Fuente–Alba y otros: necesidad de reforma y modernización de las FF. AA.

Por José Orellana (*)

Qué duda cabe, el enriquecimiento del ex comandante del Ejército de Chile llama la atención. También lo que ocurre con el cabo que se gastó unos cuantos millones en el casino Monticello llama la atención. Finalmente, termina llamando la atención cómo el poder político civil no haya hecho un más profundo análisis de cómo operan los mecanismos de financiamiento de las FF. AA. de Chile. Será la oportunidad de profundizar de forma ¿espuria? la problemática o, finalmente, se avanzará de verdad.

La forma espuria será “mucho Fuente-Alva”, “mucho cabo gastador”, “mucha comisión de la Cámara de Diputados” e inclusive, análisis a la Ley Reservada del Cobre (N°13.196). Esta última, sin analizarla muy intensamente; mientras los tres primeros, y en específico el primer caso, un poco más, como cabeza de turco del hecho.

“Avanzar de verdad” se debería denominar el proceder que debiese tener la clase política civil para superar con creces las expectativas de aquellos sectores democráticos que se encuentran observando críticamente esta opacidad política que tiene el Estado de Chile con sus Fuerzas Armadas en estas materias, proponiendo acciones concretas para evitar estos escándalos.

Que el financiamiento de Seguridad y Defensa Nacional esté en manos de la Ley Reservada del Cobre es un antecedente que se consagró en el segundo mandato de Ibáñez del Campo y que se perfeccionó durante la dictadura cívico–militar del General Augusto Pinochet. Desde ahí, una inmutabilidad del ejército chileno, por sobre todo, cuando de este mecanismo financiero a financiación se refiere.

Entre los temas que más se han escuchado por el momento se pueden identificar, entre otros: que el actual mecanismo atenta contra la democracia, siendo además parte de los enclaves autoritarios del proceso de transición inclusive; por otra parte, que impide una mejor distribución del ingreso logrado por la explotación y exportación de cobre, y que permite un enriquecimiento ilícito de algunos. Se podrían especular otras cosas, como es el enriquecimiento del ex Capitán General, con sus cuentas en el banco Riggs, entre otros.

Lo que es indesmentible es que llegó la hora de someter (en todo caso, hace tiempo que llegó esa hora), no sólo a juicio critico la ley reservada del cobre, sino que a replantearse en un marco de proyecto país, cómo los financiamientos de las FF. AA. se colocan en una proyección geopolítica acorde con valores democráticos en contexto de globalización.

La Política Pública de Modernización y Reforma del Estado también tiene que alcanzar a este sector del Estado de Chile. No sólo se debe sacar adelante institucionalidad ad hoc en Salud, Educación, Medio Ambiente u otro sector, también en éste. Quizás se deban ajustar los enfoques de Modernización y Reforma, pero ineludiblemente deben evitarse estas cuestiones, ya que si se suman los escándalos de compras de armamento durante todos estos años de transición, el saldo permite afirmar que el sector Defensa y Seguridad Nacional se encuentra constreñido de su esencia, cual es, defender a una comunidad nacional y a su vez, lograr seguridad efectiva de la misma.

(*) José Orellana Yáñez es Doctor (c) Instituto IDEA de la Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Licenciado en Geografía y Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Docente de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Academia de Humanismo Cristiano.