Cuatro relatos sobre la crisis
(*) Por Álvaro Ramis. Rector UAHC
Columna publicada en Le Monde Diplomatique
El único consenso que parece atravesar todo el espectro social y político al interpretar esta crisis es su total imprevisibilidad. Aunque diversos estudios posteriores a las movilizaciones de 2011 (por ejemplo, los Informes de Desarrollo Humano del PNUD) ponían el énfasis en los efectos en la subjetividad colectiva de la enorme desigualdad social, y anticipaban un posible estallido social si no se enfrentaba el problema, ningún académico podría anticipado el momento concreto en que se generaría una coyuntura como la actual.
Los sucesos que comenzaron el viernes 18 de octubre significaron un momento absolutamente imprevisto, no por sus causas estructurales,sino por la fecha, forma y circunstancia en que se ocasionó. Los llamados anónimos a evadir el pago del pasaje en el Metro, dispersos en un inicio, escalaron en la medida en que la reacción gubernamental deslegitimó las demandas y minimizó las causas del descontento. Sin embargo, todavía no está claro porqué una escaramuza de adolescentes,en algunas estaciones de metro el jueves en la tarde, pasó a convertirse el viernes en la mañana en la mayor crisis de gobernabilidad que haya visto el país desde 1990.
Este contexto obliga a analizar distintos discursos que han emergido para explicar la crisis, ya que permiten construir un caleidoscopio de opiniones que reflejan los intereses de sus portavoces. En este artículo se revisarán cuatro posiciones, sostenidas por actores con distinto rol y relevancia en el proceso, pero que representan parte importante del campo de fuerzas en disputa.
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La guerra de Sebastián
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso” afirmó el presidente Sebastián Piñera la noche del domingo 20 de octubre.El casus belli de esta singular guerra ha sido el desborde de un movimiento que sólo el miércoles anterior había empezado a cundir en el centro de la ciudad de Santiago. Según varios analistas, que poseen información interna del gobierno, esta frase, causante del agravamiento explosivo de la crisis, tiene relación con una profunda disputa al interior del propio gabinete ministerial, y más en general dentro de la coalición oficialista. Mientras un sector (Evópoli) trató de generar criterios para la contención preventiva del conflicto, suspendiendo de forma oportuna el alza del precio del Metro, y más ampliamente, generando medidas de contención al alza del costo de la vida, afectado por meses de alzas sostenidas, otro sector gubernamental (liderado por la UDI) insistió en minimizar el conflicto y sus causas. Pero no sólo no lo vieron venir, lo incentivaron deliberadamente.
Cuando el viernes 18, a mediodía, se comenzó generar un efecto en cadena toda la ciudad la reacción fue iniciar un proceso in crescendo de represión que culminó con el país militarizado, toque de queda y estado de emergencia. Es probable que el viernes 18 en la tarde, en los salones de decisión de La Moneda, esta disputa interna llevó a los partidarios de la vía represiva a buscar o generar algunos “incentivos” adicionales para justificar sus tesis. Diversos testimonios afirman que los lugares vulnerables fueron abandonados por la policía en medio de los saqueos y atentados incendiarios. No es posible todavía verificar cada situación denunciada, pero la persistencia de estas afirmaciones, desde múltiples fuentes,supone que la tesis de la “guerra” fue construida ex profeso con el fin de justificar la implementación del Estado de Emergencia y el toque de queda.
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La invasión alienígena de Cecilia
La extraña filtración de un audio donde Cecilia Morel, esposa del presidente Sebastián Piñera se refiere a las protestas ha supuesto un conjunto de especulaciones. La transcripción es la siguiente: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”. Y agrega: “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.
Más allá de “invasión alienígena”, que expresa la absoluta desconexión de la élite, lo que se ha comentado con más preocupación, incluso desde el empresariado, es el llamado a “racionar la comida” producto de una supuesta “estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos”. Para el sector del retail esta frase se debe interpretar junto a otra, pronunciada por el ministro Chadwick, el lunes 20, señalando que el “objetivo” durante esa madrugada fue “causarle un grave daño a la cadena alimenticia y eso se ha reflejado en que los hechos más violentos se concentraron en los incendios y los saqueos a supermercados y a comercio especialmente en el área alimenticia”. La inducción al pánico por el desabastecimiento no parece una situación aislada, sino una forma deliberada de instalación de terror económico.
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La crisis como cuestión generacional
Carlos Peña, rector de la UDP, ha propuesto una interpretación generacional para analizar el estallido social: “Una rabia que se acompasa con el fulgor juvenil”, “Hay una cuestión generacional que se manifiesta cada vez con mayor intensidad; hay una cuestión de legitimidad que poco a poco se insinúa; y hay una percepción de la desigualdad que cada día encuentra menos consuelo”, señaló en su columna en El Mercurio.”No es casualidad que todas las formas de protesta violenta sean protagonizadas por jóvenes”… “En vez de contar con una orientación ideológica, las nuevas generaciones están convencidas de que su subjetividad, el fervor con que abrazan una causa, la intensidad de sus creencias acerca de la injusticia del mundo, valida cualquier conducta”, lo que según él “es siempre la fuente de los peores excesos”. De esta forma el estallido social más intenso en décadas se debería analizar como una carencia de auto-regulación moral: “Sin un momento reflexivo entre el impulso y la conducta, cualquier cosa es posible (…) En un mundo donde la subjetividad de cada uno es el árbitro final, las reglas escasean”. Del análisis de Peña se desprende que la solución para este tipo de procesos radicaría en dar una correcta “orientación ideológica” a esta generación indócil, “presa de sus pulsiones”.
El análisis de Peña nos devuelve a la peor expresión del neokantismo, como una resurrección a destiempo de la escuela de Marburgo y su“idealismo subjetivo” de inicios del siglo XX. Como esta corriente, Peña busca escapar del análisis de la realidad histórica (la desigualdad, la precariedad, el abuso sistémico institucional) para remitir a unos principios generales, formales, sin contenido, impuestos de manera forzada, bajo principio de obligatoriedad, incluso a ámbitos propios del análisis sociológico. De esa manera toda la crisis se remitiría a un fenómeno moral, y la solución propuesta sería imponer a la “generación maldita” acatar el ideal ético-político de la responsabilidad weberiana en su versión chilena: el pacto de la transición de 1989. Cuesta entender que un intelectual tan destacado recurra a un enfoque anacrónico y tautológico, a menos que lo haga con un interés creado y premeditado.
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El Nuevo Pacto Social
Una vez que el gobierno desató su imaginaria “guerra interna”, y cortados todos los puentes de diálogo con las dirigencias sociales que podrían colaborar a una agenda de restablecimiento de la gobernabilidad, no se aprecia a esta fecha una vía de resteblecimiento de la normalidad perdida. En el momento en que se escribe esta crónica todavía no ha renunciado ningún miembro del gabinete, no se ha propuesto ningún plan inmediato de reforma política, no se ha generado ninguna propuesta de política social de contingencia, paliativa al alza de los productos de primera necesidad. Menos aún, no hay noticia de una reforma estructural a los nudos críticos que afectan a la población: pensiones, salud y fármacos, transporte, gastos superfluos de las autoridades, educación, falta de transparencia del Congreso, Poder Judicial y Fuerzas Armadas, etc. Las medidas anunciadas el martes 22 de octubre aumentan el gasto fiscal pero no la carga tributaria al sector privado, especialmente los de mayores ingresos. La calle reacciona por la desigualdad y esta no se ve afectada.
En este contexto ha surgido en diversos actores sociales el llamado a un “Nuevo Pacto Social” que asuma estas dimensiones fundamentales. La pregunta es: ¿cual sería el alcance de este Pacto, quienes participarían, como se negociaría, desde que lugares de enunciación? La consigna del Pacto Social remite, al menos, a tres discursos: una reedición de los acuerdos transicionales postdictadura, entre partidos y élites empresariales, en una “cocina” controlada por los poderes transnacionales. Una segunda versión podría incluir a una suerte de “sociedad civil” elitizada y tolerada, para dar transparencia al proceso, como veedores externos. Pero lo únicamente transformador sería lograr que el Nuevo Pacto Social se traduzca en un auténtico Proceso Constituyente que sancione una Nueva Constitución elaborada de forma participativa, desde la propia ciudadanía.