La Comisión de Moreno y el costo de la paz en Chile y en la Araucanía

Columna publicada en El Desconcierto

(*) Por Luis Campos

Recientemente el presidente Gabriel Boric se refirió al informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, copresidida por Francisco Huenchumilla y Alberto Moreno, lo que podría ser una gran noticia para el país. Más allá de las críticas levantadas por diversos sectores, los resultados expuestos, tanto el texto entregado como en las declaraciones de algunos de sus miembros han abierto sospechas de que el espíritu de la Comisión más que ser una propuesta para la paz y el entendimiento, centró su misión en que sus resultados sean una especie de punto final (algo en lo que insistió el Presidente) que resuelva para siempre el problema de la Araucanía y que sus resultados podrían ser ampliables al resto de los pueblos indígenas del país. Ambos aspectos (punto final y ampliación a otros pueblos indígenas y a mapuches que viven en otras regiones) me parece deben ser al menos cuestionados.

Respecto al primer punto la Comisión entrega un informe donde se establecen planes y condiciones no sólo para abordar las problemáticas actuales, sino que se fijan derroteros que podrían establecer una especie de límite temporal para las reivindicaciones de tierras por el pueblo mapuche, lo que también se podría traducir en un límite espacial de la misma demanda y un límite con relación a las tierras que podrían ser consideradas como tierras indígenas. Además, se insiste, como en el intento fallido de reformar la Ley Indígena encabezado por el mismo Moreno, en que las tierras indígenas deben ser puestas en el mercado (por medio del arriendo) lo que con el tiempo y al igual que lo que pretendía el decreto 2568 del año 1979 promulgado en plena dictadura, tenderá más bien a acabar con las tierras indígenas.

Varios elementos apuntan de manera preocupante en esta dirección. En primer lugar, la intención, presente más en las declaraciones que en el mismo informe, de que se deben igualar los derechos de los indígenas para poder disponer de las tierras que ya poseen y de las que les podrían ser otorgadas en el futuro, lo que apunta de manera preocupante a que se cumpla aquello que desde el Siglo XIX Chile ha intentado a hacer con la propiedad indígena, es decir, quitarle su estatuto particular, y colocarlas, por medio de la venta o del arriendo, a disposición del mercado. Todo esto esgrimiendo, insisto, por razones de justicia social y de igualdad entre los pueblos, la posibilidad de eliminar la diferencia cultural y los derechos establecidos no sólo en la vigente Ley 19253, sino también garantizados en el Convenio 169 de la OIT, el que a todas luces está siendo de manera peligrosa pasado a llevar por el espíritu y la misma letra de la Comisión.

Con relación a los otros pueblos indígenas, se sigue el mismo patrón, aunque esta vez presente más en las declaraciones de Moreno que en el mismo informe. En lo que respecta al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, algo que el mismo excanciller reconoce que viene desde tiempos del gobierno de Patricio Aylwin, aclara que debe ser atendido, aunque con sus debidas precauciones, las que Moreno puso de manifiesto en una entrevista en Radio Cooperativa dada pocos días después de la entrega del informe, en donde plantea abiertamente que reconocer a los pueblos indígenas tendría una ventaja adicional (el destaque es nuestro):

“Hacerlo tiene una ventaja adicional. La norma actual respecto de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están reconocidos, pero a través simplemente con una cosa de rango legal que es la ley indígena, la Ley 19253. Pero la Ley Indígena al estar ahí y ser diferente a lo que plantea la Comisión, lo que hace es que se pueden crear o reconocer nuevos pueblos y es lo que ha ido sucediendo. El número de pueblos originarios reconocidos ha ido creciendo y el Congreso, diputados y senadores, han ido digamos reconociendo nuevos pueblos, algunos que digamos eran pequeños o que se creían extintos. En fin, han sido reconocidos y lo que propone la comisión es que esto es una cosa que debiera quedar establecido, cuales son, no. Ya llevamos casi treinta años de la Ley Indígena y por lo tanto, ya pensar en que se creen nuevos pueblos, que se reconozcan otros, no sería conveniente y nosotros proponemos que esto se haga sobre los pueblos que hoy día, después de todo este proceso, de todas estas décadas, son los que se han reconocido y de ahí en adelante nos dediquemos a tener mejores relaciones y a respetar y a hacer respetar los derechos de aquellos pueblos” (Diario de Cooperativa, 7 de mayo de 2025).

Estas declaraciones, que sin duda van más allá de lo que de manera explícita plantea el informe de la Comisión (reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas) y que menosprecian a los pueblos indígenas recién reconocidos, apuntan nuevamente en la dirección de que el resultado no sólo debe poner punto final a las reivindicaciones en la Araucanía, insinuando el fin de la protección que pueden tener las tierras mapuche y sus futuras reivindicaciones, sino también implica el fin de las demandas para el resto de los pueblos indígenas del país, tanto para los que existen en la actualidad como para aquellos que eventualmente y por diversas razones puedan no haber sido reconocidos al día de hoy.

En definitiva, y en consecuencia con la tentativa de modificación de la Ley Indígena que llevó a cabo el excanciller y que pretendía quitarle la protección a las tierras indígenas (algo que sin duda está por lo menos en el espíritu de este nuevo informe) lo que se pretende, tanto en el texto escrito, pero sobre todo en la inspiración que tuvo la Comisión, es acabar no sólo con el problema indígena en el país, sino también con los mismos indígenas. De hecho, el que Moreno se refiera a la Ley 19253 como una “cosa de rango legal” y que insinúe que la misma Comisión estaría por encima de la Ley Indígena, reafirma el interés del exministro por acabar con el único instrumento que, a pesar de sus falencias, permite en la actualidad resguardar los derechos de los pueblos indígenas en Chile.

Más allá de que los comentarios del excanciller no formen parte en su gran mayoría del mismo texto del informe final, es en definitiva preocupante que un informe generado a partir de una problemática en particular, la violencia en el sur de Chile, pretenda ser extendido de manera casi mágica al resto de los pueblos indígenas del país y que se plantee, además, como una normativa de punto final a las demandas y reivindicaciones de los pueblos originarios.

Y en eso el exministro Moreno no peca de desconocimiento ni tampoco puede argumentar que dijo lo que dijo sin pensar, ya que como excanciller conoce a cabalidad el valor que tiene el Convenio 169 de la OIT, lo que implica el reconocimiento de los derechos indígenas a perpetuidad y el principio de la autoidentificación y la autodeterminación de los pueblos y que, en ningún caso, pueden estar sujetos a la opinión malintencionada de un funcionario que desde que se ha vinculado a los temas indígenas no ha dejado de desconocer sus derechos.

(*) Doctor en Antropología, licenciado en Educación, investigador CIIR y profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.