Sistemas económicos y alimentarios locales en comunidades y el Wallmapu en tiempos de pandemia

Sistemas económicos y alimentarios locales en comunidades y el Wallmapu en tiempos de pandemia

(*) Por Red Universitaria Economía Social y Solidaria (RUESS)

La actual situación de pandemia del COVID-19 encuentra a Chile con un Estado que ha adherido, desarrollado y profundizado, después de 45 años, políticas socioeconómicas neoliberales, lo que se ha traducido en un escenario de enorme desigualdad en los ingresos, de género, de empleabilidad, socioespacial, entre otras desigualdades que enfrentan las diversas comunidades que conforman este país; de tal manera que la experiencia de la pandemia no se vive en forma homogénea, sino intersectada con inequidades y precariedades preexistentes.

Parte de ello, es la masiva mercantilización de los bienes comunes -el agua, el acceso a la tierra, la circulación de biodiversidad través de las semillas, como también la salud y el conocimiento colectivo-, que limita nuestra capacidad de resiliencia en esta situación de crisis global. Es así como, pese a la relevancia histórica de la agricultura familiar campesina para alimentar los entornos urbanos, ella está crecientemente deprivada de “los elementos de la naturaleza” necesarios para su trabajo; afectando su capacidad de proveer a las ciudades e incluso amenazando su propia subsistencia.

Así mismo, hemos visto reducido el rol del Estado y la marginalización de las organizaciones sociales, en relación a las políticas asociadas a los bienes públicos (ej. privatización de las carreteras, oligopolios en la oferta de telecomunicaciones; privatización del agua potable, y la electricidad, lo que no ha significado tampoco una mayor competencia), versus una relación marginal con las organizaciones sociales, tales como las cooperativas de agua potable, o de provisión energética, y la participación sólo consultiva a las organizaciones en sus territorios para la administración de las redes de circulación, conexión y ordenamiento urbano/rural. Todo esto ha fragilizado y minimizado la capacidad del Estado para hacer políticas públicas que posibiliten la igualdad de condiciones de acceso para toda la población a las redes de: abastecimiento, comunicación, circulación y los servicios básicos.

Ello se pone de manifiesto en los límites del actual entramado constitucional, y las condiciones institucionales para abordar adecuadamente esta situación de pandemia. Este contexto nos plantea un conjunto de preguntas y desafíos de los cuáles no podemos sustraernos:

• Si bien las redes globales de abastecimiento alimentario están al parecer salvaguardadas, nos preocupan las redes locales, particularmente aquellas dinamizadas por la pequeña agricultura familiar campesina, pequeños/as comerciantes, y organizaciones de consumo consciente. Estas redes, que ofrecen alimentos de bajo costo, generan empleo e ingreso a pequeños/as productores/as y regeneran los ecosistemas locales, han sido largamente vulneradas y son ahora particularmente sensibles a las limitaciones de circulación que impone esta crisis.

• Nos preocupa también el acceso efectivo de las comunidades de menores recursos a las redes de distribución disponibles. Sabemos que la cuarentena ha implicado cesantía para muchos y muchas asalariadas y dificultades para trabajar para trabajadores y trabajadoras independientes, las micro y pequeñas empresas, y diversas formas de asociatividad productiva informal. Es el caso por ejemplo de las ferias de artesanías, creación y venta informal y/o precaria, que se han visto impedidos de trabajar en estas circunstancias. Todas ellas, carecen de seguridad social que pudieran aliviar efectivamente este momento. Ejemplo de ello es el repudiable trato que han recibido las hortaliceras mapuches de Temuco por la fuerza policial, cuya presencia es historia viva, patrimonio inmaterial y otorga riqueza al territorio.

• Existe también el riesgo de especulación de precios, producto de la posición dominante de grandes empresas en diversos mercados alimentarios que se ve exacerbado, por las dificultades de la pequeña de producción para acceder a la tierra, el agua y la semilla, como también de vincularse a los canales de comercialización convencionales.

• El contexto de la crisis COVID-19 ha implicado un mayor nivel de esfuerzo para las familias en asegurar la satisfacción de sus necesidades cotidianas de cuidado, en procesos que son fuertemente genderizados: son las mujeres quienes usualmente se llevan aquí una mayor carga de trabajo.

Afortunadamente el empoderamiento, la solidaridad y la cooperación popular parecen haberse expandido y consolidado, luego del proceso de movilización del pasado año, permitiendo construir espacios de red, a partir de los cuales buscar apoyos y alternativas. Es por ello que hemos visto un florecimiento de prácticas cooperativas para el abastecimiento popular tales como: comprando juntos, huertas urbanas, cuidado comunitario de adultos mayores y de personas enfermas, redes vecinales de cooperación, compra directa a productores, mesas de donaciones, hornos comunitarios, etc.; pero también de medidas de autoayuda y apoyo mutuo que creíamos ahora innecesarias, tales como ollas comunes, comedores populares y canastas de ayuda solidaria a las y los más vulnerables.

Por lo tanto, creemos que para afrontar mejor esta crisis y fortalecer las capacidades y resiliencia de las comunidades es necesario:

1) Aumento del gasto fiscal de administración estatal y municipal, para asegurar diversas formas de apoyo subsidiario a las familias. Actualmente el “Ingreso Familiar de Emergencia”, como se encuentra diseñado desde el Gobierno (en base al registro social de hogares), no permitirá llegar a quienes viven del trabajo informal, o con patentes precarias, pues o no estaban inscritas en este registro, o bien declararon ingresos familiares superiores al del tramo 0-40% (promedio 212.701), los que sin embargo el 100% de estos ingresos eran generados en los espacios de trabajo informal, callejero, los cuales, en algunos casos, han caído a $0 en los últimos meses. Por lo tanto, nos parece urgente que este beneficio sea universal para quienes lo requieran, y se entienda como medio de respaldo una declaración simple.

2) Reemplazar la distribución directa de alimentos vía canasta básica -que sabemos es logísticamente onerosa, constituye un negocio para el retail, genera clientelismo, y mella la dignidad de las familias con colas y esperas- por un bono que complemente el demasiado bajo Ingreso Familiar de Emergencia; o bien por un apoyo económico directo a las organizaciones de distribución de alimentos organizadas a escala local.

3) Usar los mecanismos disponibles por el estado de emergencia y de catástrofe para regular el sistema financiero -público y privado- y de pensiones, de manera de atender al llamado de las organizaciones internacionales a suspender los intereses asociados a las deudas no pagadas en período de pandemia, y otorguen condiciones de financiamiento favorable, para las pequeñas empresas y las personas. Evitando así la especulación y la volatilidad observada en las tasas de interés, en los préstamos de corto y largo plazo. Estimamos necesario retirar los fondos de pensiones de la especulación financiera y reorientarlos a dar pensiones dignas y financiar inversiones productivas en Chile; permitiendo también su retiro parcial en tiempos de crisis.

4) También nos parece que la protección del empleo, en el contexto de una crisis real, debe ser responsabilidad primero del Estado, y luego de las y los empresarios. En ningún caso deben ser las y los trabajadores quienes deban asumir este rol, por lo tanto, el transferir esta responsabilidad a estas/os vía utilización de sus seguros de cesantía, nos parece un abuso y una irresponsabilidad pública. En este sentido llamamos al congreso a legislar por la protección de las y los trabajadores/as y los sindicatos a articularse y no permitir estas prácticas.

5) Creemos necesaria la existencia de cuarentenas y medidas de confinamiento de la población. Pero también sabemos que estas medidas tienen un impacto importante en los trabajadores, comerciantes, redes de distribución y especialmente en la operatividad de las medidas de solidaridad y autogestión antes mencionadas. Por ello nos parecen necesarias, medidas de reconocimiento, flexibilidad y protección de la autonomía, que permitan el funcionamiento de las diversas formas de organización social y popular que las comunidades han desarrollado para asegurar su abastecimiento y reproducción ampliada de sus vidas. Creemos urgente extender salvoconductos a pequeños productores, pequeños comerciantes y dirigentes sociales para su libre circulación que les permita responder a la crisis.

6) También creemos que los gobiernos locales deben tener mayor autonomía respecto a evaluar las posibilidades de realizar cercos sanitarios, cuarentenas locales y diferentes medidas que permitan actuar ante la crisis. Así como también que tengan flexibilidad presupuestaria, y créditos asociados a los permisos de circulación impagos, a la fecha, para tener mayor de liquidez que les permita poder asistir y enfrentar las necesidades sociales en sus localidades.

Este es momento de solidaridad, cooperación, buen gobierno y no de gases ni balas para acallar el hambre y el miedo. Es importante cuidar, cuidarnos, mantener a nuestras familias protegidas de la pandemia del Covid 19, pero esto no significa desvincularnos. Ahora más que nunca debemos entre todas y todos construir, fortalecer y dar vida a la solidaridad, a las redes de circulación de información, las sabidurías ancestrales para el cuidado de la tierra, de las semillas, a las redes que podrán garantizar el alimento para los períodos que vienen. Así como también, articular y elegir los circuitos de distribución local, donde producen y trabajan quienes adhieren a los principios del trabajo justo, la colaboración con la naturaleza y el bien común. Esto encuentra hoy en el terreno de nuestra alimentación una oportunidad necesaria y fértil para su desarrollo, pero también debe ser propuesta para múltiples necesidades asociadas a nuestra calidad de vida personal y comunitaria.

Manejar y sobrevivir esta pandemia se construye entonces en la cuestión de cómo convivimos, entre personas, entre comunidades y con la naturaleza. Es por ello, que su abordaje no es solo una cuestión de intervenciones y políticas de corto y mediano plazo, sino que involucra repensar, y repensarnos, en nuestro convivir y en las bases de nuestra relación. Esto es un tema indisociable de la reescritura de nuestra Carta Constitucional, que ahora adquiere vigencia y urgencia.

(*) Red Universitaria Economía Social y Solidaria (RUESS) a la que adhieren docentes y autoridades de la UAHC como el rector Álvaro Ramis, Raul Gonzalez Meyer,  Nelson Arellano Escudero, Jorge Bozo Marambio,
Pablo Bruna, Andrés Osorio Parraguez y Bernardita Labarca Lira.