Cooperativismo: economista UAcademia ofrece una nueva mirada sobre la Toma de San Antonio

Raúl González, economista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, analiza la trayectoria des esta toma que nación en 2019 y creció durante la pandemia, así como la capacidad organizativa de las familias, que han optado por la vía cooperativa para defender su derecho a la vivienda.

Raúl González, economista e investigador UAcademia, ha trabajado estrechamente con las cooperativas surgidas en la toma de San Antonio. Su perspectiva ofrece una visión integral que trasciende el enfoque tradicional del conflicto, centrándose en la capacidad de organización comunitaria y en la vía cooperativa como mecanismo para enfrentar la crisis habitacional y psicosocial. Desde esta experiencia, el análisis del profesor González destaca cómo la organización cooperativa ha demostrado una capacidad única para asumir el desafío de manera integral, generando respuestas colectivas a problemas complejos.

Un fenómeno con historia y contexto

La toma nace con un número más reducido de personas en 2019 y crece explosivamente durante la pandemia, fenómeno que agravó severamente la situación económica y habitacional. “Chile arrastra un déficit de décadas. A fines de los 80, entre un 40% y 45% de las personas vivía de allegada o tenía un allegado. Tras políticas de construcción masiva de viviendas sociales en los años 90, se pensó que el problema estaba resuelto, pero hace una década reaparece con fuerza, impulsado por el alza explosiva del precio del suelo y los arriendos”, explica el economista.

La pandemia fue el detonante final para muchas familias que llevaban más de una década postulando sin éxito a subsidios estatales y que ya no pudieron sostener el pago de arriendos, aumentando el allegamiento. “El 100% de las personas llegó a ese sitio pensando que lo iban a pagar. Incluso hubo tratativas iniciales de compra con representantes de los dueños”, precisa González.

La consolidación de un modelo: las cooperativas

San Antonio es una mega-toma de aproximadamente 4000 familias, donde la gran mayoría (cerca del 87% de nacionalidad chilena, y con primeros ocupantes de Valparaíso) se ha organizado en cooperativas. “La gente ya había invertido sus ahorros en construir lo que hoy tienen en ese terreno. En ese proceso de defensa de lo construido y de negociación con el Estado –específicamente con el MINVU– surge y se consolida la figura de las cooperativas de vivienda cerrada”, afirma el académico.

Hoy existen alrededor de 40 cooperativas, con sus respectivos dirigentes, que incluso han formado una federación. Su propósito es claro: no perder lo alcanzado y regularizar su situación. “Han dado pasos concretos: pagan luz y servicios urbanos mediante convenios. Sus dirigentes se han formado en la concepción de la vivienda como un derecho, y la vía cooperativa ha aparecido como una posibilidad colectiva y sólida para enfrentar sus problemas”, destaca González.

El complejo camino de la regularización

El proceso actual, tras la decisión del Estado de expropiar 100 de las 200 hectáreas ocupadas, presenta grandes tensiones psicosociales, pero también un alto nivel de organización. “La federación de cooperativas ha propuesto un diseño para una reordenación ordenada dentro de las hectáreas a expropiar. Es crucial entender que, aunque la expropiación la hace el Estado, serán las familias organizadas en cooperativas las que deberán pagar por sus terrenos”, aclara el economista.

El proceso será largo. La falta de acuerdo previo con los dueños, según el análisis de González, se debió a que “éstos cobraban el doble del valor comercial, un precio muy por encima de lo calculado por las consultorías, lo que obligó al Estado a recurrir a la expropiación”.