Conferencia de Fernando Atria sobre Reforma Educacional cierra ciclo de debates de Escuela de Sociología
¿Bajo qué mecanismos se pasa de un sistema de consumo a uno de derecho? ¿Es posible que sin una nueva Constitución se pueda hacer este trance? Son algunas de las interrogantes que surgen en medio del debate sobre la Reforma Educacional que impulsa el gobierno y las cuales fueron abordadas por el destacado abogado constitucionalista, Fernando Atria, en la conferencia “Educación: derecho Social v/s bien de Consumo. Un debate ideológico”, organizada por la Escuela de Sociología.
Atria, quien ha participado activamente de la discusión e integró la comisión de Constitución de la campaña de Michelle Bachelet, se mostró optimista con lo que puede a pasar en materia educacional en el país.
“Es posible una transformación profunda en las actuales condiciones, pero no es fácil. Es posible pensar que poco puede cambiar para que todo sea distinto. Haber comenzado la Reforma Educacional mediante transformación del régimen institucional que implica exclusión de lucro, del financiamiento compartido y fin a la selección, es la manera correcta de empezar, es una buena señal”, sostuvo el experto al referirse a los cambios que se vienen y a la manera en que el gobierno está enfocando la reforma.
En este sentido, Atria considera que para pasar de un sistema de consumo- como el actual- a uno de derechos se debe dejar de pensar en hacer muchos cambios para que éstos sean profundos y haya un nuevo paradigma.
El académico sostiene que lo primero que debe pensar para hacer esa traspaso de sistema de mercancía a uno de derechos, es saber en qué consiste ese trance y de qué depende que sea un derecho social y no uno de mercado, o que los proveedores sean estatales o privados. A su juicio, “la mejor manera de hacerlo es en contra posición al mercado. Según explica, existen tres lógicas de mercado que se vinculan de manera clara a las demandas fundamentales que han estado en discusión en torno al sistema educacional: los individuos actúan persiguiendo intereses particulares; en el mercado nadie tiene derecho a nada y para que haya derechos tiene que haber contrato, y una tercera, que se condiciona con las anteriores, es que cada parte en el contrato puede poner las condiciones de algo en particular.
De acuerdo a lo anterior, la lógica, según Atria, es la siguiente: los agentes proveen persiguiendo utilidades y es lo que permite educación con fines de lucro, pero para el experto, el problema no es el lucro sino el reconocimiento institucional que se hace a éste.
En esta mecánica, además, “nadie tiene derecho a nada”, lo cual explicaría el tema de la selección “Se dice que después del 2007 la selección quedó prohibida, y eso es en el mejor de los casos una verdad a medias. Si la selección estuviera prohibida así como el financiamiento compartido, eso significaría que los establecimientos educacionales no podrían poner condiciones a quien accede a ellos”.
El abogado agrega que “si la educación fuera provista como derecho social, sin admisibilidad de fines de lucro, sin posibilidad de selección, entonces el hecho de que alguien tenga más o menos dinero, no podría manifestarse en que reciba mejor o peor educación. Seguirían existiendo ricos y pobres, pero esa diferencia no podría manifestarse en lo que se refiere a educación. Lo mismo pasa con la salud, por ejemplo”
Atria, sostiene que en definitiva “la prohibición del lucro, de la selección y la exclusión del financiamiento compartido son las tres características que identifican a mi juicio, de modo certero, cuales son las características fundamentales de una relación de mercado. Si la educación se ofreciera sin fines de lucro, es decir, si la ley declarara ilícito proveer educación sin fines de lucro, eso quiere decir que no se admite que el que provee educación lo haga para seguir un interés particular”.
Para realizar estos cambios, el experto considera que un cambio a la Constitución da más o menos lo mismo “no creo que sea tan importante. Mucho más importante es como se estructura el sistema de educación. Partir por la transformación de los sistemas de derechos sociales y terminar después con el cambio constitucional puede ser una estrategia académicamente problemática, pero es una estrategia políticamente razonable”, indicó.
Por su parte, Paulina Vidal, docente de la Escuela de Sociología, presentó una síntesis de la investigación que realiza un grupo de profesores y ayudantes de la Escuela y que hacen referencia a las dimisiones ideológicas y desafíos políticos que se dieron en dictadura y el primer gobierno de la Concertación con Patricio Aylwin; así como en el actual escenario de una reforma al sistema.