De muertes, de tacos y política pública en la Autopista del Sol

(*) Por José Orellana

Es 28 de abril 2017. Son las 10 de las mañana y varios cientos de automovilistas llevamos más de una hora esperando en la Autopista del Sol a que el transito se haga expedito nuevamente.  La alteración de la ruta hacia la capital fue producto del atropello de un ciudadano que cruzó la vía a la altura de la Farfana, en Maipú. Muy probablemente ambos tuvieron algún grado de responsabilidad. Quizás fue la imprudencia de uno o de ambos, nos indicará la concesionaria. Minutos posteriores al atropello, el automovilista involucrado llamó a una radio amiga para dar cuenta de lo sucedido. Dado que ni la concesionaria ni Carabineros atendieron el requerimiento del muy ponderado, responsable y gallardo automovilista. Él tenía la expectativa de que, de este modo, se activaran los protocolos correspondientes.

La pregunta que surge tras la desesperación y ansiedad personal que permite el taco, es ¿la concesionaria logra el estándar suficiente para impedir accidentes como los que generan estas víctimas? Muy probablemente la respuesta sea que sí y que se encuentran en los estándares de la OCDE, siendo los contratos con los cuales opera, los marcos referenciales que avalan tal comportamiento institucional y comercial.

Si bien el cargo típico que se les realiza a las ‘concesionarias ruteras’ es el cobro de los peajes, y los tacos de los fines de semana largo, o de las vacaciones de verano, poco se problematiza, o por lo menos poco se escucha de los accidentes y la posterior reacción de emergencia que debe desplegar en específico ésta concesionaria.

Creo que no es suficiente endosarle la responsabilidad a la imprudencia de peatones o los automovilistas. Tampoco es suficiente endosarle responsabilidades a un excesivo parque automovilístico, que sí es real. Corresponde que las concesionarias, dada la evidencia, apliquen las máximas medidas de seguridad y de obstáculos para que las personas no lleguen a transitar por donde no deben. Mención aparte merecen los atropellos de animales, los cuales también generan peligro en ruta.

¿Acaso no se puede habilitar en el bandejón central de la Autopista del Sol – donde se pueda – una pista alternativa para que circulen los vehículos de emergencia (bomberos, carabineros, de la concesionaria, otros) cuando ocurran estos accidentes?. Por otro lado, ¿No se puede  habilitar la pista contraria con menos tránsito para que la afectada descargue vehículos o aplicar el 3 por 1 que se implementa en época de vacaciones?. ¿Acaso no es posible iluminar la mayor cantidad de kilómetros en la pista?, sobre todo en aquellos lugares sensibles, que imagino se encuentran identificados. Todo esto implica, por supuesto, otra logística a lo largo de la ruta, como es que cada 1 o 2 kilómetros se encuentre la flexibilidad para que ello ocurra en las barreras que se encuentran dispuestas.

En este taco en el que me encuentro, me pregunto por el rol que juega el Estado en los contratos y los mecanismos efectivos de fiscalización. ¿Lo hace en el estándar que asegura, además de varias otras consideraciones, reducir al máximo los atropellos de personas y animales?, ¿cuál es el rol que tienen los municipios y gobiernos regionales en este aspecto?. Sumo a los gobiernos subnacionales, toda vez que ellos son los que deben administrar territorialmente los efectos de estos dispositivos de conectividad privatizados y cuestionados no sólo por lo hasta aquí descrito, sino que, además por el efecto disruptivo que logran en los territorios, que en más de una oportunidad impiden desarrollos locales (como sucede por ejemplo en Curacaví, donde el emprendimiento gastronómico se inhibe por el diseño y gestión de estas vías).

Finalmente, a esta altura, cuando ya han pasado más de dos horas de espera, se activa otro aspecto del imaginario crítico forjado en estas décadas de utilización de esta política pública de conectividad rutera, cual es, la idea de oferta y demanda cotidiana de un individuo: ni la Concesionaria ni el Estado, entregan un buen servicio al cliente que paga sin reclamos la tarifa impuesta, cuestión que se acompaña con la siguiente pregunta: ¿Será la concesionaria o el Estado en sus diversas escalas quienes pagarán los costos por este atraso, que fuera de afectar la psiquis, puede derivar en despidos, perdida de un negocio, estropear el vehículo o un choque por mala maniobra derivada del estrés?

¡Ojalá que por decir esto no me cobren más!, producto de la implementación de medidas que potencialmente podrían tomar para disminuir los accidentes y los tacos… ¿o es muy ingenuo lo que planteo?.

(*) José Orellana es Doctor (c) en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH y académico de la Escuela de Ciencia Política y RR. II. de la U. Academia.