Chile en emergencia climática

(*) Por Álvaro Ramis

Columna publicada por Le Monde Diplomatique. Septiembre de 2019.

El 23 de junio de 2016 se publicó en el periódico The Age de Melbourne, Australia, la siguiente Carta abierta al Parlamento, firmada por 24 científicos, políticos, empresarios y ambientalistas australianos: 

“En las conversaciones sobre el clima en París, los científicos y las personas de los estados insulares de baja altitud establecieron en 1.5 °C de calentamiento como una línea roja que no debe cruzarse. Sin embargo, a principios de este año, la temperatura promedio mundial se disparó más allá de los 1.6 °C del calentamiento.

  La decoloración de los arrecifes de coral en todo el mundo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento de grandes capas de hielo y la reciente descarga de metano del deshielo del permafrost dejan en claro que la Tierra ya está demasiado caliente.

El futuro de la civilización humana y la supervivencia de los preciosos ecosistemas de los que dependemos, ahora están en juego. Debe haber una prohibición inmediata de nuevos desarrollos de carbón y gas y una transición a velocidad de emergencia a cero emisiones. Debemos comenzar la enorme tarea de reducir de manera segura el exceso de gases de efecto invernadero que ya se encuentran en la atmósfera. Pedimos al nuevo parlamento que declare una emergencia climática”.

Un “estado de emergencia climática” involucraría la adopción de medidas para lograr reducir las emisiones de carbono a cero en un plazo determinado y ejercer presión política a los gobiernos para que tomen conciencia sobre la situación de crisis ambiental existente. La primera municipalidad que presentó y aprobó el “estado de emergencia climática” fue la ciudad de Darebin en Victoria (Australia), el 5 de diciembre de 2016 en los siguientes términos: “El consejo municipal reconoce que nos encontramos en un estado de emergencia climática que requiere acciones urgentes de todos los niveles de gobierno, incluyendo los consejos locales”. 

 La necesidad de avanzar en este tipo de declaraciones políticas se incrementó luego de que el 21 de abril de 2019 la activista ambiental sueca Greta Thunberg pronunció un discurso ante el Parlamento británico en el cual afirmó: “Los jóvenes no estamos sacrificando nuestra educación ni nuestra infancia para que ustedes nos digan lo que consideran que es políticamente posible en la sociedad que han creado. No hemos salido a las calles para que se hagan selfies con nosotros y nos digan cuánto admiran lo que estamos haciendo. Los jóvenes estamos haciendo esto para que ustedes los adultos despierten. Los jóvenes estamos haciendo esto para que pongan sus diferencias a un lado y comiencen a actuar como lo harían en una crisis. Los jóvenes estamos haciendo esto porque queremos recuperar nuestras esperanzas y nuestros sueños”.

En respuesta a la declaración de Greta Thunberg, apoyada por movimientos estudiantiles como Extinction Rebellion, la primera ministro escocesa Nicola Sturgeon declaró el “estado de emergencia climática” en Escocia el 28 de abril de 2019 y el Parlamento del Reino Unido hizo lo mismo el 1 de mayo de este año. Desde esa fecha más de 800 administraciones estatales, regionales y locales de 16 países han declarado la emergencia climática ​ y la medida ya es motivo de debate parlamentario en España, Portugal,​ Polonia, ​ India​ y  República Checa.

Entre las acciones planeadas para implementar esta medida se ha incluido la prohibición de venta de autos diésel o gasolina a partir de 2030,​ el impulso de las energías renovables, la expansión de las redes de recarga de vehículos eléctricos, la prohibición de calderas de petróleo y gas, la prohibición de objetos de plástico de un solo uso​, la plantación de árboles. Aunque algunas declaraciones han sido criticadas por no incluir medidas concretas, en general se ha interpretado este tipo de declaraciones como una forma de tomar posición que responda a los intentos de negar la gravedad del problema, o soslayar la urgencia de implementar medidas concretas al respecto.  Más allá de las diferencias en los compromisos de cada gobierno o entidad, se busca como objetivo principal dotar al debate climático de un espacio dentro de la política, que hasta ahora le ha sido negado. También se busca presionar a los gobiernos, universidades, instituciones y otros organismos para que hagan lo mismo, así como ser un primer paso para comprometer un aumento en el uso de energías renovables, una mejora del uso de recursos, pasando por una intensificación de las campañas de reciclaje y reutilización.

Responsabilidad política y emergencia climática 

En Chile este debate ya está instalado. El miércoles 14 de agosto diputados de diversas bancadas, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, presentaron un proyecto de resolución que solicita al Presidente Piñera que se declare en el país emergencia climática y ecológica y que se regule a través de una ley el proceso para llegar a la carbono neutralidad. En este proyecto señalan: “Chile está dentro de los tres o cuatro más susceptibles en el continente y en el mundo a los efectos del cambio climático. Y ya lo estamos viviendo: con sequías prolongadas de más de diez años en la Región de Coquimbo, el avance de la desertificación en regiones donde antes abundaba el agua, la disminución a un tercio de la pluviosidad en las regiones más lluviosas de Chile como Los Ríos y Los Lagos, un segmento importantísimo de la población sin agua durante varios meses de temporada seca, el retroceso de los glaciares, la fractura de la península antártica y varazones en todo el país de animales oceánicos que buscan desesperadamente aguas con más oxígeno y menos salinidad”.

La necesidad de este tipo de declaraciones debería ir más allá. Se debería acompañar de medidas que apunten, en el plano de la responsabilidad política, a una transición orientada hacia una economía chilena post-extractivista, que permita un programa gradual de transiciones productivas, a pequeña y mediana escala que, a través de la visibilización de casos concretos y viables, generen una base de apoyo social y político que impulse los cambios en la macro escala productiva. El actual modelo de desarrollo podría apalancar esa transición, garantizando el empleo y las políticas sociales y ambientales que hoy se pueden implementar por medio de un Estado que cuenta con más fondos para esos objetivos. Pero el principio de responsabilidad política obliga a discernir un dilema ineludible: el extractivismo, en cuanto mecanismo de satisfacción de necesidades, es apoyado por quienes lo necesitan para su subsistencia funcional, pero esas mismas personas son las mismas que son víctimas directas o indirectas de las dimensiones violentas y destructivas de ese modelo productivo. La superación de esta paradoja exige una fundamentación meta-ética que permita ampliar las condiciones de validación pública de una política vinculante en el espacio político, a partir del siguiente criterio:

Una política aplicada a la crisis climática debe ser ante todo una política de la responsabilidad, ya que debe priorizar el deber, entendido como lo universalmente exigible y que se constituye como aquello a lo cual estamos obligados. Un aspecto que Hans Jonas había destacado como imperativo central de una ética ecológica: “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”.  Jonas propuso esta idea en su influyente obra “El principio de la responsabilidad” publicado en alemán en 1979. En ese momento, plantear la pregunta por la continuidad de “una vida humana auténtica en la Tierra” era un planteamiento hipotético absolutamente lejano y desproporcionado. Hoy es de una relevancia ineludible. Por este motivo las declaraciones de emergencia climática operan como un criterio que zanja ineludiblemente este problema: lo que debe obligar políticamente no es un ideal que puede ser asumidos aleatoriamente por la conciencia individual, pero sus posibilidades de institucionalización queden pendientes. La circunstancia apremiante del Cambio Climático se impone como un imperativo de sobrevivencia, que exige transformaciones decisivas: una política de la responsabilidad ecológica, que construya una nueva racionalidad, para evitar nuestra extinción como especie humana en la tierra.

(*) Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano, doctor en filosofía moral y política