual discutir calidad, pertinencia, financiamiento basal y rol del Estado. Su mayor aporte quizás no esté solo en las cifras, sino en haber desplazado el sentido común: la educación superior dejó de ser un bien de consumo y volvió a pensarse como un derecho social.

A diez años de su implementación, la gratuidad sigue siendo una política en disputa, pero también una conquista social instalada. Su desafío hacia 2026 no es retroceder ni congelarse, sino evolucionar: fortaleciendo a las instituciones públicas, corrigiendo sus déficits y reafirmando una convicción básica que hoy parece más vigente que nunca: el talento no puede seguir dependiendo del tamaño de la billetera.

(*) Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.