#FinalCAE

(*) Por Pablo Venegas C.

La promesa del FIN AL CAE, gracias a la cual se aprobó en la Cámara la idea de legislar sobre el proyecto de Educación Superior, es un logro; un logro de los estudiantes, de sus familias y de instituciones que -como la nuestra- exigieron con fuerza que este escandaloso mecanismo de financiamiento de la educación superior, que sólo ha generado deudas para los estudiantes y ganancias para los bancos, termine.

Hace poco más de un año nadie se cuestionaba el mecanismo, pero los números expuestos resultaron ser tan sólidos e indiscutibles que hasta sus más acérrimos defensores no pueden al menos decir que es “perfectible”.

Aplaudimos el compromiso del Ejecutivo con el FIN AL CAE, pero junto con este importante paso vemos necesario que cualquier sistema que lo reemplace elimine también el endeudamiento de miles de profesionales jóvenes que ven mermados los años más importantes de su vida productiva pagando créditos, sean éstos administrados por la banca o por entidades estatales. Más aún, considerando que si se transfieren a gratuidad los recursos destinados a CAE y becas, que representan dos tercios de las denominadas “ayudas estudiantiles” del estado, se pueden triplicar de inmediato los recursos destinados a un nuevo sistema de financiamiento.

Fundamental es también que cualquier nuevo sistema contemple financiamiento basal y permanente para todas las instituciones de educación superior acreditadas y que demuestren su carácter público sin fines de lucro, como parte constitutiva de su quehacer. Un nuevo sistema de financiamiento de las universidades estatales y no-estatales con un régimen público, acreditadas por el Estado, debe permitirles “liberarse” de un régimen de mercado que las obliga a competir y termina, en cierto sentido, privatizándolas en tanto las lleva a alejarse de su autonomía y función pública. Financiamiento para la docencia vía gratuidad y aporte fiscal directo para la investigación nos parecen los mecanismos apropiados. El financiamiento del sistema, bajo un régimen de lo público, debe incorporar a todas las universidades acreditadas: estatales, no estatales del CRUCH y privadas que acepten operar bajo este régimen.

En este contexto, el Fin al Lucro efectivo y su penalización deberían ser parte también de la discusión que por estos días se re-iniciará en la Comisión de Educación.

(*) Pablo Venegas C., Rector de Universidad Academia de Humanismo Cristiano