Conflictos de interés e intereses en conflicto

Si existía consenso, -desde los grandes empresarios hasta los trabajadores- de que los gobiernos de la Concertación orientaban su trabajo hacia el beneficio de los grupos económicos, hoy nadie duda sobre la naturaleza del actual gobierno compuesto de empresarios. De ahí que para nadie fuera una sorpresa que el tema de los vínculos entre intereses privados y públicos asomara rápidamente en el controvertido, pero hasta el momento insustancial, debate público.

Conflictos de interés, coimas, falta de transparencia, lobbysmo y corrupción son distintas expresiones del mismo problema: falta de probidad pública y privada.

Durante los gobiernos de la Concertación, el problema se presentaba en la utilización permanente y sistemática de recursos públicos para beneficio privado o para financiar campañas políticas. Casos como el MOP-GATE, Ferrocarriles, Chiledeportes, INVERLINK y los programas de generación de empleo son las muestras más escandalosas de aquello.

El Presidente Piñera ha arrastrado conflictos de interés desde que era candidato. Pero al parecer, ello no representa un problema para su gobierno.

Primero, se nombra a Felipe Irarrázabal como Fiscal Nacional Económico. Cargo cuya misión es velar por la libre competencia en los mercados. Pero esta no será una fácil tarea para quien hasta ahora era abogado y miembro del estudio Philippi, representante de importantes empresas cuestionadas en casos de colusión, competencia desleal o abusos de posición dominante como Cencosud, Fasa, Kaufmann y VTR.

Luego designa a Leonidas Montes como presidente del directorio de TVN y propone a Sergio Urrejola como su representante en dicho espacio. Esto no sería un problema si no es porque aún sigue siendo el dueño de Chilevisión, que entre otras cosas es el canal de la competencia y lucra con los avisajes del Estado.

Con los nombramientos de los subsecretarios el cuadro no mejora. Designa al ex gerente general de Telefónica del Sur, Jorge Atton, como subsecretario de Telecomunicaciones y a la ex fiscal de la Asociación de Concesionarias (Copsa), Loreto Silva, como subsecretaria de Obras Públicas. Estas nominaciones hablan por si mismas.

Luego, designa al ex vicepresidente de Cuprum, Pablo Wagner, como subsecretario de Minería y a Jimena Bronfman como subsecretaria de Energía. No lo comentaríamos si ella no hubiera participado en las negociaciones de Contratos Especiales para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos con el Estado de Chile. Si hay o no conflictos de interés júzguelo usted mismo.

Pero el autodenominado “gobierno de los mejores” no sólo ha tenido problemas con las designaciones de sus subsecretarios.

Una vez asumido el gobierno y en su primera respuesta al desastre ocasionado por el terremoto tuvo otro fuerte tropiezo al anunciar que distribuiría $8.000 millones de pesos entre tres grandes cadenas de materiales de construcción. Sería una propuesta atingente si no fuera porque la elección de las empresas fue arbitraria, sin licitación y coincidentemente las tres empresas están ligadas a dos ministros. En efecto, el actual Ministro de Minería Laurence Golborne fue gerente corporativo hasta el año pasado de Cencosud, propietaria de Easy y Construmart. Y Alfredo Moreno, el Ministro de Relaciones Exteriores, fue vicepresidente de Dersa, uno de los principales propietarios de Sodimac.

Pero aunque no parezca posible, los conflictos de interés no se remiten sólo a las designaciones y las licitaciones. La falta de probidad y transparencia va más allá y siempre tiene al presidente Piñera como protagonista.

Fue extraño que el Ministro Larroulet emitiera un instructivo interno a todas las reparticiones públicas sobre cómo realizar sus declaraciones de patrimonio enfatizando que se de cuenta del “real” patrimonio en acciones. ¿Pensaba él que algunos de sus funcionarios mentiría?

Estas vistosas declaraciones patrimoniales no generaron el mismo impacto que los dos problemas anteriores. Nadie puede reprochar al Canciller Moreno que sus depósitos hayan ascendido a más de $31 mil millones de pesos. Ni tampoco a Ravinet y Golborne que los suyos superen los $1.000 millones. Pero el acceso transparente a la información es un derecho de todos los chilenos, más aún si se trata de sus autoridades.

La declaración patrimonial de Piñera hizo noticia por sus curiosidades. Pero sus 94 carillas de declaración son incompletas. Los 10,5 millones de dólares declarados representan sólo el 1% de su fortuna.

Su declaración como “persona natural” pasa por alto el valor de su participación directa o indirecta en “personas jurídicas” lo que hace que la información declarada sea muy incompleta.

Según una investigación realizada por la revista estadounidense Forbes, al 12 de febrero de 2010 los haberes de Piñera ascendían en 2,2 millones de dólares, equivalentes a 1,136 billones de pesos chilenos.

El poder debe administrarse con transparencia, tanto en el mundo público como en el privado. Para ello se debe hacer una legislación moderna que garantice la probidad y cierre los vasos comunicantes entre los negocios privados y el interés público.

Para terminar con los conflictos de interés es necesario vislumbrar cuales son los intereses en conflicto del gobierno y sus autoridades. No es compatible ser un gobierno de “unidad nacional” si se protegen sólo los intereses de una minoría privilegiada.