La geopolítica marítima de Chile, ¿vulnerada?

(*) Por José Orellana

Mientras Chile administra el Covid-19 y el Congreso vota la ley que impide las reelecciones con retroactividad permitiendo otra geografía electoral, muy tímidamente se supo de un aspecto poco debatido por la opinión pública, sin perjuicio de lo estratégico que resulta para el Estado chileno, cuando de su territorialidad nacional marítima se refiere.

Desde una perspectiva geopolítica convencional centrada en las corrientes del realismo político de las relaciones internacionales, el Estado chileno debe entenderse desde su oficialidad política nacional como tri-continental a propósito de su presencia soberana en: a.- el continente americano (Sudamérica), b.- en el de Oceanía gracias a Rapa Nui y c.- en el antártico, gracias a la pretensión de soberanía que formaliza a partir de su participación en el Tratado Antártico, el Instituto Antártico chileno y una Política Antártica, hechos institucionales que explican, entre otros, un presupuesto nacional y una presencia material en la península antártica desde varios años (bases científicas), que, además, se encuentra contenida en la división política administrativa austral de Chile con la región denominada, Magallanes y Antártica chilena. Como diría John Agnew, es una óptima imaginería geopolítica nacional, determinante en la política exterior en estas materias.

En la misma línea, existe un territorio aéreo y uno oceánico. Este último, tiene varias particularidades, entre ellas, su gradación soberana consagrada por la Convención del Mar (CONVEMAR), la cual, en cuanto institución que permite derecho internacional público, asentada en la Organización de Nacionales Unidas (ONU), determinó hace algunos años (desde 1982): a.- un mar territorial (12 millas); b.- una zona contigua (12 millas más, sumando 24) y c.- una zona económica exclusiva (ZEE, 176 millas), con la cual se completan las emblemáticas 200 millas del mar de los chilenos, que habitualmente se observan en los mapas escolares y que tan recurrentes se hicieron cuando Perú demandó a Chile para institucionalizar el límite marítimo entre ambos Estados.

Otra particularidad que se agregó a esta territorialidad marítima, es la referida a la Plataforma Continental Extendida, la cual permite a los Estados ribereños a océanos, declararla para que sea sometida a estudio internacional por medio de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas (CLPC, que no es ni tribunal internacional y ni organismo dependiente de la Asamblea de Naciones Unidas)[1]. Esta plataforma, es la extensión o continuidad de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, cuestión que obliga a los Estados que dicen creer tenerlas, presentar estudios técnicos/científicos fundados sobre la materia para que sean evaluados por la Comisión consignada, según lo define la misma CONVEMAR.

Argentina y Chile, han presentado sus estudios a dicha Comisión, y en el caso de Argentina, ya logró definición desde la misma el año 2016, situación que se contrapondría con los intereses nacionales, toda vez que Chile, declaró tener esta situación batimétrica en el extremo sur, proyectada desde la península antártica en condiciones similares, traslapándose sobre lo que ya oficializó esta Comisión Internacional para el caso de Argentina. Además, en el reclamo chileno, también se visibiliza cómo la ejecución del tratado de 1984 de Paz y Amistad entre ambos Estados, no logra ejecutarse en plenitud en un par de puntos de la línea imaginaria que se oficializó en el mismo instrumento jurídico internacional: “en los hechos la presentación argentina bloquea la proyección de las líneas de base rectas chilenas hacia el SE del Punto F del tratado de Paz y Amistad (TPA) de 1984 y, en definitiva, bloquea la continuidad geográfica del país hacia el Polo Sur, conforme ésta está definida en el derecho interno chileno”[2].

Cabe indicar, que otra singularidad, se encuentra en la voluntad expresada por las autoridades trasandinas de transformar los resultados de la Comisión en ley de la República Argentina, como broche de preocupación de los intereses de las argentinas, argentinos y del Estado, sobre estos territorios marítimos, que junto con encontrar observaciones desde Chile, también ocurriría con otros países, donde se proyectó y validó en primera instancia la propuesta Argentina, respecto de la plataforma continental extendida. El interés trasandino, es el mismo que tienen todos los estados que han acudido a esta instancia (sesenta hasta el año 2017), cual es, incrementar sus territorialidades en el afán de asegurar control oceánico que les permita posicionamiento e influencia sobre las rutas marítimas vigentes o futuras, explotación de recurso ictiológicos y minerales en el suelo y subsuelo marítimo, junto con la permanente preocupación por los equilibrios ambientales de estas zonas. En el fondo, se opera geopolíticamente sobre los espacios oceánicos, que, desde hace un tiempo a esta parte, se entienden en disputa.

Sin perjuicio que Chile realice lo que ya ha realizado, como es mandar notas de téngase presente a al gobierno argentino y a la ONU, muy probablemente, Argentina, realizará uso maximalista de su ventaja territorial reconocida por un órgano alojado en el sistema ONU, cuestión que, para Chile, será una incómoda situación que se sumará a otro aspecto aún pendiente de resolver en materia fronteriza con Argentina, como es la delimitación y demarcación final de la última sección de la poligonal en Campo de Hielo Sur[3]. En un escenario de intensa cooperación internacional e intercambios comerciales, como también conectividad que proyecta a Argentina hacia el Pacífico (pasos fronterizos), y qué decir del turismo e investigación conjunta, Chile enfrenta un interesante momento diplomático de presente y futuro con el vecino país, donde, se esperará, opere el interés nacional en clave de cooperación e integración binacional (conducta que ambos estados han cultivado intensamente, en los últimos años).

Pero, un desafío mayor del Estado chileno y de la opinión pública nacional, podría estar, además, en cómo valorar estos espacios de fronteras, los cuales ofrecen oportunidades de ejercicio soberano vital, cuando los recursos naturales, equilibrios ecológicos y áreas de influencia geopolítica y geoestratégica, como ayer, no sólo serán (son) objeto de interés nacional de otros estados periféricos como el chileno y los de Sudamérica o Latinoamérica en general (más otras periferias), sino que también, son de interés para países desarrollados.

En este sentido, no parece descabellado que la acción estatal de Chile, como la del resto de los Estados que despliegan sus intereses geopolíticos sobre estos espacios marítimos, se concretaran lo más articuladamente posible cuando de la gestión diplomática se refiere (sobre todo los periféricos), implicando para el caso chileno, el fortalecimiento de la política oceánica y antártica nacional, relevando junto con esta expresión antártica específica que se comenta, también los otros cuatro puntos geográfico-político donde Chile proyecta sus intereses sobre la plataforma continental extendida, esto es, frente a la península del Taitao, Isla Juan Fernández, Rapa Nui e islas Sala y Gómez. Finalmente, a propósito de este 08 de junio recién pasado, día de los océanos[4], el atender estas materias oceánicas y antárticas, es también honrar adecuadamente este día y cuidado del medio ambiente nacional.

(*) Geógrafo y Dr. en Estudios Americanos y Hernán García Moresco, Licenciado en Educación en Matemática. Docentes UAHC

[1] Ver más en https://revistamarina.cl/tema-de-portada/la-plataforma-continental-extendida-el-caso-de-chile-y-argentina-en-el-mar-austral-y-la-antartica/

[2] Ver más en https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/27/noticia-chile-reclama-pretension-argentina-sobre-plataforma-continental.html

[3] Ver más en https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/10/16/924088/El-tratado-de-hace-20-anos-que-dejo-pendiente-los-limites-entre-Chile-y-Argentina-en-Campo-de-Hielo-Sur.html

[4] Ver más en https://www.un.org/es/observances/oceans-day