El régimen político y la descentralización: hacia una nueva moral y ética democrática/republicana

Por José Orellana

En momentos eleccionarios -que Chile involucra el continuum de las municipales con las regionales, congresales y presidenciales-, emergen diversas promesas que permiten el análisis sobre las utopías, las responsabilidades y las irresponsabilidades que contienen. En este marco, quienes detentan el poder formal (Gobierno y oposición con representación congresal mayoritariamente) tienden a ser más responsables versus aquellos que los desafían, los cuales tienen la obligación de extremar posiciones para persuadir al electorado.

Así, y compartiendo algunas observaciones críticas que se proyectan a las reformas que emprendió el Gobierno de la Nueva Mayoría, dispuestas o no en el Programa de la Presidenta Michelle Bachelet (como resultó ser la agenda de probidad y transparencia de la política, derivada de la Comisión Engel), se podría afirmar que el régimen político democrático chileno estaría tensionado de forma significativa.

Tras casi 30 años, se podría indicar que ha existido un tránsito bastante acotado desde el proceso de transición para llegar a uno más democrático. Ese tránsito, a nivel de hipótesis, podría explicar en parte los escándalos transversales del sistema político chileno (PENTA, CAVAL, SOQUIMICH y otros), y que han impactado en un ya desacreditado sistema político. Y, lo más preocupante, han mellado el régimen político democrático, como lo han consignado algunas encuestas.

Los escándalos indicados serían reacción a las leyes que se modificaron: electoral (de uno binominal a otro proporcional); partidos políticos; educacional (queda el CAE, entre otras materias); tributario; elección de Consejeros Regionales; financiamiento de la política; entre otros. A ello se agregaría la Agenda Gubernamental de Descentralización, proveniente en parte de la Comisión de Descentralización de 2014; y la inauguración del Proceso Constituyente, que independiente del mecanismo que se ocupe para modificar la Constitución vigente, es una de las tantas situaciones que explicaría la tensión.

En esta línea contextual, otra reforma profunda que incidiría en el régimen político democrático sería la que aborde la organización y gestión interna del Estado, la que debiese pasar de un Estado Centralizado a uno genuinamente más Descentralizado.

La implementación de esta reforma, es decir, la votación directa de Intendentes Regionales -Gobernadores regionales según el proyecto de ley- y sus derivadas en orden al traspaso de competencias administrativas, políticas y fiscales, debería tener un impacto significativo en la creación y gestión del poder político proyectable a las otras expresiones de poder, como el económico, social, cultural, entre otros, con base territorial, las que, según la teoría, permitirían mayores grados de democracia.

En esta línea, el régimen político democrático y republicano, junto a su sistema político, también debería problematizar adecuadamente en la Forma de Gobierno más acertada: el presidencialista o el parlamentario; o una mixtura, como se ha propuesto en algunas ocasiones. De esta manera, el presidencialismo unitario -de continuarse- deberá sintonizar con una nueva realidad tras el avance de la Descentralización.

Junto con los temores propios en justicia, debido a la concepción clásica de poder, que pueden visibilizar los actores del sistema político, a propósito de las contradicciones entre una autoridad nacional versus una regional de signo distinto. O bien, la disputa de poder entre los nuevos intendentes y los representantes del Congreso Nacional, más otras, no deja de ser importante y/o estratégico considerar los aspectos propios del territorio nacional-regional. Ante ello, valen las preguntas siguientes:

¿Qué ocurriría con los territorios regionales o interregionales que se encuentran ajenos a las dinámicas globales de la economía, donde a mayores grados de descentralización pudiesen profundizarse sus grados pobreza o atraso respecto de otros que se encuentran plenamente integrados a estas dinámicas? Y ¿qué ocurriría con el intendente de la Región Metropolitana votado popularmente versus el Presidente de la República, sea de la misma o distinta coalición gobernante?

A estas preguntas, razonables desde las clásicas concepciones centralistas de cómo concebir y gestionar el poder, se deben anteponer otras interrogantes. Geopolíticamente ¿hasta cuándo se puede sostener un régimen político intensamente centralizado que abre profundas brechas, cuando de la administración y gestión efectiva del territorio se refiere, esto sin considerar las zonas fronterizas? Por otra parte, ¿es razonable que un sistema político contenido en un régimen político democrático no lo profundice con mayores grados de descentralización, cuando la democracia en sí misma se encuentra tensionada producto de una deficitaria representación política territorial?

A escala país, la desafección por la política y los políticos, entre otras consideraciones, se explicaría porque los gobiernos subnacionales no contienen las atribuciones y funciones reales para acercar a los ciudadanos a ser partícipes del bienestar. Lo anterior deriva además en que no se encuentren incentivados a integrar el espacio público, dada la constatación de que su NO participación es intrascendente, toda vez que desde el centro político se resolverán los temas sustanciales y los no tanto. Dicen que ya ocurre en Putre, Valparaíso, Chillán, Punta Arenas, e incluso en la Isla de Pascua.

Avanzar en descentralización es contribuir a una Nueva Ética/MoralDemocrática y Republicana, que colocaría al sistema político en coherencia con acortar la brecha entre representados y representantes, como también, entre gobernados y gobernantes. También lo colocaría en coherencia con la primera etapa del Proceso Constituyente, donde ésta dimensión fue objeto de atención de quienes participaron del mismo.

José Orellana es Doctor (c) en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH y académico de la Escuela de Ciencia Política y RR. II. de la U. Academia.