Columna de Álvaro Ramis: Mejor Estado, menos balas

Las masacres de Quilicura y Lampa han estremecido al país por su extremada brutalidad. Todos hablamos de lo que se debería hacer o lo que se debería evitar. Pero lo que llama la atención es el total olvido en que han caído sus víctimas. Recuerda a los versos de Eduardo Galeano cuando hablaba de los “Nadie”, y los describía como los “que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

Los sin nombre, que han muerto esta semana, merecen justicia. Pronta y oportuna. Y los “nadie”, que podrían morir mañana, también exigen que se les asegure la misma seguridad que a cualquier otro habitante de este país. Por eso es tan importante abordar el problema de manera más seria y especializada. Ante este tipo de muertes horrorosas se requiere unidad, sentido de Estado, con todas las instituciones involucradas cooperando para que el crimen organizado no nos siga acostumbrando a las masacres cotidianas de gente sin rostro, pero con la misma dignidad y derechos que cualquier otra.

La evidencia comparada muestra que todas las alternativas posibles exigen la cooperación activa de todas las partes involucradas en la lucha contra el crimen organizado. Lo que no aporta es una discusión electoral, más que política, que no contribuye a plantear soluciones a un problema en el que no hay recetas rápidas ni fáciles. Y tampoco lo hace una agenda de medidas hollywoodenses, pensada para el espectáculo mediático, más que para la eficacia de los logros policiales.

Es relevante la observación de Gonzalo Durán, el nuevo delegado presidencial de la RM, que ha llegado al cargo con una vasta experiencia territorial como alcalde de Independencia. Su análisis indica que el crimen organizado nunca se circunscribe a una comuna en particular, sino que, “el delito tiende siempre a desplazarse conforme hay avances policiales“.

Por eso, se deberían generar estrategias “flexibles y dinámicas”, que movilicen los recursos financieros, operativos y legales de manera permanente. Es lo que permiten políticas como las del Plan Calles sin Violencia, que suponen una forma de intervención que comienza por una mayor presencia policial donde se había producido mayor cantidad de homicidios. Pero luego continúa en un conjunto de otras tareas, menos visibles, que combinan las acciones disuasivas con otras de carácter preventivo, que necesariamente deben asumir la cooperación activa de la comunidad local.

Existe una agenda de proyectos de ley en el Parlamento, con medidas similares, que deberían tener la mayor premura posible. Pero para legislar en esta materia se debería prescindir de los recurrentes puntos políticos con los cuales los parlamentarios buscan sacar pequeñas ventajas personales. La experiencia internacional evidencia que para combatir eficazmente el crimen organizado en los territorios se deben asumir distintas escalas de intervención. A nivel nacional, generando la mayor cooperación posible entre las policías (Carabineros y PDI), el poder judicial y las agencias de inteligencia.

Pero además, se necesita la cooperación internacional, para implementar medidas permanentes con las policías de nuestra región, sin lo cual es muy complejo desarticular las redes delictivas transnacionales. Se debe facilitar el intercambio de información, el diseño de operaciones conjuntas y la creación de equipos de investigación entre policías de distintos países.

Recordemos la reciente detención en Costa Rica de Maickel Villegas, sospechoso por el asesinato hace más de cuatro meses de Ronald Ojeda, el militar disidente venezolano que vivía refugiado en Chile. Lo mismo ocurrió en abril pasado con la captura en Colombia del venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, acusado como autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez.

Otra medida probada es el reforzamiento de las herramientas para detectar, incautar y decomisar los productos del crimen organizado. Es evidente que se deben cortar las fuentes de financiamiento de estos grupos para desmantelarlos de manera efectiva. Las estrategias integrales deben prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento de las estructuras delictivas y la proliferación de armas.

Estas medidas suponen la actualización legislativa, el fortalecimiento de la persecución penal, la identificación y evaluación de riesgos, la supervisión y regulación interinstitucional coordinada, el intercambio de información financiera, incluyendo la resistida medida del levantamiento del secreto bancario, bajo mandato judicial y regulación especializada.

Se requieren competencias para que la policía pueda acceder a los teléfonos de los sospechosos de delitos graves con las suficientes garantías de privacidad de la ciudadanía en general. De esta manera será posible abordar delitos prioritarios, estableciendo como urgencia los más graves como el tráfico de seres humanos, el contrabando de drogas, la ciberdelincuencia y el lavado de dinero.

La respuesta de este gobierno a las nuevas estructuras del crimen organizado ha permitido reforzar muy fuertemente el presupuesto de Carabineros. Los números brutos de la inversión en estos dos últimos años hablan por sí solos. Pero una Policía no es más efectiva solo por contar con más efectivos y recursos. No basta el volumen de dinero si la presencia policial no llega a las zonas más afectadas por el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Sigue pendiente una mejor distribución de su capacidad, bajo criterios de equidad territorial. No es posible que los lugares más peligrosos no concentren una mayor dotación y un mejor equipamiento.

Finalmente, esta agenda debe arribar a medidas legislativas para dotar a las fuerzas de seguridad de mejores herramientas legales para combatir el crimen organizado a escala local. Es necesario que las policías incrementen su grado de confianza ciudadana, especialmente cuando deben desarrollar intervenciones especiales en sectores vulnerables.

Las redes delictivas logran legitimarse por medio de prácticas clientelares, acuerdos informales y estructuras de liderazgo social que de una u otra manera les facilitan su instalación en el ámbito social. Sabemos que el narcotráfico transnacional es particularmente eficaz al utilizar diferentes estrategias para legitimar su proyecto ilegal en los territorios críticos, buscando posicionarse y expandir su influencia a través de redes de poder y control.

Esta es una esfera donde la delincuencia organizada se topa necesariamente con las estructuras micropolíticas de la sociedad: la junta de vecinos, el consultorio, los concejales, los servicios de una municipalidad. Y por supuesto, el crimen organizado escala en influencia, de abajo hacia arriba, todo lo que puede. Si no se aborda el blindaje institucional de estos microespacios, de manera precisa y consistente, los esfuerzos de coacción policial no serán suficientes.

Necesitamos un mejor Estado, partiendo por sus estructuras de entrada de cara a la ciudadanía. Hay que pensar el front office y el back office de todas las estructuras básicas de la administración pública, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado. Sin duda, esta es una agenda que no aporta las fotos espectaculares que muchos esperan, pero es la que más impacto podría tener en respuesta a quienes se juegan la vida en las calles de nuestras ciudades.