El debate sobre “lo público” en educación superior

Por Paulina Vidal
Escuela de Sociología UAHC
junio 2015

El debate de lo público que ha estado presente desde antiguo siempre expresa una cierta relación de fuerzas y una tensión, con su otro lado, que es lo privado.

Las bases ideológicas del sistema de educación chileno surgen en un contexto en que la esfera de lo público, la esfera de lo ciudadano -donde todos concurrimos como iguales- se pone bajo sospecha al identificar lo que nos iguala como comunidad, esto es, lo público, como la causa de todos los problemas. El debilitamiento de lo público, de lo común, ante la efervescencia supuestamente creativa del individualismo, se gestó en el plano ideológico en el contexto de la dictadura militar.

Las reformas neoliberales de los años 80, se basaron en la idea que la iniciativa privada y la competencia funcionaría siempre de modo más eficiente que la burocracia estatal. Donde no había mercado disponible, el Estado podría intervenir mediante subsidios a la demanda de modo de generar las condiciones para atraer a la iniciativa privada, lo que se denominó “principio de subsidiaridad”.

De esta manera se eliminó el concepto de lo público -que imperó durante el siglo XX- y se impuso la idea de limitar lo público a la manera de financiar o proveer bienes que el mercado no puede hacer o hace de manera insuficiente, a través de un Estado subsidiario. La primera consecuencia es que el acceso a los recursos públicos se constituye en algo que tanto empresas estatales como privadas tienen que competir por alcanzar y en que los educandos deben pagar pues se trata de una inversión personal que recuperaran con sus ingresos futuros.

La lógica neoliberal logra convertirse en ideología hegemónica, al imbricarse estrechamente en la vida cotidiana de la sociedad chilena. Ello no de forma total pues siguió existiendo en la conciencia de la sociedad la idea que la educación era también algo de interés público.

En el marco de un Estado subsidiario, la educación se entiende como un bien de responsabilidad individual, reduciendo “lo público” a reglas y subsidios. Se fue eliminando el Fondo de Asignación Fiscal Directa y las instituciones estatales, como la Universidad de Chile, tuvieron que comenzar a operar bajo un régimen de mercado, con el cobro de altos aranceles por matrícula y con la venta de servicios.

El movimiento estudiantil del año 2011, al levantar la consigna: “educación pública, gratuita y de calidad”, representa la impugnación al modelo educativo neoliberal implantado en dictadura y legitimado durante los gobiernos de la Concertación.

El programa de gobierno de la Nueva Mayoría recoge esa demanda y se plantea pasar del paradigma de la “educación como un bien de consumo”, señalado por Piñera, al paradigma de la “educación como derecho social efectivo” planteado por el movimiento estudiantil. Para implementar la Reforma en Educación, se propone una Reforma Tributaria y una nueva Constitución, que le permita al Estado tener un carácter más activo en la definición de las políticas económicas y educacionales.

Actualmente se puede observar cómo al plantear una reforma de carácter estructural, se abre un campo en disputa donde confluyen distintos intereses corporativos, que llevan incluso a Universidades reconocidas por pertenecer a empresas trasnacionales con fines de lucro, como la Universidad Andrés Bello del grupo Laureate, a presionar por obtener gratuidad para sus estudiantes.

Existen muchas preguntas que están presentes en el debate actual:

• ¿Qué significa promover que la educación superior sea un derecho social, y por lo tanto universal?
• ¿Significa gratuidad para todas las universidades, CFT e IP, sin importar sus características?
• ¿Qué significa “lo público” en educación? ¿Se reduce a la provisión estatal? ¿Qué características debe tener la provisión privada para crear bienes públicos que aporten al bien común?
• ¿Cómo transitar de un modelo donde la educación es esencialmente particular y competitiva –incluso la estatal- a uno donde sea esencialmente colaborativa y democrática, incluso la particular?

Al respecto: algunas ideas para el debate:
La Reforma Educacional debería promover un sistema de provisión estatal y privada, en el cual todas las instituciones pasen del régimen de mercado, en el cual se encuentran actualmente, al régimen de lo público, es decir, que estas asuman como misión el bien común y sean sometidas a una regulación democrática, que asegure que sus fines y medios sean compatibles con los de la sociedad en general.

El hecho de que hoy se debata sobre “lo público” abre la posibilidad de construir y discutir su significado. Con respecto a esto es positivo que se plantee la existencia de universidades públicas no estatales porque esto significaría:

• Enriquecimiento del término.
• Abrirse a ser reguladas por el Estado.
• Preocuparse por aportar al bien común, cambiando la lógica individualista en la formación de profesionales, en las investigaciones y en la vinculación con el medio, por una lógica de lo público, que tiene en cuenta las necesidades del país.
• No estar sujeta al control de ningún poder privado.
• Permitir la organización estudiantil y los procesos democratizadores en la elección de autoridades.

Al respecto, es interesante lo que plantea Andrés Bernasconi, uno de los expertos en Chile en el tema de educación superior:
“operativamente una universidad es pública cuando está dispuesta a aceptar una orientación de parte del gobierno y por lo tanto contribuye a la agenda del gobierno, a la agenda de políticas públicas (…) no puedo decir que soy una universidad pública si estoy rechazando la definición de lo público que está haciendo el gobierno como depositario de la ciudadanía” (entrevista realizada en la Universidad Católica, abril 2015).
Podríamos agregar una agenda que, por supuesto, debe tener un origen democrático y no estar al servicio, por ejemplo, de las elites del país.
Esta afirmación lleva a plantear ¿cuáles son las universidades que cumplen con una gestión de lo público? ¿Lo hace la Universidad Católica, por ejemplo?
¿Cómo establecer una gestión de lo público en universidades insertas en una lógica neoliberal, que favorece lo individual por sobre lo colectivo, lo privado por sobre lo público?

Se debería transformar a las universidades pero también al Estado, fomentando una lógica de gestión de bien público. Si el Estado debe cautelar bienes y servicios para la población y ser el garante de derechos sociales, no sólo se debe cambiar el carácter subsidiario del Estado, consagrado en la Constitución, sino también las lógicas neoliberales instaladas en el aparato del Estado y en las prácticas de sus agentes, así como ocurre también en las Universidades estatales o privadas.

Se deberían quebrar las lógicas de la competencia entre docentes e investigadores, promoviendo prácticas de colaboración interna. Se debería establecer un diálogo permanente entre las universidades de carácter público con un nuevo Estado, capaz de diseñar políticas de desarrollo – a mediano y largo plazo- y de implementar políticas educacionales e investigaciones pertinentes a esas políticas de desarrollo. La pregunta es ¿cómo, con qué fuerzas políticas se puede transformar una sociedad impregnada de la lógica neoliberal, como la chilena, para construir una donde el valor de “lo público” sea una realidad?