Sobre los “medios” y la sociedad civil

Dino Pancani, investigador de la Universidad Alberto Hurtado, publica una interesante columna de opinión sobre televisión/medios y escuela/ciudadanía que permite borronear algunos comentarios críticos que complementen su discusión[1].

La columna, en general, comenta los resultados de la VII Encuesta Nacional de Televisión[2], en la que al parecer no hay mayores sorpresas en las “opiniones” recogidas por el instrumento y menos en los guarismos que arroja. Descritos algunos datos, bastante evidentes a esta altura, Pancani, indica que la “industria” no tendría voluntad de modificar un negocio que genera pingues ganancias, que confiar en el Estado para modificar la situación es una “ingenuidad” y que entonces sería “la sociedad civil expresada como telespectadores” aquella que debería presionar los cambios por la vía de “innumerables espacios participativos”.

Expuesto el detalle quiero detenerme sobre algunos elementos que a todas luces no es posible soslayar a propósito de la columna. El primero de ellos es el mandante de la encuesta, el Consejo Nacional de Televisión, una más de las instituciones creados el año 1989, entre “gallos y medianoche”. Descrito como un “órgano constitucional autónomo”, no sometido a supervigilancia o tutela de ningún otro organismo público y que incluso cuenta con patrimonio propio. Entre sus miembros podemos destacar a su Presidente, Herman Chadwick Piñera, presidente de variados directorios (como Universidades privadas, SOFOFA, viñas, etc.) y miembro de importantes “clanes” políticos; al académico y ex Ministro de Estado Genaro Arriagada, democristiano (miembro del directorio de la misma Universidad que H. Chadwick); al ex Senador (PS) y consultor de diversos organismos internacionales, Jaime Gazmuri; Andrés Egaña, ex Diputado UDI; la abogado y ex periodista de cultura de El Mercurio, actualmente comentarista semanal de la radio del Arzobispado de Santiago, María Covarrubias Claro; el abogado y Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Roberto Guerrero Valenzuela; la periodista  y miembro del tribunal de ética del colegio de la orden María Hermosilla, entre otros[3]. En definitiva un consejo revestido de todo el sentido “pluralista” de nuestra posdictadura, que traducido al lenguaje político chileno quiere decir un directorio de “consenso”. Qué es esto, bueno, una institución que en esta industria apuesta por el cuidado de los precarios equilibrios políticos. No es un órgano autónomo, sólo mantiene los equilibrios políticos en un mercado estratégico para el sector público y privado.

En segundo término señalar quién realiza el “estudio” de opinión. IPSOS MEDIA, empresa dedicada especialmente a realizar “estudios de mercado”. En este sentido tanto mandante como aquel mandatado son partes interesadas en los resultados, ya que en el fondo el estudio no es más que una encuesta sobre el “mercado” de consumo televisivo, esto es un instrumento que orienta las decisiones racionales de las empresas del rubro. Un estudio a la medida de la industria, encarnado en aquellas “epistemes institucionales”, descritas por Hugo Zemelman[4].

Luego, detengamos la mirada en otro aspecto de la encuesta. Si se observa su diseño aparecen algunos interesantes datos, por ejemplo que de 5.047 instrumentos aplicados más de 3100 de ellos, en equilibrio con datos del CENSO 2002, lo hacen sobre sujetos entre los 25-64 años y de los sectores socioeconómicos C2, C3 y D. Hablamos de aquellos sectores que se encuentran laboralmente activos como trabajadores en los más diversos rubros, profesionales liberales, emergentes microempresarios o independientes, asalariados de diversos niveles, muchos de ellos asociados principalmente al sector de servicios. También jóvenes profesionales que ingresan al mercado laboral, así como también el creciente segmento de jubilados. Sujetos que han tenido acceso al sueño de la casa propia, en plazos de entre 20 y 30 años, al del auto (hasta 48 meses plazo) y que su único ahorro se encuentra en las cotizaciones previsionales acumuladas en las AFP´s. Son sujetos que cotizan en ISAPRES (pero al menor vaivén económico regresan a FONASA), que envían a sus hijos e hijas a colegios particulares subvencionados, que han logrado ingresar a la educación superior privada en primera generación y que en un porcentaje importante no terminan sus estudios sumando más deudas de largo plazo a sus carteras.[5] 

¿A quién interesa sostener este estado de cosas?, ¿cómo se avala y potencia esto?, ¿quiénes resultan beneficiados con esta fórmula? Si hemos de remitirnos a la industria de los medios de comunicación e información, podemos decir que a los “controladores” de los canales de la TV abierta, propietarios de estos medios: Grupo Luksic, controlador de Canal 13; Grupo Claro, controlador en Megavisión; Ángel Gonzáles del Grupo Albavisión, controlador de La Red o Leonidas Montes, presidente del Directorio de TVN, que a fin de cuentas opera de forma similar. Junto a ellos, los controladores del duopolio de la prensa escrita en nuestro país, que propician una mínima variabilidad en la información, Grupos El Mercurio o COPESA. También en los controladores de la oferta programática de la concentrada industria de la radiofonía, televisión pagada o la industria editorial, Grupo PRISA, por ejemplo.

Junto a ellos, además, encontramos a quienes aprueban año a año una baja inversión comparada del PIB en educación y cultura en general, a quienes toman medidas que aumentando el empleo logran, de paso, precarizar el valor del trabajo, quienes permiten que funcionarios intermedio y de rango local o empresarios de distintos rubros discriminen a trabajadores/as con medidas como no dejarles transitar o vestir libre y dignamente por cualquier calle, edificio o “club” exclusivo. Son los mismos que avalan y reprimen a pobladores, habitantes esforzados de lugares extremos, a los estudiantes, son quienes  niegan el diálogo o la demanda legítima e incluso quienes la criminalizan aplicando leyes de seguridad o aprobando leyes que apuntan a su persecución. Nos referimos a los miembros de los poderes Ejecutivo, muchas veces al Legislativo y otras tantas al Poder Judicial.[6]

¿Es posible escapar a esta “realidad”?. Antonio Gramsci señaló ajustadamente al Estado moderno como una maquina integral de poder, “Estado Integral” le llamó, en el cual se ajustan sociedad política y sociedad civil, por la vía de la administración, de la coerción y la hegemonía. Con este instrumento construye consenso la clase dominante, estableciendo relaciones de equilibrio con la sociedad civil, expresión radical del dominio de clase. Entonces, no es posible para la mayoría de nosotros que vivimos de un sueldo, y no tenemos este poder en nuestras manos, escapar a este estado de cosas. Pero, frente a un escenario de tensión, de ruptura del equilibrio, debiera emerger la sociedad civil, aquella que hasta hace muy poco la encontrábamos aprisionada, bajo los rótulos de “consumidores”, “telespectadores” o “ciudadanos”, por una democracia formal y excluyente.

Ahora bien, en Chile, para malestar de las élites, la sociedad civil ha comenzado un lento peregrinar hacia las “anchas alamedas”. En este sentido, es la “sociedad civil” la que durante el 2010-11 se movilizó contra la construcción de centrales eléctricas (de todo tipo) por el gran capital nacional o extranjero. Ha sido la sociedad civil la que se movilizó por la mejoría de condiciones de vida en sectores extremos del país, como Punta Arenas ayer o bien como lo hacen hoy en Aysén (y mañana lo harán en Arica o Calama). Son sus miembros los que manifestaron su descontento por las “malas prácticas” de “algunos” empresarios como en los casos de las farmacias coludidas, La Polar o la industria avícola. Han sido estos sujetos los que han reclamado por la criminalización del conflicto que el Estado mantiene con el pueblo Mapuche. Han sido aquellos que mantuvieron en vilo a la administración Piñera demandando educación estatal, gratuita y de calidad para todos. En definitiva el conjunto de hombres, mujeres y jóvenes que han ido incubando un profundo malestar social, contra el modelo económico, la clase política, el empresariado, su institucionalidad y su racionalidad. Claramente son estos sujetos los que están abandonando progresivamente su condición de consumidores, televidentes o incluso de ciudadanos formales y están asumiendo su condición de sujetos políticos, sociedad civil que manifiesta su descontento frente a la racionalidad instalada, que la critica y cuestiona, que se encuentra en busca de alternativas y buscará derroteros diversos para obtener aquello que la sociedad política les mezquina, oculta o niega. Se organiza poco a poco contra el consenso construido.

Su reaparición no ha sido fácil. Tan sólo bástenos recordar cómo, la sociedad política en su conjunto, la “industria” televisiva y los medios en general han tratado a los miembros de la sociedad civil cuando ésta emerge demandando, cuestionando o manifestándose: anarquistas, delincuentes, vándalos, violentistas. En la calle y en los medios quienes se movilizan y quienes les apoyaron han sido hostilizados y maltratados de diversas formas y por variadas vías, tergiversando o descontextualizando sus opiniones, sus propuestas y proyectos, basureando sus necesidades o simplemente ninguneándolas. Bástenos recordar las duras críticas que el panelista Villegas (de Tolerancia Cero, Chilevisión) recibió por su trato  a C. Vallejos y G. Jackson o el magro 36% de aprobación de la gestión política de S. Piñera.[7]

De cualquier forma consideramos que la sociedad civil ha entrado en cuenta que, tal como señalaba una conocida publicidad, “la imagen no es nada”.