Cuando la política ignora la evidencia: retroceder en protección ambiental es retroceder en salud

(*) Por Beatriz Zapata Salfate

La decisión del Gobierno del presidente José Antonio Kast de retirar 43 decretos de protección ambiental, formalizada el 12 de marzo -a solo un día de iniciado su mandato- no es una señal administrativa menor ni un ajuste técnico dentro de la política pública. Es, en términos estratégicos, una redefinición del lugar que ocupa la evidencia científica, la institucionalidad ambiental y la salud colectiva en la toma de decisiones del Estado.

Lo que está en juego no es únicamente la vigencia de determinados instrumentos regulatorios. Lo que está en cuestión es el modelo de desarrollo que el país decide profundizar: uno que reconoce los límites ecológicos y la interdependencia entre sistemas naturales y sociales o uno que los subordina a lógicas de corto plazo, debilitando las bases que sostienen la vida.

La evidencia científica acumulada durante décadas es clara: la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas no son dimensiones separadas, sino un sistema interdependiente. Este principio, hoy ampliamente reconocido bajo el enfoque de Una Salud, ha sido adoptado por organismos internacionales como un acuerdo tripartito de la OMS, la OMSA, la FAO y el PNUD, no como una consigna, sino como una necesidad estratégica frente a riesgos globales crecientes.

En este marco, debilitar la protección ambiental no es solo una decisión ecológica: es una decisión sanitaria, económica y política. Es, en rigor, una decisión que aumenta la vulnerabilidad del país frente a crisis que ya no son hipotéticas.

La pandemia del COVID-19 dejó una lección ineludible: la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad no son problemas aislados, sino factores estructurales en la emergencia de enfermedades. Se estima que cerca del 75% de las enfermedades emergentes en humanos tienen origen zoonótico (OMS, 2022), y su aparición está estrechamente vinculada a la fragmentación de hábitats, la expansión de fronteras productivas y la alteración de equilibrios ecológicos.

En este contexto, la biodiversidad cumple una función crítica como sistema de regulación. Ecosistemas diversos actúan como barreras biológicas que reducen la probabilidad de transmisión de patógenos, fenómeno descrito como “efecto dilución” (Keesing et al., 2010). Reducir esa diversidad no es neutro: es desmantelar una de las principales líneas de defensa frente a riesgos sanitarios complejos.

Por ello, la eliminación de decretos orientados a la conservación no puede ser leída como una simplificación normativa. Es, en términos prácticos, una desarticulación de mecanismos de prevención.

Entre las medidas retiradas se encuentran instrumentos estratégicos como el plan de recuperación de las ranitas de Darwin (decisión sobre la cual el Gobierno dio marcha atrás el jueves 19 de marzo), la protección del pingüino de Humboldt y la creación de nuevas áreas protegidas en territorios de alto valor ecológico. A esto se suma la eliminación de regulaciones vinculadas a la calidad del aire, emisiones contaminantes, adaptación al cambio climático y protección de ecosistemas marinos.

Cada uno de estos instrumentos responde a diagnósticos específicos y a riesgos identificados. Su retiro simultáneo no es casual ni inocuo: configura un debilitamiento sistémico de la política ambiental.

Resulta particularmente preocupante que esta decisión ignore deliberadamente el carácter técnico de estos procesos. La mayoría de estos decretos fueron elaborados durante años, con participación de comunidades científicas, evaluación institucional rigurosa y consultas públicas. Desestimarlos en bloque implica no solo perder herramientas regulatorias, sino erosionar la legitimidad del conocimiento experto y de los mecanismos democráticos de construcción de política pública.

En un escenario global donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son reconocidas como amenazas sistémicas, Chile no puede darse el lujo de retroceder en capacidades regulatorias. Más aun considerando que el país presenta altos niveles de endemismo y que más del 60% de sus especies evaluadas se encuentran en alguna categoría de amenaza (Ministerio del Medio Ambiente, 2023).

Desde una perspectiva estratégica, esto tiene implicancias directas en múltiples dimensiones, partiendo con la salud pública. La contaminación del aire, cuya regulación también se ve afectada por estas decisiones, está asociada a aproximadamente 7 millones de muertes prematuras al año a nivel global (OMS, 2021). En Chile, ciudades como Santiago, Temuco y Coyhaique ya enfrentan niveles críticos, con impactos documentados en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Debilitar estas normativas no reduce costos: los desplaza hacia el sistema de salud y hacia las comunidades más vulnerables.

Luego viene el factor de la equidad territorial. Las denominadas “zonas de sacrificio” no son una abstracción, sino la evidencia concreta de cómo la desregulación ambiental se traduce en desigualdad. Relajar estándares en un país con estas brechas no es neutral: profundiza injusticias socioambientales.

En tercer lugar se afecta la competitividad y el posicionamiento internacional. En un contexto donde los mercados globales avanzan hacia exigencias crecientes en sostenibilidad —incluyendo criterios ESG, trazabilidad ambiental y huella de carbono—, debilitar la institucionalidad ambiental no fortalece la economía: la expone a riesgos reputacionales y comerciales.

Finalmente está en juego la gobernanza. La señal que se transmite es que la evidencia científica y los procesos participativos pueden ser revertidos sin mayores fundamentos. Esto debilita la confianza en las instituciones y en la estabilidad de las reglas del juego.

Desde la academia y desde disciplinas que operan en la intersección entre salud, producción, ambiente y sociedad, resulta imposible no advertir la magnitud de este retroceso. Formar profesionales hoy implica prepararlos para enfrentar sistemas complejos, donde la ética, la sostenibilidad y la comprensión de los territorios son centrales.

Es importante ser claros: la protección ambiental no es un freno al desarrollo, es la condición que lo hace viable en el tiempo. Los ecosistemas sanos sostienen la economía, la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la estabilidad climática. Su deterioro no genera crecimiento: genera costos acumulativos que terminan pagando las personas, los territorios y el propio Estado.

La discusión de fondo, entonces, no es técnica, sino política: ¿qué tipo de desarrollo queremos sostener y a qué costo? La idea central, respaldada por la mejor evidencia disponible, es inequívoca: la salud global e integral solo es posible si se protege la salud ambiental. Y esta depende de ecosistemas diversos, capaces de absorber perturbaciones y reducir riesgos. Al disminuir la biodiversidad, se debilitan estos sistemas de protección y se incrementa la exposición a crisis sanitarias, climáticas y sociales.

La prevención en salud no comienza en los hospitales, sino en los territorios. Y comienza con ecosistemas funcionales. Cuando la política decide ignorar la evidencia, no solo se compromete el medio ambiente: se compromete la salud, la equidad y la viabilidad del desarrollo. Y en ese escenario, retroceder en protección ambiental es, inevitablemente, retroceder en salud.

Referencias

• FAO, OMS, OMSA, PNUMA (2022). One Health Joint Plan of Action.
• IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.
• Keesing, F. et al. (2010). Biodiversity and disease risk. Nature, 468, 647–652.
• Organización Mundial de la Salud (2021). Air pollution and health.
• Organización Mundial de la Salud (2022). Zoonoses.
• Soto-Azat, C. et al. (2013). Conservation of Darwin’s frogs. Biological Conservation.
• BirdLife International (2020). Spheniscus humboldti assessment.
• Ministerio del Medio Ambiente de Chile (2023). Estado de la biodiversidad en Chile.

(*) Directora de la carrera de Medicina Veterinaria, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.