La otra cara de la normalización migratoria

(*) Por Ximena Valdés Subercaseaux

La política migratoria en ciernes pensada “para ordenar la casa” según se ha dicho, está nutrida de una visión unilateral racista y racializada.  Se la construye desde un enfoque de quienes llegan a pedir trabajo (que en el discurso oficial –¡cuidado!- puede ser un narco, delincuente o terrorista) y no desde el de miles de hombres y mujeres que han llegado a Chile a trabajar en casas particulares, consultorios, hospitales, agroindustrias, constructoras y servicios varios. Normalmente con pésimas condiciones de trabajo sumadas a salarios más bajos que los que percibe la fuerza de trabajo chilena. Claro está, no son, en el discurso oficial, los migrantes actuales, aquellos industriosos teutones que llegaron a Chile en el siglo XIX ni los rescatados de Europa post II Guerra por los gobiernos de la época  de los juicios post-guerra.

Esta mirada unilateral sobre las migraciones y los migrantes, actores principales del problema en la política de normalización migratoria que propone el gobierno actual, oculta a otros actores e intereses: quienes se favorecen con las migraciones y quienes profitan del estatuto precario del trabajador migrante. Las denuncias de trata de personas y de sobreexplotación laboral en la prensa son numerosas llegando a conocerse aquella ejercida sobre trabajadores agrícolas paraguayos en un fundo de un ex candidato a la Presidencia de la República, la internación de trabajadores agrícolas nepalíes por una empresa especializada en internación de “nanas” asiáticas, reiteradas denuncias de maltrato a migrantes haitianos de parte de empresas frutícolas y así en adelante.

Entre los otros actores de la cuestión migratoria, aparte empresas de “internación” de fuerza de trabajo como el caso de trabajadores nepalíes se hace visible en estos días la ampliación del negocio migratorio. La empresa de aviación LOW (surgida de empresas nacionales de aviación)  logró crear un corredor migratorio entre Puerto Príncipe (Haití) y Santiago con lucrativos resultados.

De su parte, las trabajadoras de casa particular peruanas y del mundo andino vienen llegando hace ya varios años a suplir la disminución del empleo doméstico local que aboga por mejores salarios y condiciones laborales que hasta hace pocos años estaban reservadas a obreros y empleados pero no a ellas que vivían en una semi-servidumbre encubierta.  Hoy el servicio doméstico está regulado y protegido por ley lo que probablemente ha incidido en el reemplazo de fuerza de trabajo local por extranjera pues, como sabemos, a los y las extranjeras se las explota en un grado mayor que a las trabajadoras chilenas mejor premunidas de herramientas para hacer valer sus derechos. Muchas veces mejor calificadas que las trabajadoras de casa particular chilenas, las migrantes han prestado a los hogares de grupos medios y altos sus habilidades y disposiciones para una mejor enseñanza de la lengua a los niños y niñas de esos hogares  y una cultura culinaria entre las mejores del continente. Han permitido, por añadidura, que muchas mujeres trabajen mientras ellas cuidan a sus hijos.

Por otra parte, ¿qué sería de los consultorios y hospitales que los médicos chilenos no están dispuestos a cubrir pues prefieren trabajar en los servicios de salud privados dejando los empleos públicos a los médicos extranjeros para prestar atención a la mayoría de la población y prioritariamente a los sectores populares?. Dada la actualidad de las normas sobre migraciones, queremos referirnos a la cuestión migratoria desde los problemas de escasez de fuerza de trabajo que dicen tener los empresarios agrícolas y agroindustriales  y sobre la forma en que se ha ido incubando en el medio empresarial y las reparticiones públicas la necesidad de recurrir a fuerza de trabajo extranjera para cubrir las necesidades de asalariados temporales del sector exportador frutícola.

Estudios encargados por el Ministerio de Agricultura (FIA) al Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica otorgan fundamento a la necesidad de recurrir a fuerza de trabajo extranjera para “levantar las cosechas” y acondicionar la fruta para su exportación aunque la presión de los empresarios de ASOEX y la SNA, de aumentar la norma de 15% de extranjeros a 25% ya tiene sus años. A esto se agrega un Proyecto de Ley para crear el Estatuto del Temporero que no logra aprobarse por conservar para los trabajadores agrícolas temporales  el estatuto de “parias” sin derechos correspondientes al trabajador. Vale decir, por un lado ante la supuesta escasez de mano de obra se busca aumentar la migración y por otro lado, mantener a estos trabajadores de temporada bajo un estatuto precario.

Señas de precarización laboral

Casos denunciados por la prensa (presencia de temporeros paraguayos, nepalíes, haitianos en Chile), por estudios en el norte del país sobre migración laboral extranjera, femenina y masculina (Valdés et al, 2015), dan cuenta de la sobre-explotación de estos y estas trabajadores/as en las faenas de la fruta. Los indicios encontrados sobre temporeros extranjeros en Chile  coinciden con lo que se conoce en otros países con agriculturas globalizadas que se expandieron en contextos de  regímenes post-fordistas bajo escenarios neoliberales en que se habla incluso de “explotación severa y trata de personas”.

Las agriculturas globalizadas se traducen en precarización laboral y en el recurso a la fuerza de trabajo más desprotegida: mujeres,  indígenas, extranjeros (Pedreño 2014). Trátese de los olivos en Andalucía (cosechados por andaluces, luego por marroquíes, actualmente por rumanos), de la uva de mesa en Murcia (España) y mucho antes en California con mano de obra mexicana (programa “braceros” 1942), de las hortalizas en el sur de Italia o en Sinaloa, México (Lara y De Grammont, 2011); de las alcachofas en el valle de Ica, Perú (Ruiz, 2012), las agriculturas intensivas en mano de obra se caracterizan por su creciente feminización (Valdés, 2015; por la inclusión de indígenas que migran de comunidades empobrecidas a zonas de agricultura intensiva hasta el reclutamiento de poblaciones afro-descendientes (FAO, 2012, I y II), por altos grados de precarización, desregulación e informalidad laboral.

Estudios realizados en España y América Latina hablan de los déficits en “sostenibilidad social” a que están sometidos los temporeros/as de la fruticultura y horticultura, hombres y mujeres, pero sobre todo fuerza de trabajo migrante indígena y extranjera (Pedreño, 2011; 2014). Concordando con Harvey según quién hubo un proceso general de restauración de la fuerza de trabajo barata a nivel mundial desde los años ochenta en adelante (2007), Molinero y Avallone (2017: 27) sostienen que existen suficientes evidencias a nivel mundial sobre la centralidad de la fuerza de trabajo barata en el sector agrícola y que es éste el elemento clave para la obtención de altas tasas de ganancia en explotaciones y empresas agrícolas.

En paralelo a los procesos de precarización laboral en la producción de alimentos se han expropiado tierras a millones de campesinos desde los años ochenta, ha habido un fuerte proceso de crecimiento del proletariado femenino mientras estos procesos en conjunto indican una tendencia hacia la “californización” en la producción agrícola a nivel mundial (op. cit.,:38).  Las agriculturas intensivas en Europa y Latinoamérica, son enclaves agroexportadores enraizados en un proceso de construcción histórica de estos territorios, de actores implicados en las cadenas globales y de estrategias que despliegan las empresas para adaptarse a las normas de competencia que impone el mercado: el recurso a fuerza de trabajo barata en un contexto en que las regulaciones se desplazan desde el Estado al sector privado, vulnerabilizando a los/s trabajadores/as (Pedreño, 2014).

El empresariado exportador de fruta clama por aumento de trabajadores migrantes

La fruticultura chilena forma parte desde hace varias décadas de la agricultura globalizada en franca expansión por los cambios en los hábitos alimenticios de los países del norte, por la ventaja de producir a contra estación en el hemisferio sur y llegar en invierno con fruta fresca a los consumidores norteamericanos,  europeos, árabes y asiáticos entre los más importantes hoy los japoneses y chinos. Chile es uno de los primeros productores de fruta del hemisferio sur. Este tipo de agricultura tiene uno de sus soportes en tierras y climas adecuados pero por sobre todo las posibilidades de contar con mano de obra no calificada y barata que a su vez sostiene la rentabilidad y competitividad de las empresas –nacionales y trasnacionales- en los mercados mundiales.

El aumento en la superficie destinada a la fruticultura (28% entre Censo Agrícola 1997 y 2007) llevaría al aumento de los requerimientos de mano de obra como lo consignan estudios sobre la mano de obra temporal, las crecientes y permanentes quejas del empresariado frutícola frente a la escasez de mano de obra y las formas en que algunos empresarios buscan “fidelizar” a los trabajadores que necesitan asegurándolos para cada temporada por medio de alicientes económicos y simbólicos (bonos, fiestas de fin de cosecha, etc.). Según el estudio FIA/PUC, 2016, ha habido una sostenida disminución de asalariados permanente y aumento de los temporales; el año 2012 había 441.132 temporeros, los salarios son decrecientes de norte a sur, la mayor escolaridad y el cambio en las expectativas de los jóvenes, el envejecimiento de la mano de obra temporal y también las políticas sociales hacia los estratos más pobres, predicen la disminución de 31.000 empleos agrícolas temporales mientras que las tendencias en el aumento de las superficies en frutales exigirían un aumento de más de 140.000 temporeros (op.cit.,:31). Especies como la uva de mesa (540 jornadas), las cerezas (420) y los arándanos (612) figuran entre las más demandantes de mano de obra.

El modelo exportador en curso anclado en la consigna oficial “Chile, potencia alimentaria y forestal” (ODEPA), se proyecta hacia la expansión de uso del suelo en plantaciones frutales. Los productores, empresarios de distinto tamaño, articulados a cadenas productivas, sus asociaciones gremiales (ASOEX, SNA) reclaman por la escasez de mano de obra para cubrir estas labores.  Arguyen que los salarios crecen, que los costos de la mano de obra aumentan los costos de producción restando competitividad a la producción nacional frente a mercados cada vez más competitivos (FIA/PUC, op. cit.). En esta situación, las asociaciones gremiales de empresarios agrícolas y exportadores de fruta presionan por modificar las normativas de contratación de extranjeros a más del 15% permitido actualmente con el fin de asegurar la producción y abaratar los costos de la mano de obra además presionan por de establecer normativas especiales para los asalariados agrícolas temporales como el Estatuto del Temporero, estando avalados estos reclamos por los estudios encargados por el FIA (Ministerio de Agricultura) a la Universidad Católica.

Entre los hallazgos de este estudio figura una alta participación de mujeres (57,1%), casi la mitad de los temporeros declaró trabajar en la fruta por no tener otras oportunidades laborales, las mayores quejas de los temporeros conciernen el trato recibido de parte empleadores; un  tercio de los subcontratistas no estaba inscrito en el registro exigido por ley, una proporción significativa señaló que no pagaba las leyes sociales ni tampoco lo hacían las empresas. Junto a evidencias que muestran, como lo han hecho otros estudios que este no es un paraíso laboral sino el sector de la economía más precarizado (Valdés et al. 2015) el estudio muestra una percepción de escasez de mano de obra haciendo visible a la vez que las condiciones laborales, el trato a los trabajadores/as y la observación de la legislación vigente no son óptimas.

La escasez relativa de fuerza de trabajo se debería por un lado al incremento de las superficies plantadas en especies altamente intensivas en mano de obra (uva de mesa, cerezas, arándanos); en segundo lugar, a que la población local (chilenos/as) no trabajaría por los bajos salarios y deficientes condiciones de trabajo que ofrecen las empresas ya que con el aumento de la escolaridad, la población –rural y urbana/hombres y mujeres-, buscan mejores y más estables niveles de remuneración, mejor trato y mayor dignidad, empleos más calificados y de mayor prestigio social, lo que explicaría en parte las dificultades que encaran los empleadores para conseguir trabajadores/as de temporada.

En este contexto, el género, la etnia y la nacionalidad son dimensiones gravitantes para comprender la composición del mercado de trabajo agrícola temporal y las presiones empresariales por aumentar la cuota de migrantes para sostener la consigna “Chile, potencia agroalimentaria y forestal”.

Entonces a los migrantes se los necesita y acorde con ello se acoplan políticas públicas con estrategias empresariales para lograr bajos costos laborales. No es que los migrantes quiten los empleos a los chilenos. Es más bien que la fuerza de trabajo local no acepta las condiciones de trabajo y salarios que ofrece la fruticultura. En su reemplazo, los migrantes son bienvenidos para suplir los déficits en fuerza de trabajo temporal aceptando las precarias condiciones de trabajo y los bajos salarios que los empleadores ofrecen. Así como los hogares gozan de “nanas” del mundo andino y otras nacionalidades, el sistema público se beneficia con la llegada de médicos extranjeros, en sectores productivos como la fruticultura se urden estrategias entre diferentes agentes/actores para aumentar la dotación de migrantes extranjeros en un mercado de trabajo precario.

Ante la voluntad de “ordenar la casa”,  como reza el discurso oficial.  cabría preguntarse si la política de normalización migratoria en ciernes es sólo para los de afuera sabiendo que los deberes exigidos para con los migrantes no se condicen con la escasez de sus derechos en suelo chileno.

(*) Doctora en Estudios Americanos. Investigadora CEDEM (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer) y docente de la Escuela de Geografía, UAHC.