Destacado cientista político expone falencias del sistema político chileno

“Reformas constitucionales para el fortalecimiento de nuestra democracia” llevó por nombre la conferencia dictada por Francisco Javier Díaz, abogado, cientista político e investigador de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN.

La jornada,  organizada por la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de nuestra universidad,  tuvo como objetivos evidenciar las falencias que presentan el actual sistema político y cómo afecta esto el fortalecimiento de la democracia.

En ese sentido,  Díaz  indicó que el actual  sistema político está bastante atrasado y estancado, no contempla una participación ciudadana, tiene carencias de pluralismo, no asegura una competencia política sana y, por sobre todo, presenta serios problemas de legitimidad de origen.

“Chile tiene un sistema político que no va de la mano con el desarrollo económico del país. El sistema político va atrasado y hay un estancamiento marcado, detonando una situación que a mi parecer es insoslayable”, sostuvo.

La actual Constitución Política de Chile, escrita por el régimen militar y ratificada en un plebiscito sin legitimidad democrática, ha motivado numerosos intentos de reforma desde que fue instaurada la democracia. El último intento se realizó bajo la administración del presidente Ricardo Lagos, el año 2005. Pese a ello,  no se avanzó en eliminar los principales enclaves autoritarios. “Nuestra institucionalidad sigue teniendo los mismos valores de la dictadura”, indicó.

Díaz sostiene que el sistema político tiende a proteger al ciudadano, pero no reconoce sus derechos básicos sociales, como la educación, vivienda y salud. Pese a ello,  reconoce que poco a poco se han dado algunos cambios en ese sentido, a través de aprobación de leyes que protegen la seguridad social de la población, como el Sistema de Salud AUGE, la Reforma Previsional, Seguro de Desempleo y el Bono por Hijo, pero advierte que este reconocimiento legal y no constitucional pone en riesgo la universalidad de las medidas.

“En definitiva, lo que se ha hecho  es avanzar hacia un modelo de Estado con poca plata, sin reconocimiento constitucional y solo por la vía legal. Esto pone en riesgo la universalidad de las medidas. Se abandona el principio de que los derechos sociales son universales y deben ser por tanto garantizables constitucionalmente”, indicó el experto.