El CAE y rebaja tributaria: La paradoja de cobrar a los estudiantes y aliviar a las empresas

(*) Por Patricio Soto, columna publicada en Revista La Estaca. 

De aprobarse la reforma tributaria impulsada por Kast y Quiroz, cuyo eje central es la reducción de la tasa del impuesto corporativo desde 27% a 23%, los ingresos fiscales disminuirían entre US$1.800 y US$2.000 millones anuales. Esa es la única consecuencia que puede afirmarse con certeza. En cambio, los eventuales efectos positivos sobre la inversión continúan siendo una hipótesis teórica cuya evidencia empírica no existe e imposibilita sostener, seriamente, conclusiones categóricas.

Frente a esta reducción de ingresos, comienzan a surgir mecanismos destinados a compensar el deterioro de las finanzas públicas. Por una parte, aparecen presiones para ajustar el gasto fiscal, particularmente aquel asociado al financiamiento de derechos sociales. Por otra, se intensifican las estrategias de recaudación, entre ellas una política más agresiva de cobro de la deuda morosa del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República (TGR). La lógica que subyace a estas propuestas es conocida. Se sostiene que la eficiencia económica –entendida como la maximización del bienestar agregado mediante el funcionamiento de los mercados– se alcanza principalmente a través de la interacción entre agentes privados, mientras que la intervención estatal introduce distorsiones que afectan la asignación eficiente de los recursos.

Más allá de las diferencias doctrinarias respecto de esta visión, ella supone que el aumento de la desigualdad constituye un efecto aceptable –e incluso deseable– si contribuye a incrementar la acumulación de capital y, con ello, el crecimiento económico. Bajo esta perspectiva, la concentración de la riqueza no representa necesariamente un problema, pues se asume que sus beneficios terminan extendiéndose al conjunto de la sociedad mediante mayores oportunidades de consumo y bienestar material.

Sin embargo, esta concepción enfrenta dificultades no sólo filosóficas, sino también prácticas. Incluso los mercados más competitivos requieren instituciones, normas y valores colectivos que permitan su adecuado funcionamiento. La confianza, el cumplimiento de reglas y la cooperación social son bienes públicos que no surgen espontáneamente de la competencia individual. El debate tributario actual ofrece un ejemplo ilustrativo de estas tensiones.

Diversas estimaciones técnicas sugieren que la brecha de cumplimiento tributario en Chile podría alcanzar aproximadamente un 5% del PIB. Esto equivale a cerca de US$18.000 millones de base imponible que no estaría siendo adecuadamente gravada. De ese total, se estima que alrededor de un 30% –unos US$5.400 millones– correspondería a gastos declara-dos para reducir la carga tributaria, pero que no contribuyeron a generar la renta.

Entre estos casos se incluyen gastos personales cargados a la empresa, facturación entre partes relacionadas en condiciones artificiales, servicios sobre-dimensionados, gastos ficticios u otros mecanismos que disminuyen la base imponible sin contribuir efectivamente a la actividad productiva. En términos simples, hablamos de situaciones tan cotidianas como almuerzos personales facturados a nombre de la empresa, combustible para vehículos de uso privado,

remuneraciones de personal doméstico o vacaciones familiares imputadas como gastos corporativos. La magnitud de estos recursos no es marginal. Una recuperación significativa de esta brecha permitiría financiar políticas públicas de gran alcance, incluyendo una expansión sustantiva de los programas de apoyo a la educación superior.

No obstante, mientras se discute una reducción de la carga tributaria para las empresas, el esfuerzo fiscal parece con-centrarse en fortalecer la cobranza de la deuda estudiantil. Aquí surge una inconsistencia difícil de ignorar. Incluso bajo un escenario extremo en que se eliminara completamente la morosidad del CAE, la recaudación adicional obtenida difícil-mente superaría el 15% de los recursos que el Estado dejaría de percibir producto de la rebaja del impuesto corporativo.

En otras palabras, el potencial de recuperación asociado al cobro total de la deuda estudiantil resulta significativa-mente menor que la pérdida fiscal deriva-da de la reducción tributaria propuesta en la reforma Kast-Quiroz.

La discusión, por tanto, trasciende el ámbito técnico y se instala en el terreno de las prioridades políticas. La pregunta de fondo no es únicamente cómo recaudar más recursos, sino quiénes deben realizar el principal esfuerzo contributivo para financiar el desarrollo del país y la provisión de bienes públicos esenciales.

* Patricio Soto, vicerrector de Administración y Finanzas.