Iniciativa apoyada por la Academia_Argumentos jurídicos para la tramitación de una Ley de Indulto General a los/as Presos/as Políticos de la Revuelta Social

El proyecto de Ley de Indulto General para presos del estallido social sigue su tramitación en general hacia las Comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta, luego de que a comienzos de esta semana fuese aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado con 3 votos a favor y 2 en contra. Bajo razones humanitarias y considerando que este indulto debe concederse a las personas que fueron detenidas y formalizadas a partir de las movilizaciones del 18 de octubre de 2019, los/as parlamentarios/as que impulsan la iniciativa, argumentaron que la falta de un debido proceso y la arbitrariedad de detenciones que se han caracterizado por el uso excesivo y desproporcionado de la prisión preventiva contra estas personas.

Al respecto, distintas organizaciones sociales han apoyado esta causa de excarcelación. Entre ellas, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la que, a través de distintas instancias como declaraciones y conversatorios sobre derechos humanos en la materia, ha expresado la necesidad de liberar a los/as jóvenes y adultos/as encarcelados en todo el país por esta razón.  Al respecto, el rector Álvaro Ramis ha señalado que la UAHC mantendrá su compromiso institucional de apoyar y acompañar a las familias de estos detenidos.

“Ya sea a través del trámite de las instancias de esta Ley de Indulto General o buscando una alternativa que combine la dimensión legal, un nuevo instrumento jurídico que pueda ser tramitado a partir de una nueva iniciativa legal o, complementariamente, a través de la presión e incidencia pública para visibilizar esta situación”, ha indicado la autoridad académica. En ese aspecto, el abogado Claudio Nash, quien ha participado también de este proceso, agrega una perspectiva jurídica sobre el proyecto de ley que reconoce la figura del preso político y la vincula con una metodología punitiva y falta de garantías en cuanto a la prisión de estas personas.

Es necesario recordar -dice- que en un contexto de protesta generalizada, la  respuesta represiva del estado, ha generado un grave cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. “Esta represión se dirigió contra un grupo particular: jóvenes que se manifiestan políticamente contra el sistema y contra el gobierno”, agrega. Dado el origen político del conflicto, argumenta Nash, el indulto general es el mecanismo idóneo para resolver esta situación y restituir el estado de derecho que se ha roto por el actuar politizado del Estado en la persecución de quienes participaron en la revuelta de octubre de 2019.

“Los presos de la revuelta han sido encarcelados en el marco de un contexto por el uso sistemático de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso tortura. Son frecuentes las denuncias de quienes han sido perseguidos penalmente, de actos de golpizas, amedrentamiento y amenazas. Eso configura un contexto de violencia institucional con un serio impacto en la integridad física, psíquica y moral de estas personas“, advierte el abogado en el informe a la Comisión de DDHH, Nacionalidad y Ciudadanía que Nash entregó a la Cámara.

Frente a las críticas de algunos sectores que señalan que este proyecto dejaría impune los hechos de violencia, Claudio Nash explica que esta ley de indulto no genera impunidad porque las personas encarceladas ya “han sido perseguidas y duramente castigadas. Desde el momento de su detención, han sido privadas de libertad por períodos prolongados, han sido encarceladas en duras condiciones (en medio de la pandemia se han vista agravadas estas condiciones) y han sido acusadas públicamente de delincuentes, sin que hayan sido condenadas. En definitiva, el Estado ya los/as ha castigado y lo ha hecho duramente”, explica el Doctor en Derecho.