Leyes sobre violencia escolar

(*) Por Abraham Magendzo K

Carta al director publicada por El Mercurio 

El tema de la violencia ejercida por parte de estudiantes en el ámbito escolar y en marchas de protestas referida a los problemas educacionales que los afectan, es objeto de gran connotación pública. En efecto, se han producido hechos de violencia que afectan incluso a los docentes y que han desembocado en desmanes contra la propiedad pública y privada y contra la fuerza de seguridad y de esta hacia los manifestantes.

Se podría concluir que las leyes promulgadas, como la Ley Violencia Escolar del año 2011 (Núm.20356) y la Ley Aula Segura del año 2018 (Núm.221128) no han tenido el efecto esperado. La pregunta que surge es, cuáles son las razones de su inoperancia. En primer lugar, se puede sostener que son iniciativas un tanto superficiales, escasamente basadas en evidencia, no sostenibles y no sujetas a evaluación. En muchos casos son cosméticas y más bien parecieran motivadas por planteamientos coyunturales y hasta electorales y populistas.

En segundo lugar, para implementar estas leyes escasamente se toman en cuenta las múltiples identidades de los jóvenes, sus culturas, idiosincrasias y los escenarios en donde se discuten. En tercer lugar, no se toma en consideración que las causas que motivan la violencia son múltiples: la pobreza, la desigualdad de ingresos, la violencia en los medios de comunicación, las normas culturales, etc.

Además, hay datos que muestran el uso del castigo corporal de niños y jóvenes frecuentemente inculca la violencia como una manera aceptable de resolver los problemas al igual que los estereotipos de género. En síntesis, cabe señalar que es tiempo de sentarse a discutir seriamente y en una postura pedagógica, participativa y democrática, el tema de la violencia en todos los ámbitos educacionales.

(*) Profesor de Estado en Educación,  máster en Educación e Historia y doctor en Educación. Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2017.