Los gobiernos regionales, intrascendentes en la gestión del COVID-19

(*) Por José Orellana

Hasta estas semanas, los actores prioritarios para la gestión de la crisis han sido el gobierno, los alcaldes, el Colegio Médico y el pueblo que se encuentra en la  incredulidad/escepticismo/desconfianza y temor no sólo por contagio u otros efectos sanitarios, sino que también preocupado por perder su trabajo, sea desde los sectores populares como desde las clases medias. Tales emociones se logran no sólo por las medidas diversas que toma el gobierno nacional con todos los sectores de gestión, sino que por las noticias provenientes  desde Europa, China, EE UU y el resto de Latinoamérica, en específico por los casos brasileño y mexicano.

En este contexto, un actor ausente, que a todas luces se observa en esta coyuntura, es el Gobierno Regional de las 16 regiones del país. Han tenido una tenue presencia, la cual se ha circunscrito a readecuar los fondos y presupuestos que anualmente administran para el Desarrollo Regional, que como se sabe, se lograría por la coordinación con los sectores de gestión nacional y, prioritariamente, con los municipios, mediante diversos instrumentos de financiación (Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR – entre otros) y planificación (Estrategia de Desarrollo Regional, entre otras). Por lo tanto, presupuesto y financiación, se han gestionado funcional a esta coyuntura, pero ninguna definición política relevante. Una excepción, como siempre, es Santiago, ya que el Intendente Felipe Guevara, por la inercia de la Región Metropolitana, en cuanto región más poblada del país, se visibiliza, pero acotada-mente, ya que es el gobierno nacional, él que se despliega, por medio del Ministerio de Salud, con sus diversos actores: Ministro y ambos subsecretarios (redes asistenciales y de salud general) y algún Secretario Regional Ministerial (SEREMI) del ramo, en otras regiones.

Una pregunta razonable es ¿conviene que este actor del sistema político nacional/regional tenga más protagonismo, cuando ya existen varios comprometidos, los cuales, a propósito de sus interpretaciones de cómo organizar las soluciones, más sus intereses de todo tipo, en específico políticos y económicos, más podrían dificultar, que ayudar a una adecuada toma de decisión? Antes de pretender una respuesta, es necesario un poco de contexto político e institucional.

La escala regional, regularmente ha sido poco visibilizada en el sistema político chileno como instancia relevante del desarrollo económico. Siempre han sido la nacional y la local las que han gozado de mayor reconocimiento. En específico, la local, hace pocos años tomó importancia, pero la nacional, a partir del modelo estatal centralista, unitario y autoritario ha concentrado permanente importancia estratégica… ahí están los recursos económicos, legales y los políticos para ‘hacer’. Lo avanzado por la Corporación de Fomento (CORFO) con las macro-regiones, o bien, por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) con regiones más acotadas territorialmente, funcionales a polos de desarrollo, como también las definidas por la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA), siguiendo las definiciones de ODEPLAN, pero ahora bajo el influjo político e ideológico de la dictadura cívico – militar (subsidiaridad, desconcentración/descentralización y control territorial), han debido, en la democracia de los 90’ en adelante, concretar y problematizar su espacio en el sistema político chileno[1]. Cabe indicar que la regionalización… que deviene en descentralización, no son lo mismo, pero se encuentran íntimamente ligados. La primera crea el marco referencial territorial idóneo para la planificación del desarrollo desde una escala nacional en un primer momento, para, planificarlo posteriormente desde un Gobierno Regional en forma, como se pretende con los últimos avances legislativos y los que quedan por gestionar.

El principio ordenador de la escala regional, se encontraría en que desde la misma se puede planificar el desarrollo atendiendo a variables propias de un territorio, que en principio tendría: a) una identidad singular, identificable y asumida por la población, más; b) unos recursos naturales (cuencas hidrográficas), productivos-tecnológicos y humanos que también la harían particular de otras realidades territoriales y, finalmente, sobre todo, en momentos de globalización, aunque también antes, c) una oportunidad de conexión directa económica y comercialmente, no sólo con los mercados nacionales, sino que con los internacionales. Con este principio ordenador general, Chile debió y debe, profundizar su preocupación por esta escala dotándola de mayores coberturas política, económicas, administrativas y fiscales para que el mismo se cumpla y avance en desarrollo nacional-regional. Ello, se lograría, entre otras consideraciones, intensificando el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal en cada una de las situaciones antes dichas.

En ese marco, las acciones emprendidas por el estado chileno ya consignadas, más las logradas por medio de la promulgación de la ley de Gobiernos Regionales del año 1992 (ley 19.175)[2] y sus ajustes (lentos) para incrementar la descentralización indicada, tuvo como hito descentralizador político, la votación directa de los Consejeros Regionales (año 2013, ley 20.678)[3] incrementando algunas posibilidades administrativas y presupuestarias (menores), avanzando a las reformas descentralizadoras que planteó el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet en su segunda versión, traduciéndose a la postre, leyes que permitieron la votación directa del Gobernador Regional, reemplazando al actual Intendente Regional, nombrado directamente por el Presidente de la República (ley 21073)[4]. Hay que indicar, que en el ajuste del calendario electoral (por Coronavirus) se encuentra la primera votación para Gobernador Regional, que sin perjuicio de las críticas legitimas que tiene su resultado legal en su componente político (junto con el gobernador regional, se encuentra el Delegado Presidencial Regional, casi con las mismas atribuciones con las que cuenta el actual intendente), administrativo (una serie de NO traspasos de competencias centralistas al gobierno regional, y NO creación de instrumentos administrativos) y fiscal (sin rentas regionales para su financiamiento), es un paso adelante en el proceso de descentralización.

Por lo tanto, ya electos los Gobernadores Regionales, ante situaciones como las que ha ofrecido el COVID-19, será ineludible la necesaria intervención que tendrá la escala regional gracias al nuevo régimen político regional. Esa intervención, la cual gradualmente deberá estar precedida de un soporte de Planificación del Desarrollo Regional con mayores competencias y recursos de todo tipo, deberá ayudar a la creación de Política Pública Regional que enfrente de mejor manera coyunturas como la actual o, como las de catástrofes naturales tan conocidas y asumidas en la patria (terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios, entre otras).

Este avance descentralizador, que debiese profundizarse en tiempo y espacio, debería contribuir al logro de una mejor política pública regional-local para enfrentar coyunturas sanitarias como las que se viven, más otras, no estando supeditado a la intrascendencia actual, preparando, inclusive de mejor manera la definición de escala nacional cuando de medidas territoriales regionales-locales se refiere. A razón de gobiernos regionales en forma, ¿acaso el ‘ex – ante’ de una ‘catástrofe – emergencia’ y prospectiva no se trabajarían de mejor forma?, o ¿acaso la definición de política pública, o medidas de emergencias, no serían otras y mejores, a propósito de la implementación de cuarentenas regionales, metropolitanas o intercomunales, a propósito de bonos, leyes que ¿protegen el empleo? y otras anunciadas por el gobierno dado que estarían ajustadas a las dinámicas territoriales donde las ‘clases socioeconómicas vulnerables mayoritarias’ y ‘media significativa’ estarían a más resguardo económico, sanitario y sociopolítico?

Si bien el COVID-19 permitió constatar la intrascendencia de la escala regional, como también la lentitud en la profundización de la descentralización en esta escala, también conmina a no detener, muy por el contrario, sino profundizar y acelerar el proceso tras la elección del Gobernador Regional, con el mejoramiento de competencias y financiamientos de la escala consignada, permitiendo más democracia solidaria, fraterna, tolerante, en equidad territorial y respetuosa del medio ambiente. En definitiva, permitiría una mejor patria y república.

(*) Geógrafo, académico Escuela de Ciencia Política y RR. II. UAHC. Dr. en Estudios Americanos.

[1] Ver en http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/4444/TCIPO%2051.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Ver en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30542

[3] Ver en https://www.senado.cl/cores-ad-portas-de-su-primera-eleccion-por-voto-popular/senado/2013-11-12/114031.html

[4] Ver en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1115503